Por impunidad biológica el tribunal relegó a 32 víctimas del juicio

“Un tribunal anti derechos humanos”

“Ocurrió de madrugada. De repente, empezaron a aporrear la puerta de casa y a gritar para que abriéramos. Decían que eran del Ejército. Intentamos escapar con mi hermano por la ventana de la habitación, pero no pudimos (…). Entraron unos tipos, con unas ametralladoras gigantes y nos apuntaron gritando ‘¡alto ahí!’. Cuando vieron que éramos dos chicos se empezaron a reír. Nosotros estábamos aterrados. Recuerdo la cara de terror de mi hermano pequeño, Camilo. Escuchábamos los gritos de mi mamá pidiendo ayuda y también cómo la insultaban y le pegaban. Así durante varios minutos hasta que se la llevaron”.

Estas palabras, son el recuerdo de una niña de tan solo nueve años. Una niña que tuvo que atravesar la violencia de la dictadura militar y el silencio de una democracia cómplice, que prefirió ceder a las presiones y a las negociaciones con terroristas de Estado, que juraron guardar silencio. Bárbara García, junto a su hermano Camilo -que tenía cuatro años, ambos hijos del exdirector de la agencia Télam, Carlos García; hoy ambos periodistas-, aquella madrugada del 13 de junio de 1976 fueron testigos de cómo una ‘patota’ de represores -vestidos de civil, pertenecientes al Regimiento de Infantería Mecanizada 6 de Mercedes-, se llevaron secuestrados a su madre, Roció Ángela Martínez, de 31 años, y a quien era su compañero, Pedro Oscar Martucci, un joven de tan solo 24 años. Ambos eran docentes y miembros del PRT-ERP. Su secuestro estaba directamente ligado a la censura sobre las publicaciones ‘El Combatiente’ y ‘Estrella Roja’. Ambos continúan desaparecidos.

En el correr de los últimos días el Tribunal Oral Federal 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dictó sentencia en el marco de la causa que investiga los delitos de lesa humanidad cometidos contra Roció y Pedro, así como también el asesinato de Jorge Emilio Aranciba, el secuestro y las torturas sufridas por Pablo Pavich, y de una quinta persona, que no pudo ser identificada.

El tribunal compuesto por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Javier Ríos, decretó la condena a prisión perpetua de los represores Martín Sánchez Zinny, Emilio Morello y Horacio Linari. Morello, es uno de los tantos represores que se recicló en la “democracia” y llegó a ser diputado por el MODIN (Movimiento por la Dignidad y la Independencia), fundado por el excarapintada y golpista Aldo Rico. Tanto Morello, como Sánchez Zinny, fueron partícipes del movimiento carapintada que extorsionó al Estado democrático de Raúl Alfonsín primero, y al de Carlos Saúl Menem después, para promover las leyes de impunidad que le garantizaron la libertad a los represores y la omertá de los cómplices (civiles, empresarios y eclesiásticos) del terrorismo de Estado.

Fueron absueltos Luis Brun y Osmar Andrade. La causa, inició oficialmente con otros cuatro represores acusados -que no llegaron a la instancia final por impunidad biológica (fallecimiento o incapacidad)-, Serapio Eduardo Del Río, Luis Felipe Fernández Bustos, Gustavo Delfor González Sass y Alberto Schollaert. Este último era el jefe del regimiento, y el hecho de que no pueda ser juzgado porque el tribunal lo declaró incapaz, relegó la posibilidad de incluir en la causa los delitos de lesa humanidad cometidos contra otras 32 víctimas. En este sentido, las víctimas, familiares y numerosos representantes de organismos de derechos humanos fueron muy críticos con los titulares del tribunal, en particular porque durante todo el proceso se negaron a permitir que las audiencias -que son de carácter oral y público- fueran retrasmitidas en vivo, como es costumbre, ya desde hace varios años, con los juicios por crímenes de lesa humanidad. Incluso, en la audiencia final, los jueces, pretendieron limitar la presencia de público a solo cinco personas, siendo que la sala tiene capacidad para al menos 70 personas. Gracias a un recurso interpuesto por el tribunal de Casación, este acto contrario al proceso de reparación histórica, pudo ser contrarrestado.

“Nosotros hasta último momento pedimos que el juicio sea presencial para todos, es un juicio de lesa humanidad”, dijo Bárbara García a FM La Patriada, y agregó: “Nos tocó un tribunal antiderechos humanos”. Los familiares no olvidaron en recordar que tanto el presidente del tribunal, el juez Rodrigo Giménez Uriburu, y el fiscal Diego Luciani, están en el ojo de la tormenta pública, luego de que el diario Página/12 publicara una serie de fotos de ambos magistrados participando en los “torneítos” de fútbol organizados por el expresidente Mauricio Macri en la quinta Los Abejorros, donde según distintas fuentes sería un espacio de cabildeo político judicial. “Detrás de su fachada de fiscal, Luciani actúa como un agente provocador dedicado a promover el odio y el revanchismo. Luciani solo se esfuerza en inventar frases para que se transformen en títulos de algunos medios. Una vergüenza más para este Poder Judicial”, dijo el diputado Leopoldo Moreau al diario Página/12.

Los crímenes de lesa humanidad, no solo son imprescriptibles respecto a sus victimarios, son también imprescriptibles, al menos socialmente, respecto de aquellos que al paso del tiempo confabulan para sostener encubierta la verdad.

Y la memoria, será siempre la herramienta del pueblo.

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*Foto de portada: Twitter @FMLaPatriada