Ya solo saberlo o asumirlo a cientos de kilómetros, es más que suficiente para que uno quede literalmente en estado de shock: dos niñas de once anos muertas a balazos (golpeadas y torturadas) cuando funcionarios de seguridad -luciendo uniformes que los identificaban claramente como integrantes de una fuerza de elite del gobierno paraguayo, Fuerza de Tareas Conjuntas (FTC)- llevaron adelante un operativo en un campamento (en un zona de monte selvático de la región conocida como Yby Yaú, en el departamento de Concepción) que eventualmente era del Ejército del Pueblo Paraguayo, conocido como EPP y considerado como un grupo subversivo. Esto ocurrió el 2 de setiembre del pasado año 2020. Y esto mismo, amén de constituirse –por sí mismo- como un episodio definitivamente impactante y conmovedor (y repudiable), desató al día de hoy un grave conflicto diplomático entre Paraguay y Argentina, porque las dos niñas (las que en un primer momento, segun versión oficial paraguaya, fueron presentadas como jóvenes subversivas de 16 y 17 años) tenían nacionalidad argentina. Estamos hablando de las menores de edad Lilian Mariana Villalba y María Carmen Villalba cuyos cuerpos desnudos, a poco de los hechos, fueron arrojados a una fosa común dentro de una caja de cartón -seguramente como medida precautoria adoptada por sus asesinos, para eliminar todo rastro para determinar la verdad de los hechos- en el marco de una más que evidente labor de encubrimiento, como forma de dar impunidad a la acción militar, la que hoy ha sido calificada, como mínimo, como un flagrante atentado a los derechos humanos y todo un crimen de lesa humanidad, que ha despertado el repudio a todo nivel dentro y fuera de las fronteras paraguayas.
Los hechos, afortunadamente, no quedaron en el anonimato, porque la selva paraguaya decidió no guardar secretos, y porque hubo sobrevivientes de la asonada militar. Dos sobrevivientes que recientemente dieron su testimonio a la ONU. Un testimonio que estuvo dirigido a poner las cosas en su sitio. Tamara Anahí, de 14 años y Tania de 19 años, primas de las menores que perdieron la vida declararon que las dos niñas habían sido capturadas vivas y que luego las ejecutaron, lo que contradice claramente la versión oficial de que las menores habían caído en combate.
Las cartas están sobre la mesa: una fuerza represiva estatal embosca a integrantes del EPP y en esa operación (de la cual se jactó públicamente el mismísimo presidente Mario Abdo Benítez) dos niñas mueren en circunstancias en extremo confusas, o mejor dicho en “circunstancias en extremo dudosas”. Y tan dudosas que hasta se podría decir perfectamente en “circunstancias en extremo criminales”. Porque hasta el momento, en torno a las muertes de las dos niñas, todos los caminos nos llevan a definir, caratular y catalogar la pérdida de estas dos vidas como una ejecución, de neto corte criminal.
Son múltiples las voces que claman por justicia, frente a este alevoso crimen de Estado: organismos y dirigentes de derechos humanos, Madres de Plaza de Mayo, familiares de las niñas asesinadas, abogados suyos, y ahora los familiares de una prima de las dos fallecidas, Carmen Elizabeth Oviedo Villalba, de 14 años, que se encuentra desaparecida, luego de haber sido herida de bala en una pierna (y vista por última vez precisamente cuando procuraba junto a las dos sobrevivientes ponerse a salvo de los militares de la Fuerza de Tareas Conjuntas).
La muerte de las niñas, las circunstancias del operativo de los uniformados de la FTC y la desaparición de la adolescente de 14 años (entre otros hechos excesivamente vidriosos) han motivado una serie de investigaciones, que están curso, pero que hasta el momento no han dado resultados ni tampoco han permitido la ubicación con vida de Carmen Elizabeth Oviedo. En ese marco, el presidente paraguayo se permite guarecerse en el marco más descarado de la cultura de la impunidad, es decir de la práctica de la cultura de la impunidad, porque se llama al silencio. Una práctica que ya ahora mismo lo sitúa literalmente en una posición por demás oprobiosa para su gestión y demasiado cercana a la conducta criminal, sin perjuicio de que más tarde o más temprano (o quizás mañana mismo) las investigaciones ratifiquen la responsabilidad de la FTC en la muerte de las niñas, lo que le signficaría de hecho, a él mismo, un verdadero cimbronazo para su papel de jefe de Estado y para el sistema político que lo secunda.
La muerte de las niñas va mucho más allá de lo que significa el EPP, como eventual contingente subversivo, cuyo origen (hace no pocos años) fue y sigue siendo un verdadero galimatís para la sociedad paraguaya, y para nosotros mismos como periodistas. Pero esa ya es otra historia que oportunamente habremos de profundizar, y que no nos inhibe de repudiar y de denunciar lo acontecido con las niñas Villalba y la adolescente que sigue desaparecida.
Ya así como están las cosas, el olor a podrido que emerge de todo este caso y en particular de la participación del Estado en el fatal hecho, que por otra parte ha cobrado estado público y en dimensiones inimaginables (en la región y en el mundo) cabría como mínimo cuestionar al primer mandatario paraguayo y a los mandos de la FTC, sobre todos y cada uno de los pasos que se dieron en el operativo, en el campamento del EPP.
Ya así como están las cosas, y dentro del rigor que insume la tarea de evaluar informaciones y testimonios de sobrevivientes, sin dejar de lado las múltiples evidencias (de cubrir los hechos con el manto de la impunidad) circundando el caso de las dos menores, Mario Abdo Benítez, presidente de Paraguay, ya debería ir poniendo las “barbas en remojo”, porque los hechos (las verdades de la criminalidad organizada y uniformada que él encubre) le saltarán al rostro, en el momento menos pensado. Y si por esos extremos, esto no llega a acontecer, habremos de considerar, con cierto halo de paciencia, que aunque no se haga justicia, al menos la muerte de las dos niñas, y la ausencia de su prima de 14 años, permitió visibilizar con creces, que en tiendas del Estado paraguayo, ya resultó muy difícil mantener en secreto un hecho criminal, que por su naturaleza, ofiende a la inteligencia humana, a la justicia y a la vida,
La vida de dos niñas que prácticamente de un solo bocado fueron devoradas por un sistema criminal vestido de democracia. Lo que es decir por una criminalidad organizada y uniformada, para ser más claros.
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*Foto de portada: www.barricadatv.com / Mario Abdo Benítez e integrantes del comando del TFC