La impunidad en México es moneda corriente del día a día. Ya son más de 95 mil las desapariciones registradas en ese país, pero la dicotomía de la realidad nos brinda solo 36 sentencias firmes en contra de este accionar.

¿Acaso la desaparición forzada de personas no tiene la importancia necesaria para que las fiscalías operen y desarrollen las investigaciones pertinentes?

La respuesta del Informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) nos revela cifras escalofriantes que dicen sí a la impunidad que no cesa, en un país en el cual se desarrollan los más aberrantes hechos, con 95.121 personas desaparecidas, de las cuales 93.415 (un 98 por ciento) sucedió entre el 2006 y 2011.

Las investigaciones de la comisión nos indican que los hechos son desarrollados en casi su totalidad por servidores públicos y narcos, demostrando una vez más el connubio reinante entre la criminalidad y poder en este país del norte.

La edad promedio de las víctimas es entre los 15 y 40 años, pero en los últimos años los menores de 12 años en adelante se sumaron a estas nefastas estadísticas entre los cuales están también periodistas y defensores de los derechos humanos.

La investigación indica además que los encargados de controlar las desapariciones son la Secretaría de Seguridad, la Defensa Nacional, la Marina y la Guardia Nacional, los mismos que son los principales acusados de vulnerar los derechos humanos en el país.

En un informe del Comité contra la desaparición forzada se alerta que los servidores públicos y el crimen organizado siguen siendo los principales perpetradores de las desapariciones en México, destacando además que ante hechos criminales de esta naturaleza “prevalece la actitud pasiva, muchas veces, de las instituciones judiciales”.

“Las desapariciones forzadas continúan siendo cometidas directamente por agentes públicos del ámbito federal, estatal y municipal. Además, la delincuencia organizada se ha convertido en un perpetrador central de desapariciones, con diversas formas de connivencia y diversos grados de participación, aquiescencia u omisión de servidores públicos”.

“La impunidad en México es un rasgo estructural que favorece la reproducción y el encubrimiento de las desapariciones forzadas y pone en peligro y causa zozobra a las víctimas, a quienes defienden y promueven sus derechos, a los servidores públicos que buscan a las personas desaparecidas e investigan sus casos y a la sociedad en su conjunto”.

Periodistas desaparecidos

En el correr de los últimos 18 años, la friolera de 30 comunicadores han sido víctimas de desaparición forzada. El periodismo ha engrosado la dramática nomina casi 96 mil personas desaparecidas. Esto ha hecho que desde el Comité haya expresado “su preocupación por la desaparición de más de 30 periodistas entre 2003 y 2021. De ellos ninguno ha sido localizado y las investigaciones o sanciones a los responsables no han tenido avances. Esta situación constituye una seria amenaza para la libertad de expresión y para el derecho de la sociedad a estar informada”.

¿Sirven para algo estos números nos preguntamos? ¿Acaso fríos datos van a terminar un círculo de violencia que aniquila día a día a la sociedad mexicana?

La respuesta es un rotundo no. Solo las acciones inmediatas contra el narcocriminalidad pueden hacer algo para detener este avasallamiento de los derechos humanos que ocurre día a día, en el país hermano.

¿Cuándo será posible eliminar el cáncer narco incrustado en el Estado? Es la pregunta que aún no tiene respuesta y el tiempo solo nos revela segundo a segundo cómo los derechos humanos son destruidos para que unos cuantos puedan volverse ricos a costa de los humildes, los desposeídos y los que gritan con coraje, para detener este nefasto escenario en las calles de un México lúgubre y draconiano.

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*Foto de portada: justiceinitiative.org / Foto de Raúl Mendez Velázquez / SIPA / NEWSCOM