Alberto Nallar fue acusado en el marco de las protestas por la reforma constitucional de Gerardo Morales
Amplio rechazo desde la Gremial de Abogados y Abogadas de Argentina
Preocupación e indignación. En horas del martes, el Tribunal en lo Criminal N°3 de Jujuy condenó a tres años y medio de prisión efectiva al abogado Alberto Nallar, quien fue acusado por los delitos de “instigación a cometer delitos, incitación a la violencia colectiva y alzamiento o motín en concurso real”. Los hechos por los cuales se inició la causa giran en torno a las multitudinarias protestas que hay en la provincia, como consecuencia de la reforma constitucional impuesta por el gobierno radical de Gerardo Morales, que contó con el apoyo casi absoluto del justicialismo. Numerosos organismos de derechos humanos emitieron comunicados de repudio ante la condena, a la cual consideran una “criminalización de la protesta social”.
Durante las multitudinarias manifestaciones -violentamente reprimidas por el gobierno de Morales-, el abogado Nallar -que lleva varias décadas como activista en materia de derechos humanos-, se ocupó, fiel a su profesión, de informar a las personas sobre las características irregulares de la reforma constitucional impuesta, así como las consecuencias desfavorables que genera. Reforma que vino de la mano de otros avasallamientos contra la vida republicana del gobierno de Morales, como lo fue la reforma de Superior Tribunal de Justicia, que cambió sus miembros en la primera semana de gobierno. También las irregularidades en el Tribunal de Cuentas. La liquidación del Banco de Desarrollo. Y otras maniobras del estilo que fueron denunciadas reiteradamente por el abogado, algunas incluso ante la justicia.
Ante esta situación de corrupción estructural en la provincia, que Nallar identifica como un “estado de excepción”, intentaba sumar apoyo entre los manifestantes, pero no solo, para pedir al gobierno nacional la intervención federal de Jujuy. Sobre las acusaciones, Nallar explica -en una entrevista con el programa Sobremesa-, que “son subjetividades para justificar los actos de represión”. Un detalle a tener en cuenta es que el juicio que condenó al abogado se desarrolló en menos de tres meses, una velocidad descomunal. Otra pieza clave -que remarca el carácter inquisidor de la medida-, es la de que, durante el juicio, el tribunal le dictó prisión preventiva, por considerar que su “libertad podía influir sobre los testigos”. Lo paradójico es que el único testigo de los delitos imputados fue “Miguel Ángel Rivas, el fiscal de Estado, representante judicial de la provincia. Fue el denunciante, luego asumió como querellante y después fue el único testigo del Ministerio Publico en mi contra”, dice Nallar.
Esta sentencia de primera instancia será apelada ante el Tribunal de Casación, el cual “fue creado por Morales, ya que fue él, quien generó la iniciativa de la ley con la cual se crea. Luego es el propio Morales el que designa a los jueces del tribunal. Luego queda una tercera instancia en el ‘Superior Comité radical de Justicia’, que ya sabemos cómo se va a pronunciar”, dice Nallar refiriéndose al Superior Tribunal de Justicia.
Otro punto de gravedad es el hecho de que la condena impone la inhabilitación para ejercer la profesión de abogado. En este sentido, Nallar dice: “Abogado no es que tiene título o matricula. Abogado es el que sabe de derecho. A mí la gente me ha honrado al requerir mis servicios. Yo soy abogado por lo que soy capaz de producir como profesional del derecho”.
También, por si fuera poco, le fue impuesto un embargo económico por 7 millones de pesos.
Repudio
Desde Amnistía Internacional, que ha seguido muy de cerca el proceso represivo en Jujuy-, alertaron que esta condena “es un serio precedente ya que se observa un intento de disciplina miento de la protesta social. Asimismo, la justicia le impuso un embargo e inhabilitación para ejercer su profesión”. También afirmaron que “si el poder judicial cruza ese límite, entonces ya estaría claro que son capaces de violar sus propias leyes y estar dispuestos a lo que fuere para frenar cualquier protesta popular”.
Por su parte, desde la Gremial de Abogados y Abogadas, emitieron un fuerte comunicado en apoyo: “Repudiamos enérgicamente la condena, nos solidarizamos con el colega y su familia. Advertimos, además, que, si no paramos esto, vendrán por otros y otras. Que nadie se haga el distraído. Está claro que, en este sistema injusto, no hay, ni habrá, leyes justas, ni jueces, ni fiscales justos. Está más que claro para quienes juegan. Están para defender los intereses de las clases dominantes y para castigar a quienes luchen y, más allá aún, a quienes defienden a los que luchen”.
Foto: Jujuydice.com.ar