Elizabeth Gómez Alcorta se opuso a acción policial en Bariloche y al traslado de mujeres a Ezeiza 

“Se ha traspuesto un límite, por lo que debo dar un paso al costado”

Por Jean Georges Almendras-7 de octubre de 2022

Fue indeclinable su renuncia. Y, en consecuencia, en la Casa Rosada, del gran Buenos Aires -sede del gobierno argentino de Alberto Fernández- se la aceptaron; quizás una jugada oficialista coherente, quizás para subsanar o tapar un muy grave y desleal atropello cometido con las comunidades en las últimas horas en la zona de Villa Mascardí, a cuatro kilómetros de la ciudad de Bariloche. Atropello mayúsculo que causó más repudio aún, cuando la magistrada de la zona dispuso que cuatro de las siete mujeres detenidas (Martha Luciana Jaramillo, Andrea Despo, Florencia Melo y Débora Vera) fueran derivadas a la cárcel de Ezeiza, a unos 1.500 kilómetros de donde las fuerzas de seguridad avasallaron con todos y cada uno de los integrantes de las comunidades mapuche locales. Y este burdo, cruel e ilegítimo accionar judicial y policial -casi como si viviéramos en plena Edad Media, donde los poderosos disponían a gusto de las vidas de las personas a quienes sometían- fue la gota que desbordó el vaso de la ministra Elisabeth Gómez Alcorta, titular de Mujeres, Género y Diversidad. Y tanto se desbordó, que no bien, ante sus narices, los gobernantes, policías y jueces, hicieron oídos sordos a las protestas sobre la intervención de las fuerzas de seguridad en Villa Mascardi, la abogada y además ministra, Gómez, sin pelos en la lengua, cuestionó a los cuatro vientos el procedimiento, adosando a su airada protesta la carta de renuncia, fundamentada debidamente -y ajustada a Derecho- y con una carga de repudio, indignación, rabia y estupor, indescriptibles. Y ese su honroso paso, como integrante del Ejecutivo, de hecho, no dudamos que le acarreará consecuencias -a ella como figura política y como persona- pero también, acarreará consecuencias en la interna de la administración Fernández, porque un cuestionamiento de ese porte, visibiliza a las claras, que la actitud que se tiene desde el gobierno provincial (y Nacional) respecto a las comunidades mapuche, resulta ser notoriamente antidemocrático, anticonstitucional, inmoral y sencillamente discriminatorio, y como lo resumiera la propia, hoy exministra:  “incompatible con los valores que defiendo como proyecto político”.  

Mientras en estos momentos las siete mujeres mapuche están privadas de su libertad, por orden de una jueza de Bariloche (una orden incoherente e ilegítima, dadas las características de todo lo acontecido) la renuncia de la doctora Elisabeth Gómez Alcorta, levanta polvareda y es una demostración la suya, de coraje, de sensibilidad y de respeto (y defensa) a la vida humana. Y fue precisamente su carta en la que expuso su dimisión, la que la dimensiona como una mujer valerosa e imprevisible ante las injusticias que puedan desfilar a sus ojos. Y la represión en Villa Mascardi fue, de hecho, una de ellas.

Los medios argentinos dieron a conocer los párrafos más medulares de su renuncia; los compartimos con nuestros lectores: “Los hechos de público conocimiento desatados en Villa Mascardi por el desalojo ordenado contra la comunidad Lafken Winkul Mapu, en el que se produjeron detenciones de mujeres y niñxs, con participación de fuerzas federales me resultan incompatibles con los valores que defiendo como proyecto político”.

En otro tramo de la carta calificó de “violaciones evidentes a los derechos humanos" el hecho de que en el curso del operativo se haya detenido a siete mujeres mapuches, dos de ellas con sus hijos en período de lactancia, una embarazada y las otras cuatro, las que fueron trasladadas desde Río Negro al Penal de Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires.

La hasta ese momento titular del Ministerio de la Mujer, Género y Disidencias consideró además en la misiva, que, “independientemente de la responsabilidad directa” que tuvo la jueza, el Gobierno Nacional “amerita una respuesta política contundente” respecto a esa decisión. “Se ha traspuesto un límite, por lo que debo dar un paso al costado” consignó Gómez Alcorta.

Como dato no menor, Gómez Alcorta, en su carta de una extensión de tres páginas, hizo un repaso (en tono) positivo de las políticas que se pusieron en marcha desde el momento de creación y de acción del primer Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, en toda historia de la argentina.

Destacó, por ejemplo, la sanción de la Ley de Aborto Legal, seguro y gratuito, la Ley de 1.000 días, la inclusión laboral travesti-trans, la creación del DNI no binario; el programa Acompañar para mujeres víctimas de violencia machista y el Sistema Integrado de Casos de Violencia de Género, con el objetivo de brindar contención.

En otro párrafo de la carta fue crítica refiriéndose a la oposición que durante muchos años se hizo a la creación de la cartera (y sus políticas) de la cual era titular: “Cuando la derecha grita, patalea y argumenta en contra de nuestra agenda, cuando afirman que hay que cerrar el Ministerio, reducir su presupuesto o cuando expresan que se trata de una agenda de minorías, tenemos la certeza de que son los mismo que siempre han querido construir una sociedad para pocos y que representan proyectos profundamente elitistas, autoritarios y antidemocráticos”.

Pero en la fase final de su renuncia escrita, Elizabeth Gómez Alcorta fue incisiva con el Gobierno Nacional porque señaló, que a pesar de “todo lo hecho” durante su administración, resulta “sin dudas insuficiente” porque, lo reafirma ella en su escrito, “siguen existiendo los niveles de violencia y desigualdad con los que convivimos a diario” y en tal sentido recomendó al Ejecutivo nacional “no retroceder nunca y siempre ir por más”.

También debemos consignar, que, en declaraciones a medios radiales argentinos, Gómez Alcorta (mientras su carta de renuncia se hallaba ya en manos del presidente Fernández) dijo enfáticamente: “La situación (el operativo de las fuerzas de seguridad, ndr) era sumamente preocupante, dado que hace más de 48 horas detuvieron a siete mujeres indígenas, una de ellas una líder espiritual de la comunidad. Todas las personas tenemos el derecho de contar con una defensa, eso lo dice la Constitución Nacional y los Pactos Internacionales, en este caso la magistrada negó ese derecho”.

Fueron vanos los intentos del presidente Alberto Fernández para neutralizar la renuncia de su ministra (convencerla que resista), y en las horas siguientes a esa frustrada gestión se pudo conocer en círculos gubernamentales la eventual identidad de su sucesora: María Cristina Perceval, una exsenadora por la provincia de Mendoza entre los años 2001 y 2009; siendo, además, nombrada por la misma Alcorta, hace un año exactamente, secretaria de Políticas de Igualdad y Diversidad en su cartera. 

Repudios generalizados y Habeas Corpus

Con el correr de las horas, tras el accionar policial se fueron incrementando los reclamos, las protestas y los repudios, por parte de una diversidad de organismos de derechos humanos; en ese contexto, tres emblemáticas entidades presentaron un habeas corpus dada la sumatoria de irregularidades en lo que concierne al traslado de las cuatro mujeres mapuche a la cárcel de Ezeiza.

En el escrito de habeas corpus se puntualizó que el traslado en cuestión se llevó adelante “de manera ilegítima, arbitraria y desproporcionada por autoridades de la Policía Federal Argentina, en cumplimiento de una orden judicial también ilegítima, arbitraria, desproporcionada y excesiva”.

El director de Litigios del CELS Diego Morale, dijo: “Las detenciones se produjeron en el marco de una causa a la cual todavía no se accedió. No se saben las razones por las cuales se ordenó no sólo el desalojo sino también las detenciones”. “El hecho del que se les acusa es en la Patagonia, la jueza que ordenó su detención es de la Patagonia, no entendemos el destrato hacia esas cuatro mujeres”. “No conocen los cargos, no tuvieron declaración indagatoria y tampoco han tenido contacto con sus abogados”. “El traslado es una medida extremadamente violenta, que deja en suspenso muchísimos derechos que cualquier persona tiene en el marco de un proceso judicial, y está basada en su calidad de mujeres y en su identidad cultural mapuche”. 

Coordinadora del Parlamento del Pueblo Mapuche Tehuelche de Río Negro

Uno de los voceros de la Coordinadora, el werken Orlando Carriqueo, dijo al periodismo argentino, en una conferencia de prensa, que urge constituir una mesa de diálogo con autoridades del gobierno nacional y de Río Negro (seguramente para el próximo 12 de octubre), afirmando, además: “Son días muy difíciles para nosotros como pueblo -tal lo señalado por Página/12-. Lo que está pasando es una reminiscencia de la Campaña del Desierto”.

En términos muy escuetos pero contundentes reprochó duramente el accionar de la jueza Domínguez cuando se produjeron las detenciones de las mujeres denunciando que hubo “incomunicación”, “un secreto de sumario y una tardanza para que habiliten a la defensa”.

Carriqueo hizo público que es imperioso que intervenga la Secretaría de Derechos Humanos de la Argentina señalando enérgicamente que “la violencia en este territorio siempre la ha impuesto el Estado” e informando que se viene haciendo un llamado a las comunidades mapuche a “fortalecer su espiritualidad porque ahí vamos a encontrar la templanza para encontrar el camino del diálogo”.

Ni la templanza y ni el respeto a las leyes, estuvieron presentes, al momento de tomarse la decisión de desalojar a las comunidades mapuche con masiva presencia de uniformados armados a guerra. Instalada desde hace tiempo, desde los sectores más fascistas y rancios de algunas de las instituciones argentinas, la idea de que todo lo mapuche huele y es terrorismo, el resto vino por añadidura, ya desde el mucho antes del episodio de Santiago Maldonado y del joven mapuche Rafael Mahuel, y durante todo el después, hasta nuestros días. ¿Por qué? Pues porque todavía hay quienes viven con las estructuras del pasado, de no contemplar con respeto (ni soportar, por un tema de clase y de género) la presencia, en tierras que en definitiva no son del hombre blanco, a hombres, mujeres, jóvenes y niños de comunidades de pueblos originarios (mapuche), que no hacen parte, ni cultural, ni socialmente, ni espiritualmente, de la vida winca.

Estamos ante un destrato ya naturalizado, que, como parte de la especie humana, hoy por hoy, me avergüenza y me sacude, porque entiendo que nos involucra a todos, colocándonos en el papel de cómplices, de un avasallamiento, ilegítimo especialmente, que se asemeja al terrorismo de Estado de otras épocas, apañado por la cultura de la impunidad, cuyos adeptos, guías y promotores estuvieron y están siempre al acecho.

Un asco de sociedad “civilizada”, la nuestra.

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*Foto de portada: mnews.com.ar