Después de 98 años, el Estado asume sus responsabilidades históricas

¿Llegara el día en que condenemos el terrorismo de Estado en un tiempo prudencial?

Por Alejandro Diaz-20 de mayo de 2022

Más de 98 años tardó el Estado argentino en reconocer su responsabilidad en los crímenes cometidos contra .1500 personas aproximadamente, miembros de las comunidades Qom y Moqoit.

“Existió responsabilidad del Estado nacional en los delitos de homicidio agravado y reducción a la servidumbre como crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco de un proceso de genocidio de los pueblos indígenas”, dictó el fallo firmado por el Juzgado Federal de Resistencia, en la provincia de Chaco, liderado por la jueza Zunilda Nirempreger.

La masacre de Napalpi, fue una consecuencia directa de una medida de fuerza tomada por los miembros de las comunidades originarias, que en aquel presente habían sido sometidos, desterrados, reducidos al trabajo esclavo en las zafras algodoneras, entre otras actividades de explotación. Ante estos reclamos -que malamente podrían ser considerados laborales, a falta de un término en aquel presente que acuñe correctamente la reivindicación de su preexistencia étnica, cultural, económica y social-, las fuerzas militarizadas del Estado -respondiendo como históricamente lo hacen, al servicio no del pueblo que acunan, sino de las castas empresariales y políticas que consolidaron la mentira de la historia argentina-, avanzaron contra las comunidades con total furia.

“Por impacto de la balacera cayeron muertos entre 400 y 300 integrantes de estas etnias, varones, mujeres, niños y ancianos. Los y las heridos y heridas fueron ultimados y ultimadas de las formas más crueles posibles, con entierros en fosas comunes”, dicta el fallo según publicó La Izquierda Diario. Los hechos necesitaron de “un grado de preparación que supuso una distribución de roles, traslado de tropas, gran cantidad de armamento y alimentación durante le acampe, además del auxilio de una avioneta previa del hecho”.

“Tales hechos ocurrieron en la Reducción de Napalpí con el objetivo de culminar el proceso de ocupación del territorio con la explotación de las comunidades indígenas en condiciones de vida deplorables, sin educación, ni paga, siendo obligados y obligadas a trabajar extensas jornadas para la reducción. Eran frecuentes los abusos en condiciones análogas a la esclavitud, lo que originó la protesta”, agregó el tribunal. Como explicó nuestra compañera Daiana Carracedo, las “reducciones” eran espacios dispuestos por el Estado Nacional para la reeducación de las comunidades indígenas en labores que sirvieran a los intereses de los colonos del naciente gobierno argentino.

La única persona sobreviviente de la masacre es Rosa Grillo, que actualmente tiene 114 años. Dentro de su testimonio figuran los hechos vinculados a la utilización de una aeronave dentro de las operativas represivas del Estado. “Fue la primera vez que en Argentina se utilizaba el artefacto avión con armamento de guerra sobre civiles indefensos, se abrió la puerta para Rincón Bomba, el bombardeo a la Plaza de Mayo y los vuelos de la muerte durante la dictadura”, declaró el investigador Alejandro Covello.

La reconstrucción de los hechos, incluyó la transmisión oral que los sobrevivientes fueron haciendo a lo largo de los años a sus descendientes, que hasta la fecha padecen las consecuencias directas de la ruptura cultural que la violencia estatal instigada por intereses privados impuso sobre los pueblos.

El tribunal ordenó una serie de medidas de carácter reparatorio que incluyen la realización de un acto público con presencia de las víctimas donde el Estado reconozca su responsabilidad, la retransmisión por televisión pública del juicio, la publicación de la sentencia, restituir los restos óseos hallados a las comunidades, así como también solicitar al Equipo Argentino de Antropología Forense continuar con las excavaciones. Además, el tribunal exige que los hechos históricos de la “Masacre de Napalpi”, formen parte del currículo de estudios a nivel primario, secundario, terciario y universitario.

Más allá de estos necesarios reconocimientos que tienen como principal precepto reducir las relaciones de castas y de racismo imperantes en el territorio nacional en la actualidad, la sentencia por sí misma no obliga la restitución de tierras a las comunidades aborígenes, que es en definitiva, la ofensa primaria que ocurrió entre privados y el origen de los reclamos que llevaron a la represión y al Terrorismo de Estado, que tomó parte a favor de los sectores concentrados de poder. En este sentido, el Estado vuelve a reivindicar el saqueo, la acumulación desmedida de capitales, la reducción a la esclavitud y otros delitos económicos y sociales, que sistemáticamente vuelven a repetirse en la historia de nuestro país. Quizás dentro de cien años, los descendientes de las comunidades hoy ofendidas sean resarcidas con una plaquita conmemorativa en algún paraje lejano a los centros de poder.

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 *Foto de portada: Telam 

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