Martes 21 Mayo 2024
La joven víctima habría sido drogada por los acusados, que ahora se niegan a declarar

Un caso que generó amplia condena social, trabajo institucional y agenda política


Por Alejandro Diaz-5 de marzo de 2022

Durante el fin de semana pasado en Palermo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como lo informáramos oportunamente, seis hombres fueron detenidos luego de ser denunciados por violación a una mujer, la cual fue hallada por la policía dentro de un auto, en estado de semiinconsciencia -se estima a consecuencia de haber sido drogada, seguramente contra su voluntad- y además, con evidentes signos de haber sufrido agresión física.

La Fiscalía nacional de Instrucción en lo Criminal, a cargo de Eduardo Rosende, quien lleva adelante el caso, tipificó el crimen como “Abuso sexual agravado”, y procedió con la imputación de los seis hombres identificados como, Ángel Pascual Ramos, de 23 años; Tomás Domínguez, de 21; Lautaro Pasotti, de 24; Ignacio Retondo, de22; y de Alexis Cuzzoni y Franco Lykan, de 20 y 24 años respectivamente, tal lo divulgado por la prensa argentina. Los acusados se negaron a declarar ante el fiscal y el juez, lo que dificulta el esclarecimiento de las responsabilidad y roles que cada uno ocupó durante el hecho. Hasta el momento, los abogados defensores no han pedido la excarcelación, pero se estima que, en un lapso de diez días, el juez elevara el procesamiento de los, hasta ahora, acusados.

Por su parte la joven violentada, presentó su declaración ante el juez, dentro de los parámetros de contención de la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Victimas. También trascendió a los medios, que, durante la etapa de asistencia médica, la mujer fue suministrada voluntariamente de medicación para contrarrestar cualquier tipo de enfermedad sexual o un eventual embarazo.

“Salí de un bar, me fui a tomar al colectivo y lo próximo que recuerdo es despertarme en el Hospital”, declaró la mujer a un agente policial según el diario Página/12.

Aún se esperan los resultados de los exámenes toxicológicos de la víctima y de los imputados. Asimismo, en el caso de ella, las autoridades ya adelantaron que efectivamente el abuso habría ocurrido bajo efectos de algún narcótico. Recordamos que, durante el procedimiento, los agentes policiales hallaron marihuana y LSD. También es importante destacar que algunos de los detenidos, presentaban visibles heridas que, los especialistas afirman, serian coincidentes con las producidas por rasguños. Un gesto típico de intento de defensa, que suele estar presente en este tipo de casos.

En este medio, también publicamos recientemente, sobre dos casos de violación similares ocurridos en Montevideo, Uruguay -en uno de ellos los victimarios acusados fueron miembros de la Guardia Republicana- y sobre las repercusiones sociales, mediáticas y políticas que despertaron. Y, dentro de este contexto, sobre el aprovechamiento publicitario y político que de todo tema de conmoción publica, generalmente se desprende.

En Argentina las senadoras Anabel Fernández Sagasti y Guadalupe Tagliaferri, expresaron la urgente necesidad de llevar el debate público a las bancas del Senado, y trabajar en un comunicado expresando un fuerte repudio desde lo institucional.

Una de las primeras voces que se alzó desde el gobierno fue la de la abogada y militante, Elizabeth Gómez Alcorta, quien hoy dirige el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. La ministra expresó desde su cuenta de Twitter: “Es tu hermano, tu vecino, tu papá, tu amigo, tu compañero de trabajo. No es una bestia, no es un animal, no es una manada ni sus instintos son irrefrenables. Ninguno de los hechos que nos horrorizan, son aislados. Todos y cada uno responden a la misma matriz cultural”.

Gómez Alcorta, antes de ser nombrada ministra, realizó una amplia trayectoria en el campo académico y legal, y una importante tarea en materia de Derechos Humanos, participando además en causas de alto interés público, como el de Milagro Sala o el Lonko Facundo Jones Huala. Hoy desde lo institucional, comanda el Ministerio de la Mujer, que intenta atraer el debate público dentro de los márgenes del Estado.

Rápidamente, la exministra de seguridad –investigada por la desaparición y muerte de Santiago Maldonado-, Patricia Bullrich, hoy presidenta de Juntos Por el Cambio, respondió al twitt, diciendo: “Ella es tu hermana, tu vecina, tu madre, tu hija, tu amiga, tu compañera de trabajo. La drogaron y la violaron entre seis cobardes” y agregó: “Millones de jóvenes estudian, trabajan y generan relaciones de amor y respeto. Pero no: ¡el Gobierno justifica al que viola! ¡Renuncie, ministra!”.

Un comentario, complejo de interpretar, puesto que carece de cierta coherencia en sí mismo, pero que puesto en contexto y tradición, apunta, en primer lugar, a revalidar las políticas de mano dura, contempladas dentro de la mentalidad “Chocobar”; y en segundo lugar intenta crear un condicionamiento sobre el debido marco legal, que el “garantismo” defiende y celebra; llevando la discusión al peligroso plano del discurso anti Estado, puesto que estas discusiones tienen como trasfondo la precariedad del sistema punitivista, que aunque necesario en la sociedad contemporánea, está completamente y sistemáticamente en flagrancia.

“Patricia Bullrich está en campaña, ella tuitea mientras nosotros trabajamos”, contestó Gómez Alcorta, quien además agregó: “Lamento realmente que la presidenta del partido de la oposición especule políticamente con el dolor”. Por su parte el presidente Alberto Fernández, tomo un momento de su apretada agenda “entibiadora”, y salió a respaldar las actuaciones de su ministra.

Los acusados, deben atravesar el debido proceso penal con las garantías inherentes a los Derechos Humanos, pese a la indignación social que en un primer momento el hecho pueda generarnos. Luego de ser condenados por la justicia, en juicio justo, deberán cumplir sus condenas con todas las garantías en materia de Derechos Humanos que el Estado, principal y único tutor del Sistema Penitenciario, debe cumplir. Solo así se podrá, en parte, crear las condiciones necesarias de reeducación y reformación de los condenados según establece la ley, y los diferentes colectivos sociales. En paralelo, cada vez más, se deberá trabajar en proyectos y propuestas que ayuden a mermar el nivel de exposición al que son sometidas mujeres, niñas y niños a diario, tanto en el ámbito público, como en al ámbito intrafamiliar.

Mientras tanto, el debido proceso de cambio cultural seguirá en las calles.

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*Foto de portada: Canal C