Informe especial sobre las acciones armadas del 14 de abril de 1972, desatadas por el terrorismo de Estado, en Montevideo
 
Cuando hace 49 años la represión segó vidas y los responsables siguen impunes hasta hoy
 
Por Victoria Camboni y Alejandro Díaz-19 de abril de 2021

Los soldados revuelven todo, dan vuelta los muebles, arrancan cuadros, rajan los sillones y los colchones, y rompen las paredes. Algunos buscan escondites, otros simplemente algo que saquear. Uno juega con el cadáver de una mujer que yace en la entrada, ríe, se mofa. Otros celebran, el descontrol los inunda a todos. Adrenalina, sangre y venganza. Entre los gritos y la exaltación, los uniformados se dan cuenta que hay una abertura en el techo. Los invasores se miran entre sí, y saben que arriba hay un berretín, y que en solo cuestión de segundos hay que irrumpir a tiro limpio. Pero sobreviene el imprevisto.

“No tiren, Campitos, soy yo”, se escucha gritar desde el “berretín”; es la voz de Eleuterio Fernández Huidobro, líder del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros.

Esta narración, que parece parte del guión de una serie policial transmitida por Netflix, ocurrió en un barrio de la zona Este de la rambla costera de Montevideo, Uruguay, hace casi 50 años. La historia es muy poco conocida; todavía hoy se mantiene casi en silencio. Un crimen, una escena, que a pesar de lo turbulenta se armó con mucho cuidado. Con el mismo cuidado, con el que también se intentó desarmar, lográndolo, porque casi cincuenta años después, el sistema judicial uruguayo, que estuvo guiado por distintas facciones políticas, no pudo, o en el mejor de los casos, no quiso investigar los hechos en profundidad, quedando una asignatura pendiente.

Informe especial 2

El 14 de abril de 1972, el MLN realizó una serie de atentados “quirúrgicos” contra el “Comando Caza Tupamaros” (CCT), el famoso Escuadrón de la Muerte que funcionaba en la Oficina de Estadística, Contralor y Difusión, la cual servía de fachada para realizar el enlace entre el Ministerio del Interior y los agentes que trabajaban dentro de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII), alineados a la CIA. Este organigrama que unía por un lado al jefe de estación de la CIA en Montevideo, William Cantrell, y a Armando Acosta y Lara (subsecretario del Ministerio del Interior) por el otro, había sido confeccionado por el fotógrafo policial y también agente de inteligencia Nelson Bardesio, quien fue secuestrado por los Tupamaros en febrero de 1972.

Durante su detención en la “Cárcel del Pueblo”, Bardesio confesó una serie de secuestros y asesinatos cometidos por una organización terrorista integrada por civiles, espías, militares y policías. Estas confesiones conocidas como “Las actas de Bardesio”, serían leídas en el Senado de la República por el senador frenteamplista Enrique Erro en una tumultuosa sesión el 15 de abril de 1972, en la cual la Asamblea General del Poder Legislativo aprobó la suspensión de garantías constitucionales y la declaración de “estado de guerra interno”, amparada en las acciones de violencia del día anterior. Este sería el primer paso hacia la oficialización de la dictadura.

Desde la noche anterior los “tupas” se organizaron para los ataques. La idea era asesinar en simultáneo a los miembros del Escuadrón de la Muerte que venía operando desde principios de 1971. Este escuadrón en particular -aunque no el único- sería responsable de los secuestros y asesinatos de Abel Ayala, Héctor Castagnetto, Manuel Ramos Filippini e Ibero Gutiérrez, todos miembros del MLN. Los puntos de ataque elegidos por el MLN no fueron azarosos. Todo fue analizado fríamente, los objetivos seguidos y estudiados, o simplemente delatados; con armas y vehículos, los atacantes se distribuyeron y llevaron adelante lo que se denominaría “Operación Hipólito”.

En los últimos meses, previos a la operación de la guerrilla, la situación política en Uruguay, se tensó. Los hechos de violencia se multiplicaron; el asesinato, con tortura previa, se hizo moneda corriente: el 13 de abril de 1972 obreros y estudiantes realizaron un paro multitudinario, el más numeroso de la época; el 30 de julio de 1971, 46 presas políticas, muchas integrantes del MLN, escaparon de la Cárcel de la calle Cabildo; el 6 de septiembre de 1971, 106 tupamaros y cinco presos comunes, escaparon de la Cárcel de Punta Carretas, distante pocos kilómetros del centro mismo de Montevideo.

Por si fuera poco, además, el 13 de abril de 1972, un día antes de los ataques, se fugaron nuevamente del Penal de Punta Carretas 25 presos, entre ellos 15 tupamaros y diez presos comunes. En las noticias del 14, mientras la ciudad se desangraba, los titulares solo hablaban de la fuga. Nuevamente, los “tupas” habían cavado un túnel para escapar del penal. Esta vez, el “trámite” se realizó en tan solo una semana. Entre los fugados se encontraban el que fuera después presidente de la República, José Mujica, Jorge Zabalza y Amodio Pérez (este último un controvertido integrante de la organización que desapareció por 40 años, siendo tildado por el MLN como traidor, regresando al país hace unos seis anos, desatando una tormenta de opiniones, al tiempo de decir públicamente unas cuantas verdades sobre dirigentes y metodologías del Movimiento).

Operación Hipólito

El juez de instrucción Daniel Echeverría, comenzó aquel 14 de abril de 1972 con la novedad de que había ocurrido un atentado de tipo comando en la ciudad. La noticia corrió rápido, pero no tanto como las balas. Ese dìa se daba cumplimiento a la Operación Hipólito.

Por la mañana, en la localidad de Las Piedras, Canelones, a 20 kilómetros de Montevideo, un grupo de tupamaros espera la salida del capitán de corbeta Ernesto Motto, integrante de la inteligencia Naval. Apenas sale de su casa, Motto circula a pie por la ciudad. Se dirige a tomar un bus hacia la capital. Toma en dirección norte por la calle Roosevelt (hoy Leandro Gómez), y antes de llegar a la intersección con Baltasar Brum es interceptado por una balacera, disparada desde un vehículo. Varias ráfagas dan muerte al marino.

Según narran las crónicas de época, los disparos fueron efectuados por dos atacantes desde la “caja” de una camioneta Chevrolet Grumete. En total serían cuatro los ocupantes del vehículo, que se alejaron de la escena y tomaron rumbo a Montevideo.

En simultáneo, ya en la capital, el subcomisario Oscar De Lega junto al agente Carlos Alberto Leites Carfagno y el agente Segundo Goñi, transitan en un Ford Maverik por Av. Ponce hacia el sur; a metros de cruzar Av. Rivera son interceptados por una camioneta Pickup, de color verde desde donde son acribillados por ráfagas de metralleta. De Lega y Leites mueren en el acto. Goñi queda herido por varios impactos, pero sobrevive -a los meses morirá como consecuencia del ataque-. La escena es a metros “del domicilio del exministro de industria y excanciller, (Jorge, ndr) Peirano Facio, quien en su residencia tenía dos bomberos de custodia. Estos no se movieron de sus lugares a pesar de haber oído los disparos, lo que determinó poco después sus arrestos”, según informó el diario El Popular.

El tercer atentado es contra el profesor Armando Acosta y Lara, subsecretario del Interior e interventor de Secundaria, y de notoria ideología fascista. El escenario es en el cruce de las calles San José y Barrios Amorín, donde se ubica una sede de la Iglesia Metodista, a una cuadra de la Intendencia de Montevideo. Los tupamaros allanan la iglesia, reduciendo y apresando a sus ocupantes. Los tiradores se apostan en una de las ventanas del primer piso, sobre la calle San José, ligeramente en diagonal a la puerta de entrada de la vivienda de Acosta y Lara.

Sobre la ventana ubican una ametralladora M16, y esperan. Cerca de las 10:30 horas de la mañana el profesor se asoma desde su vivienda, y los tupamaros abren fuego. Elprofesor Acosta y Lara fallece antes de llegar al hospital. En la balacera son heridos su esposa y uno de los hombres de custodia. Los tupamaros autores del atentado rápidamente se desbandan.

Otro grupo va camino al barrio Cerrito de la Victoria, con intenciones de atentar contra Miguel Sofía, uno de “civiles” del escuadrón, miembro de la Juventud Uruguaya de Pie (JUP), una organización estudiantil anticomunista. En el vehículo van cuatro miembros del MLN, pero según distintas versiones, llegando al cruce de Francisco Plá y Nicolás Herrera el vehículo se descompone y ahí son interceptados por un móvil de Inteligencia que los venía siguiendo. Otras versiones afirman que los tupamaros detuvieron la marcha, descendieron del vehículo y mientras Norma Carmen Pagliano Varot y Jorge Gropp Carbajal abren fuego, los otros dos, aún sin identificar, logran escapar de la escena. Pagliano y Gropp fallecen en el lugar, el subcomisario Juan Francisco Reyes es herido. En el enfrentamiento participó Uruguay Merica Lemes, funcionario de la DNII. Miguel Sofìa, sobrevive (hoy se encuentra procesado con prisión por su participación -como integrante de los Escuadrones de la Muerte- en el asesinato del joven tupamaro Héctor Castagneto; en el ano 1972, sorteó a la muerte, pero en el pasado 2020, no pudo sortear a la Justicia).

Otros dos atentados fueron fallidos, uno contra Víctor Castiglioni, director de la DNII y otro contra el comisario Hugo Campos Hermida, quien, además de ser parte del aparato represivo de la època, “administraba” la oficina antinarcóticos, habiendo sido reclutado y adiestrado por la DEA (Drug Enforcement Administration de Estados Unidos), con todo lo que eso implicaba.

La represalia, tras esta seguidilla de atentados, fue terrible y no se hizo esperar. Es importante aclarar (antes de proseguir con el relato) que el 14 de abril de 1972, el Uruguay es un país democrático, donde rige el estado de derecho, donde las instituciones del Estado tienen la obligación de respetar y hacer respetar las garantías constitucionales. No pretendemos justificar la conducta de los miembros del MLN-Tupamaros, siendo que la ley condena el delito y dispone para tal fin de los mecanismos jurídicos administrativos necesarios para realizarlo de manera ordenada, humana y en respeto de las leyes. Pero debemos destacar dos cosas: primero, que los integrantes del MLN que tomaron parte de esas y de otras acciones violentas, cumplieron anos de prisión; y segundo, que las acciones violentas del Estado, de ese dìa (y de esa época) fueron desmedidas e hicieron parte de un deterioro institucional que dió luz verde a la Policía y al Ejército a llevar adelante procedimientos y metodologías propias del terrorismo de Estado, rompiendo en todo sentido la ley en la cual el propio Estado se sostenía. Lamentablemente, hasta el día de hoy, debemos estudiar la historia en base a suposiciones, conjeturas y medios testimonios, porque el Estado, ocupado desde ese entonces por facciones de derecha y de izquierda -en algunos casos con “sobrevivientes” de estos hechos-, no se digna a tomar la decisión política de hacer cumplir la ley e investigar judicial, empíricamente y científicamente los hechos ocurridos. ¿Por qué? ¿Qué clase de poderes se esconden detrás de las acciones “militares” y de los silencios mórbidos de algunos miembros del Estado y de la misma guerrilla?

Luego de las acciones realizadas por los tupamaros, las fuerzas del Estado, infestadas de criminales, responden reaccionariamente, más cerca de la revancha que de la justificación. Tropas del ejército, mezcladas con la policía y agentes de Inteligencia que notoriamente responden a agencias extranjeras (de los Estados Unidos principalmente, pero no solo); se aprontan para perseguir y aniquilar a los miembros del MLN. Fue la respuesta de la represión a la Operación Hipólito.

¿Contraofensiva?

Cerca de las 14 horas, Malvín, un barrio semi residencial (tipo balneario) de Montevideo, será testigo de un baño de sangre. Los agentes de inteligencia vigilan el domicilio del escribano Luis Nelson Martirena Fabregat. Allí reside con su esposa, Ivette Rina Jiménez Morales y sus dos hijas. Los espías conocen bien el movimiento de la casa. Martirena no tiene historial de participar en las acciones militares del MLN, por el contrario, su vida transcurre públicamente, aunque es uno de los operadores políticos del movimiento. Los servicios de inteligencia, que lo vigilan desde hace tiempo, saben perfectamente el nivel de su compromiso con la guerrilla.

Informe especial 3

Luego de que las niñas abandonan el hogar, una rumbo a una escuela cercana y su hermana a un liceo, prontamente un contingente superior al medio centenar de soldados del batallón Florida, a cargo del capitán Carlos Calcagno, rodean la propiedad situada en calle Amazonas 1440, a metros de calle Aconcagua. La propiedad solo tiene ingreso por el frente, los soldados fuertemente armados se disponen estratégicamente. En el operativo también participan funcionarios policiales y oficiales, la mayoría de Inteligencia.

No hay pedido de mediación ni de rendición. Los soldados comienzan a disparar antes de ingresar al domicilio, desconociendo, aparentemente quiénes se encontraban en el interior. Frente al estruendo, el barrio enmudece. El matrimonio Martirena-Jiménez no tiene oportunidad. Los invasores rápidamente ganan el pequeño patio que antecede la casa, fuerzan las aberturas y se desperdigan por las habitaciones, siempre a los tiros, siempre con violencia, sin medir ni mediar que, o quien cae, ante el avance. Gritos y atropellos. El característico olor a pólvora inunda todo. La muerte ha irrumpido en el inmueble, donde las balas son la carta de presentación.

La situación por un momento parece calmarse, al menos los tiros cesan. La bruma del humo de la pòlvora baja y descubre los cuerpos del matrimonio. Ivette yace sobre la entrada. El escribano Martirena está abatido en las escaleras que bajan del primer piso. No tuvieron tiempo a nada, no estaban armados, no opusieron resistencia. No hay víctimas ni heridos en el bando invasor. El hombre y la mujer (que estaban desarmados) fueron literalmente ejecutados sin justa causa por una tropa del Ejército al mando de un personaje del Escuadrón de la Muerte infestado de CIA. Los soldados, escoltados de cerca por los superiores y los agentes de Inteligencia, inspeccionan la casa, no andan a tientas, ellos saben que en algún lado debe estar el botín de guerra.

Campos Hermida, quien viene de salvarse de un tiroteo, comanda la búsqueda. ¿Drogas, plata, tupamaros? ¿Qué busca el agente entrenado por la DEA? Otro agente de la misma laya, que sigue el operativo a través de las comunicaciones radiales es Víctor Castiglioni, de frondoso prontuario. Al momento del ataque no estuvo presente, pero sì lapso despuès. Castiglioni, años más tarde, aparecería involucrado en el escándalo de la Logia Masónica P2.

El exagente de Inteligencia policial Winston Silva Cordero, relató al diario “La República” el 14 de abril de 1993: "Cuando tomamos la casa por asalto encontramos a la señora de Martirena que corría histérica de un lado para otro, con las manos en alto (…), el inspector Castiglioni metió el caño de su arma en su boca y la ejecutó (…). En la casa no había ningún tipo de arma, pero nosotros efectuamos cientos de disparos”, se lee en un informe de la facultad de humanidades. ¿Sería el propio Castiglioni quien “plantaría” el arma en la mano de Martirena?

No hay respuesta firme a esta interrogante respecto al personaje Castiglioni, porque bastantes anos después la duda sobre su presencia fue de sobrada importancia, estimándose por otras investigaciones, que Silva Cordero habrìa mentido dando el nombre de Castiglioni, porque con el tiempo se fortaleciò la hipótesis de que allí, al momento mismo del ataque, estuvieron presentes, comandando a los efectivos, el militar Calcagno y Campos Hermida. Eso indicaría que uno de los dos, fue quien ejecutó a la esposa del escribano y le plantó el arma, pero no Castiglioni, quien arribaría al lugar con posterioridad, procedente de otro operativo en el que murieron otros tupamaros. Es decir, de la casa de la calle Pérez Gomar.

Prosiguiendo con el relato, sobre los hechos de la casa del barrio Malvín, damos cuenta que al poco tiempo de la balacera llega al lugar el juez Daniel Echevarría, quien desde temprano viene siguiendo el reguero de sangre por toda la ciudad, intentando aportar legalidad al asunto. Cita dicho informe, el juez Echeverría recrea el clima a su manera:"los agentes parecían fuera de sí, gritaban como locos, gritaban cualquier cosa. El odio que se respiraba en esa casa podía palparse. Yo pensé que no salíamos vivos. Se estaban matando entre ellos y nosotros estábamos en el medio".

Informe especial 4

Dos horas más tarde, fuera de toda poesía, se revela el “berretín” donde se escondían Eleuterio Fernández Huidobro y David Cámpora, quien era uno de los contadores del MLN. Las historias son varias, lo único concreto es que Huidobro es herido y los clandestinos negocian la entrega con Campos Hermida.

“No tiren, Campitos, ¡soy yo!”, fue el grito desgarrador de Eleuterio Fernández Huidobro, a punto de desplomarse por la pérdida de sangre que sufría, debido al balazo que le había comprometido la zona del cuello. A su lado, en la planta alta, donde estaba el berretín, estaba David Cámpora. Los dados ya estaban echados: entregarse al Comisario Hermida y salvar sus vidas.

Huidobro y Campos Hermida se conocían desde la “Toma de Pando” en 1969. Tanto Huidobro como Cámpora estaban hace tiempo en la clandestinidad; ambos habían fugado del penal de Punta Carretas en septiembre de 1971. La presencia de ellos es lo único que justificaba (aunque injustificable) semejante operativo. ¿Los de inteligencia lo sabían? Si es así, ¿Qué esperaban? No lo sabremos nunca: Cámpora, Fernández Huidobro, Campos Hermida y Castiglioni, están fallecidos. Pero la sumatoria de testimonios, con el correr del tiempo, da cuenta que las fuerzas represivas y la Inteligencia ignoraban que en el berretín estaban dos peces gordos del MLN.

“Sr. Presidente, exijo saber cómo murieron mis padres y usted puede ayudarme. Exijo saber quién los mató, porque no entra dentro de la Ley de Caducidad. Exijo la prisión de los responsables, porque no entra dentro de la Ley de Caducidad”. “¿Tiene idea, Sr. Presidente, de lo que la prensa, en especial el diario El País y en su momento el diario El Día, Acción, La Mañana y Últimas Noticias junto a la televisión y sus radios nos hicieron a los familiares de los asesinados por la represión? ¿Tiene idea de lo que fue soportar tantas mentiras, humillaciones, agresiones, difamaciones? Son tan responsables como los que tiraron del gatillo, o más. Ocultaron la verdad, difundieron, adornaron e inventaron mentiras. Encubrieron y promocionaron a los asesinos y torturadores”. Este es el extracto de una carta abierta enviada al entonces presidente Jorge Batlle, firmada por Laura Martirena, hija del matrimonio, publicada el 5 de diciembre de 2003.

Este hecho en particular, debía ser atendido por la justicia civil. El Estado de Guerra interno sería decretado recién al día siguiente, transfiriendo este tipo de acciones al fuero militar. Pero los hechos de este día, 14 de abril de 1972, correspondían a la justicia civil. ¿Y el estado de la causa hoy, cuál es? Se ignora, mejor dicho, no hay investigación en curso.

Informe especial 5

Retomemos ese día trágico. No saciados con los hechos de la calle Amazonas, la cacería de tupamaros siguió en curso. Ese mismo dìa un nuevo enfrentamiento tuvo lugar en la calle Pérez Gomar 4392, a unas 25 cuadras de la primera locación. Un grupo comando del Ejército interceptó una camioneta Indio ocupada por integrantes del MLN. Ellos son Armando Hugo Blanco Katras y Alberto Jorge Candán Grajales. En rápidos movimiento ambos salen del vehículo y buscan refugio en la vivienda de la calle Pérez Gomar y se produce un fugaz enfrentamiento, siendo abatidos Katras y Candán. Dentro del inmueble son asesinados a balazos los guerrilleros Horacio Rovira y Gabriel Schroeder. Las Fuerzas Conjuntas hablaron oficialmente de que en la casa hubo un enfrentamiento, pero no fue así. El operativo deja un saldo de muerte y de dos heridos, y de dos detenidos: los padres de Horacio, Carlos Rovira y Filomena Grieco de Rovira. Sus vidas milagrosamente se respetaron en medio de un clima de tensión, pero ambos sufrieron consecuencias emocionales inenarrables, que debieron asumir hasta sus últimos días. El operativo estuvo al mando de Víctor Castiglioni.

Desenfreno

El 15 de abril es decretado el Estado de conmoción interna, y el Poder Ejecutivo le entrega, oficialmente, la facultad represiva al Ejército, además de permitir que los civiles fueran juzgados por la justicia militar. Este proceso derivará en la sanción de la “Ley de Seguridad del Estado y del Orden Interno”, decretado en septiembre de 1972.

La madrugada del 16 de abril, entre las 4:00 y las 4:30 horas, prácticamente de manera simultánea acontecen más de una decena de atentados en contra de personajes y personalidades de la vida política y cultural del momento: mayoritariamente representantes del Partido Comunista y del Frente Amplio. También son atacados los locales partidarios, las casas de los representantes e incluso la iglesia metodista desde donde habían salido los disparos la mañana del 14.

Ráfagas de ametralladora, explosivos plásticos, hasta bazucas, fueron empleadas en contra de espacios públicos y privados. Sin mediar orden de allanamiento, sin aviso previo, las Fuerzas Armadas y otros usurpadores del Estado, abandonaron todo trabajo investigativo y constitucional, y se lanzaron a concretar una andanada de atentados contra el orden público, y contra la propia población. Más mercenarios que soldados, arrasaron con todo lo que había a su paso, destruyendo propiedades y todo lo que hubiera en su interior. Los grupos comandos robaban a los moradores, saqueaban las viviendas, maltrataban, vejaban y manoseaban a las mujeres y niñas, golpeaban a todo el mundo. Salvajes, desenfrenados, embriagados por la sangre, enceguecidos de odio, actuando con absoluta impunidad. Así, comenzaría la hora más oscura de la historia contemporánea del Uruguay.

Una historia que no se ha hecho eco en los juzgados ni en los tribunales. Una historia que desconocen miles de personas, ya que nadie recibió castigo. Nadie respondió por los asesinatos de Luis Nelson Martirena Fabregat y su esposa, Ivette Rina Jiménez Morales. Ni tampoco por los asesinatos (del terrorismo de Estado) de Alberto Jorge Candán Grajales, Horacio C. Rovira, Gabriel Schroeder y Armando Blanco Katras. Ni mucho menos por los graves efectos emocionales y personales de las dos hijas del matrimonio de la calle Amazonas, las que hoy seguramente deben ser mujeres adultas, sedientas de justicia, pero atormentadas por tanta impunidad.

La monstruosa impunidad con la que actuaron los criminales, sanguinarios, grotescos y violentos, funcionarios del Estado uruguayo, que hoy sigue siendo una sombra que se cierne sobre la Justicia uruguaya, y sobre la conciencia de los responsables, que hasta ahora se mantienen en el más absoluto silencio, como un acuerdo inhumano, como un pacto criminal, para que todo quede como está, sin identificar culpables ni imponer sentencias.

Creemos que hay que decir no a los silencios, y no a las injusticias de naturaleza estatal-criminal. Creemos, también, que la historia, más tarde o más temprano, condenará a los responsables de las matanzas del 14 de abril de 1972, en las casas de las calles Amazonas y Pérez Gomar.

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*Foto de portada: www.elmuerto.com / Luis Nelson Martirena Fabregat y su esposa, Ivette Rina Jiménez Morales

*Foto 2: www.sitiosdememoria.com / Amazonas 1440

*Foto 3: www.elmuerto.com / Soldados apostados sobre la calle Aconcagua, el 14 de abril de 1972

*Foto 4: Twiter / Facsímil de portada del diario El País

*Foto 5: www.elmuerto.com / Jorge Candán Grajales y Armando Blanco Katras

*Video: Archivo DiFilm

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