Por Antimafia Dos Mil-5 de marzo de 2022
El Tribunal Oral Federal n°1 de La Plata, dio inicio a una nueva instancia de esclarecimiento por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la etapa militar de la dictadura cívico, empresarial y eclesiástica. En esta ocasión se traerá luz sobre los hechos ocurridos el 15 y 16 de marzo de 1977 donde durante dos allanamientos, en los que participaron fuerzas del Ejército y de la policía, fueron fusiladas un grupo de personas, y además, fueron apropiados tres infantes, hijos de las víctimas, que padecieron abusos durante su estadía ilegal en un centro de albergue propiedad de la Iglesia Católica.
El tribunal, compuesto por los jueces José Michilini, Andrés Basso y Nelson Jarazo, acusa por estos hechos al múltiple condenado a cadena perpetua, Miguel Etchecolatz, exjefe de policía de Buenos Aires; a los expolicías Roberto Guillermo Catinari, Héctor Raúl Francescangeli, José Augusto López y Rubén Carlos Chávez; también al excomisario a cargo del Centro Clandestino de Detención el ‘Pozo de Banfield’, Juan Miguel Wolk, y Jaime Lamont Smart, quien fuera ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires durante la dictadura, y que estuvo involucrado activamente en las tareas de encubrimiento del terrorismo de Estado.
Los dos operativos fueron realizados por miembros del Ejército y la policía. El primero tuvo lugar en el partido de Almirante Brown, el segundo en Lomas de Zamora. El día 15, las fuerzas arremetieron contra la familia de Julio Ramírez y Vicenta Orrego Meza, quienes eran perseguidos desde antes del inicio formal de la dictadura, incluso Julio estaba detenido a disposición del Ejecutivo desde diciembre de 1974.
Aquella madrugada, dentro del domicilio se encontraban Vicenta, junto a sus tres hijos (Carlos, de 5 años, María Ester de 4 y Mariano de 2), María Florencia Ruibal y José Luis Alvarenga. Luego de la terrible y cruenta balacera, Vicenta intentó sacar a sus hijos por una ventana trasera. Ella, inocentemente, agitaba una bandera blanca en alto, en claro gesto de sumisión. Del otro lado, un oficial le ayudó primero a sacar a Carlos, luego a María Ester y finalmente a ella, que llevaba en brazos a Mariano. Ya fuera de la propiedad, Vicenta caminó algunos pasos en dirección a la vereda, cuando el oficial sin mediar palabra, alerta, o algo, con su arma apuntó a la cabeza de Vicenta y a quemarropa, la fusiló. Ella cayó desplomada, aún con el niño en brazos. El oficial pateó a Vicenta en el suelo, para quitarle al niño.
Los tres infantes, serían entregados en ese momento a un vecino, quien, vaya a saber Dios por qué, fue a llevarlos a la comisaría de Adrogué, para luego ser puestos a disposición de la jueza Martha Delia Pons, quien era la jefa del Tribunal de Menores. Esta mujer dispuso que los niños fueran trasladados al ‘Hogar Casa de Belén’, que estaba administrado por la parroquia de la Sagrada Familia de Nazareth, en Banfield, donde sufrieron constantes malos tratos y humillaciones, particularmente por la condición política de sus padres, quienes eran objeto de demonización permanente. Este delito, se encuentra bajo investigación en el Tribunal de Menores de Lomas de Zamora, a espera del inicio del juicio oral y público.
En el segundo allanamiento, el del día 16, en uno de los tantos operativos con fuerza desmedida, más de 200 efectivos del Ejército y de la policía bonaerense, rodearon una vivienda en el barrio Lavallol, de Lomas de Zamora, allí estaban Pedro Juan Berger, Narcisa Adelaida Encinas y Andrés Stekeete. Ante la imposibilidad de escape, los tres se entregaron y salieron de la vivienda con los brazos en alto, esperando ser detenidos, pero los agentes contra toda ley, eligieron fusilarlos en el lugar. Berger, era el padre de María Antonia Berger, quien había sobrevivido a la Masacre de Trelew, en agosto de 1972, luego liberada en el 73, para finalmente volver a ser secuestrada y desaparecida en 1979.
Tanto Etchecolatz, Smart y Walk, están acusados de ser los coordinadores de ambos allanamientos, y por tal motivo, los responsables de los hechos allí ocurridos.
De confirmarse la condena, sería la octava que el exjefe de policía Miguel Etchecolatz, carga sobre sus espaldas. Durante las múltiples audiencias, en los numerosos juicios que ha afrontado, jamás tuvo una actitud de colaboración o muestras de arrepentimiento; todo lo contrario, blande en las audiencias, hoy por Zoom, un crucifijo que en nada lo representa.
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*Foto de portada: Página/12 / Telam