DERECHOS HUMANOS

A 190 años del primer acto terrorista del Estado uruguayo, el Paso de Salsipuedes fue nombrado sitio de memoria. En abril de 2023 se colocará en el lugar una placa con la resolución. La Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria (CNHSM), que responde al Instituto Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) fue la entidad que otorgó la designación. De sus integrantes, el propio INDDHH, la Red Nacional de Sitios de Memoria, la Universidad de la República, y organizaciones sociales de Montevideo y del interior del país -entre los que se cuentan Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, y Crysol-, votaron a favor; los que se opusieron, fueron los representantes del Ministerio de Educación y Cultura -cartera dirigida por el nacionalista Pablo Da Silveira-, y la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

Se trata de un hecho histórico, donde por primera vez en casi dos siglos, se reconoce públicamente que “existe suficiente evidencia histórica que avala los hechos denunciados en relación a que lo ocurrido en Salsipuedes constituyó una violación a los derechos humanos, incluso de acuerdo a los criterios de la época”, tal lo expresó la resolución aprobada por la Comisión.

“En 1830 la República Oriental contaba con un marco legal que aseguraba derechos mínimos para aquellos que habitaban su territorio y estos no fueron respetados”, continúa la resolución. “La CNHSM entiende que la presente solicitud se encuentra dentro de la previsión legal en tanto que la masacre de Salsipuedes, provocada por agentes del Estado constituyó una gravísima violación a los derechos humanos”.

A pesar de estas razones, y de que en 2014 el Estado, en la Conferencia Mundial de los Pueblos Indígenas, reconoció “su responsabilidad y pidió perdón por el exterminio de los charrúas”, los representantes del Ministerio de Educación y Cultura, y de la Administración Nacional de Educación Pública, se opusieron a la resolución, argumentando que la ‘Matanza de Salsipuedes’ no ocurrió en el pasado reciente, según lo establecido en la ley, y además “la CNHSM no tiene competencias para entender en asuntos acaecidos en 1831”.

La petición fue realizada por el Consejo de la Nación Charrúa (CONACHA), la Asociación de Descendientes de la Nación Charrúa (ADENCH), el Clan Chonik y el grupo Hum Pampa, todas organizaciones charrúas.

Qué dice la ley

La ley 19.641, en su artículo 4, establece las condiciones para declarar un espacio físico como sitio de memoria, incluyendo “sitios a los cuales las víctimas, familiares o las comunidades los asocian con esos acontecimientos y que han sido creados para construir y transmitir memorias, tales como memoriales, museos y otros espacios y que son utilizados como espacios abiertos al público para la recuperación, construcción y transmisión de memorias, así como forma de homenaje y de reparación a las víctimas y a las comunidades”.

El artículo 3 de la ley citada, destaca qué significa que un lugar sea nombrado sitio de memoria: “La declaración y creación de Sitio de Memoria Histórica consagra el recordatorio y reconocimiento de aquellos lugares donde las personas víctimas de terrorismo o accionar ilegítimo del Estado sufrieron violaciones a sus derechos humanos por motivos políticos, ideológicos o gremiales y que son utilizados como espacios abiertos al público para la recuperación, construcción y transmisión de memorias, así como forma de homenaje y de reparación a las víctimas y a las comunidades”.

La matanza

El 11 de abril de 1831, tropas del Ejército Nacional, comandadas por Bernabé Rivera -sobrino del entonces presidente uruguayo Fructuoso Rivera-, pactó un encuentro con las comunidades charrúas, con quienes tenían un trato de aliados. Allí se les pidió que acudieran desarmados y se les ofreció vino para celebrar un encuentro “amistoso”. Don Frutos -como lo conocían los charrúas- pidió un tabaco al cacique Venado que, desprevenido, atinó a dárselo. En ese momento, el primer presidente de Uruguay, sacó su arma y le disparó a quien confió en él hasta el último instante de su vida, dando así la señal a Bernabé de comenzar la matanza.

Lo que sucedió fue un genocidio, aunque aún no ha sido reconocido oficialmente por el Estado uruguayo. En la horqueta formada por los brazos del arroyo Salsipuedes, uno de los puntos donde se encuentran los departamentos de Tacuarembó y Paysandú -un lugar donde no tenían cómo escapar-, fueron asesinados, y las mujeres, ancianos y niños repartidos como trofeo de guerra para violarles, esclavizarles, y separarles, con el fin de borrar su existencia.

Hasta ahora, existen figuras negacionistas como Julio María Sanguinetti (expresidente uruguayo, integrante del Partido Colorado que fundó el propio Rivera), o Guido Manini Ríos (exjefe de las Fuerzas Armadas, perteneciente a una dinastía de militares), y -por si fuera poco- falta un reconocimiento de parte del Estado uruguayo, de aceptar finalmente los hechos tal cual sucedieron. Existen cartas de Rivera, recuperadas en los últimos años, que demuestran la intención y el plan, del primer mandatario de este país, para eliminar a la etnia charrúa de estas tierras de las que -indiscutiblemente- son la población originaria.

Sin pudor, el genocidio se oculta y se echa a un lado, para evitar quizás la entrega de tierras a quienes se consideran aún charrúas, y que descienden de los sobrevivientes de la matanza. O para mantener la maldita costumbre cultural conservadora, de volcar el odio y la ignorancia sobre los descendientes de ese intento de destrucción cultural, de esa matanza a traición. El primer acto terrorista de un Estado que, hasta hoy, mantiene en alto la bandera de la impunidad. Como redactores de Antimafia Dos Mil nos abrazamos a este reconocimiento, por más que a los sectores más negacionistas (y más conservadores) del Uruguay no les guste.

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*Foto de portada: El Telégrafo