El Consejo de la Magistratura hace dos años que no paga los honorarios de los investigadores y peritos arqueológicos que trabajan en el Pozo de Vargas, la fosa común más grande del país, ubicada a las afueras de San Miguel de Tucumán, donde ya fueron descubiertos e identificados los restos de 116 detenidos desaparecidos durante la dictadura.

La provincia de Tucumán, en la República Argentina, ocupó y ocupa un lugar fundamental en la historia de la etapa militar de la dictadura cívica, empresarial y eclesiástica del país. Fue en aquella provincia donde, en febrero de 1975, se instaló el primer Centro Clandestino de Detención (CCD) del circuito de secuestro, tortura, asesinato y desaparición de personas. Aquel primer ensayo “oficial” más tarde se extendería como una plaga por todo el país.

El Pozo de Vargas es uno de los lugares más icónicos de esta época violenta. El lugar se encuentra emplazado en los límites urbanos de San Miguel de Tucumán. Recorriendo la avenida Francisco Aguirre, viajando hacia el oeste como quien va hacia Tafí Viejo, hasta llegar al final de la calle, donde se cruza el Camino del Perú, uno puede llegar a este lugar donde la maquinaria de exterminio de la dictadura intentó ocultar los cuerpos, las evidencias y la memoria de su frenesí de violencia. Pese al avance de la urbanización, el apartado lugar aún conserva aquella desolación del reguero de pólvora.

Juan Carlos Díaz fue miembro de la guerrilla peronista Uturuncos, aquella que se formó a fines de los 50, ya instaurado el gobierno de facto, primero del general Leonardi y luego del general Aramburu. Hacia el año 2000, Díaz, se dispuso a revelar lo que a medias voces se hablaba en la ciudad. Las historias de horror que traen aquellos mórbidos vapores que se abren paso rasguñando piedras, alertando a los “vivos” que no se puede olvidar la sangre derramada.

Díaz fue tirando del hilo de los rumores hasta dar con ‘Tuty’ Mansilla, un expolicía que se insertó como chofer durante el gobierno provincial de Antonio Bussi a fines de los 90. Mansilla pretendía extorsionar a Díaz y a los organismos de derechos humanos, pidiéndole dos millones de dólares a cambio de la información para dar con el paradero de las fosas comunes. Una noche, Díaz, logró que Mansilla, en estado de ebriedad, le confesara el lugar. Así fue como más de 20 años después, los rumores, llegaron al Pozo de Vargas.

El ‘Pozo de Vargas’ históricamente era un pozo de agua, diseñado y construido para abastecer a las maquinarias de vapor que funcionaban sobre el trayecto ferroviario del lugar, destinado principalmente a trasportar la producción azucarera propia del norte tucumano. Este pozo de agua fue utilizado por el aparato represivo como fosa común. Los cuerpos de decenas de hombres y mujeres, estudiantes, obreros, gremialistas y activistas sociales luego de los secuestros, las torturas y las mutilaciones, eran llevados allí y arrojados a las profundidades de un vacío sin fin. Sus historias esperaron latiendo hasta que fueron halladas.

Las excavaciones comenzaron en el año 2002, y durante el gobierno de Néstor Kirchner tomaron impulso. Un grupo de profesionales antropólogos y miembros del Equipo de Antropología Forense se cargaron el proyecto al hombro, y durante los últimos 20 años lograron identificar los restos fósiles de 116 personas, víctimas del terrorismo de Estado. Entre los identificados había personas de Tucumán mayoritariamente, pero también de Mendoza, Córdoba, Santiago del Estero, Neuquén, España, Perú y Bolivia, siendo este dato, evidencia innegable del traslado de los detenidos de un centro clandestino a otro, incluso a nivel internacional. Entre los restos hallados hay 30 personas que aún no han podido ser identificadas.

El equipo de trabajo sufrió el desfinanciamiento del proyecto propio de los vaivenes políticos de un país que vive borrando con el codo lo que escribe con la mano, no tanto por torpeza sino porque lo que se anota de repente se topa con los intereses de aquellos que han blanqueado sus historias y sus fortunas. El periodista David Correa, levantó hace algunas semanas el reclamo de los trabajadores, quienes acusan la intermitencia primero, y la supresión después, de los pagos de sus haberes.

“Nos llegaron a deber hasta diez meses, pero nunca como hasta ahora. Eso provoca que las tareas se hagan muy lentas, pero, además, desalientan. Con los años, algunos compañeros han dejado esta actividad por trabajos más seguros, como la docencia o ingresar al Conicet”, contó el arqueólogo de campo Ruy Díaz al periódico eldiarioAR.

El financiamiento del proyecto recorrió históricamente todos los recovecos de la burocracia política. Viajaban desde el Poder Judicial provincial, desde donde debían ser desembolsados, pasaban por el Consejo de la Magistratura, quien concentraba la gestión y la fiscalización de las partidas presupuestarias, para recién ahí volver a la provincia, a una nueva burocracia que finalmente, con varios meses de atraso, llegaba a los bolsillos de los trabajadores. Con la pandemia la situación se hizo insostenible y llevó a que muchos investigadores y especialistas, formados y capacitados durante años en esta importante tarea, no solo se distanciaran del proyecto, sino que en algunos casos tuvieran que ocuparse en tareas completamente fuera de su área de experticia. Este sistema de desregulación del empleo casi extorsivo, es una extensión del apremio al que son sometidos los trabajadores de la dictadura. Estas formas de condicionamiento forman parte del sistema de impunidad que condena a las víctimas al silencio y a la sociedad a la ignorancia.

Las obras se encuentran frenadas a los 33 metros, pero todavía queda tierra por remover e historias por contar. Los trabajadores que aún resisten, aglutinados en el Colectivo de Arqueología Memoria e Identidad de Tucumán, reclaman no solo la efectivización de los pagos adeudados, sino la reinversión necesaria en material y herramientas de trabajo como bombas de agua y elevadores, que han sufrido el desgaste del uso.

Mientras el gobierno argentino, este y también el anterior, recorren el mundo gestionando deuda que genera pobreza ante las potencias militares del planeta, para sostener proyectos de inversión de alto impacto ambiental como las centrales termonucleares o los pozos petroleros mar adentro, los pozos de la memoria, que contienen las evidencias que llevarían a las responsabilidades de ricos empresarios y políticos, continúan rasguñando las piedras y el fondo de los bolsillos para abrirse paso entre una casta política, militar y eclesiástica hipócrita.

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*Foto de portada: Boon de Noticias