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En las últimas horas las calles y los caminos de la provincia norteña de Jujuy en la República Argentina han sido regadas con la sangre de ciudadanos que se levantaron ante los cambios en la constitución provincial, que llevo adelante su gobernador Gerardo Morales.

La legislatura jujeña en casi total concordancia aprobó en una sesión exprés -a espaldas del pueblo- una serie de reformas que no estarían en concordancia con la constitución nacional y que entre muchas reformas las principales son: la habilitación para la privatización de tierras fiscales habitadas por pueblos originarios, y a su vez otorgar a los jueces la capacidad de fiscalizar y sancionar la protesta social, más fuertes recortes en el presupuesto de salud y educación, siendo de los sectores más golpeados el gremio docente el cual tiene sueldos mensuales paupérrimos de solo $36,000 pesos argentinos (72 dólares).

Luego de esta reforma se desarrollaron en forma casi automática protestas en toda la provincia en las localidades de Tilcara, Abra Pampa, Humahuaca, Purmamarca, Ledesma, Volcan, Palpala, San Pedro y la Quiaca.

En su mayoría los manifestantes pertenecen a una intergremial conformada por docentes, trabajadores estatales, mineros, azucareros y organizaciones de pueblos originarios; la nación Kolla convoco a un “Malón por la Paz” en defensa del agua y tierras comunitarias, encontrándose con el aparato represivo estatal en este caso conformado por la policía de Jujuy quien accionó de una forma totalmente bárbara implementando acciones que fueron repudiadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos .

El operativo de las fuerzas de seguridad repitió métodos propios de la dictadura militar Argentina, hablamos de destrozos a comercios privados, allanamientos sin órdenes judiciales y disparos a los ojos de los manifestantes, como también a periodistas que intentaban cubrir los hechos ocurridos.

La ONU exigió en las últimas horas la investigación inmediata a las violaciones a los derechos humanos ocurridas en Jujuy, pero el gobierno provincial redoblo la apuesta cerrando los aeropuertos provinciales y sumando más efectivos para esta enferma represión en la cual empresas privadas dieron trasporte a grupos de tareas que persiguieron a docentes en sus domicilios. Todo lo ocurrido no hace parte de un mundo distopico creado en la mente de Huxley o Bradbury sino una realidad sudamericana con el sello de Gerardo Morales.

Para la intervención policial se utilizaron vehículos privados de empresas ligadas a su gobierno para que efectivos de la policía realicen allanamientos y detenciones ilegales, siendo estas empresas: Paredes Minería e Industria y la empresa constructora Hormixa.

Fotos: Gentileza de Javier Corbalan