Jueves 25 Abril 2024

Según autoridades estadounidenses

En muchas cárceles de Uruguay las condiciones de vida son “pobres e inhumanas”.

El Departamento de Estado de los Estados Unidos de América hizo público su reporte anual sobre derechos humanos el pasado 20 de marzo, un documento que analiza la situación social y política de países miembros de la ONU o que reciben asistencia norteamericana, pero esencialmente pone la lupa sobre el respeto a las garantías básicas en concordancia con la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Uruguay forma parte de los países reseñados. Luego de una breve descripción de su modelo político en la que validan su democracia y calidad de república constitucional, además de elogiar su capacidad de garantizar que actores independientes monitoreen la situación actual y asegurar la libertad de expresión para los ciudadanos y la prensa, el documento señala lo que parece ser el epicentro de las deficiencias: el sistema penitenciario.

De esta manera, el reporte asegura que “se recibieron denuncias creíbles sobre condiciones potencialmente riesgosas para la salud” en algunas cárceles de nuestro país. Como razones principales que sostengan esta afirmación, en el documento aparece un listado que incluye el hacinamiento, condiciones sanitarias impropias, atención médica y educación ineficientes además de un alto nivel de violencia no solo entre reclusos sino también institucional.

En este sentido indican que, en diciembre de 2021, el número de presos era de un abrumador “120% sobre la capacidad total”, con reclusos que dormían en el suelo y carentes de cupo en actividades de índole social o académica.

Además, el ratio de homicidios era “15 veces más alto que el de la sociedad civil, mientras que el de suicidios seis veces mayor”, registrándose un récord de 86 muertes en prisión. Por otro lado, según un rapporteur especial designado por el parlamento, “un 34% de los reclusos sufrieron tratos crueles, inhumanos o degradantes” y un “56% fueron inapropiadamente preparados para la reinserción social” en el correr de ese mismo año.

En tanto a aquellos que pagan estas condiciones con la vida, el documento ofrece algunas cifras: en 2021 hubo un número récord de muertes de privados de libertad con un total de 86 fallecimientos entre barrotes. Solamente en diciembre se registraron 13 homicidios, 10 suicidios y dos muertes “por accidentes”.

En tanto cuestiones de género, se indica que en cárceles mixtas las mujeres eran asignadas a “las peores partes de la prisión”, con menor acceso a la comida, a los espacios privados y a las visitas personales.

El informe da cuenta de que algunas prisiones presentaban problemas de higiene, el acceso al agua potable y a los alimentos y pocas oportunidades laborales o de formación. Agregan que en muchas prisiones no existen servicios de rehabilitación para la salud mental o la adicción a las drogas, y que los prisioneros son confinados en celdas por largos períodos de tiempo sin oportunidad de “moverse, ejercitarse o usar las duchas”.

La situación descrita por el Departamento de Estado configura un escenario preocupante y aporta más información a un debate de larga data. Lamentablemente, las denuncias incluidas en este informe anual no son nuevas y se vienen repitiendo consecutivamente, año tras año.

Foto: Radio Carve