El pasado 12 de noviembre, la Asamblea Nacional de Derechos Humanos, conformada por organizaciones sociales, movimientos y gremios, emitieron una declaración pública en contra del proyecto de ley que Cabildo Abierto presentó, para enviar al domicilio a los (represores) presos mayores de 65 años. Esta iniciativa dejaría vacía a la Unidad Penitenciaria n°8 de Domingo Arena, donde cumplen condena más de 20 delincuentes del terrorismo de Estado en Uruguay, militares asesinos, violadores, secuestradores y torturadores.
Los firmantes se manifestaron en contra de la liberación de los represores hacia la prisión domiciliaria, y denunciaron que “varios de estos criminales no sólo no han dado muestras del más mínimo arrepentimiento por los delitos perpetrados, sino que continúan negándose a revelar el paradero de quienes hasta el día de hoy se encuentran en condición de desaparecidos”.
Evidentemente, el proyecto, con la excusa de liberar a todos los presos que superen los 65 años, apunta a la liberación de los condenados de la cárcel de Domingo Arena. El presidente Luis Lacalle Pou recibió el proyecto positivamente, incluso se manejó en los medios que habría comentado la posibilidad de agregar a la edad tope, cinco años, es decir, llevarla a los 70 años.
La semana pasada, el mandatario recibió a Mercedes Vigil, que junto al escritor Eduardo Abenia, entregaron una carta con unas dos mil firmas -según dijo Vigil a los medios de prensa-, donde le demandaron una respuesta afirmativa a su pedido de liberar a los represores que cumplen condena en Domingo Arena. Toda una campaña, de distintos frentes, para conseguir la liberación de los militares, responsables de crímenes de lesa humanidad, pero que insiste en lavar sus culpas.
Las organizaciones nucleadas en la Asamblea Nacional de Derechos Humanos son: la Secretaría de Derechos Humanos del PIT-CNT, FUCVAM (Federación Uruguaya de Cooperativas por Ayuda Mutua), Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, CRYSOL, Colectivos Contra Toda la LUC, Fundación Mario Benedetti, Coordinación por la Autodeterminación del Pueblo Haitiano, y Memoria en Libertad.
A continuación, compartimos la declaración:
“Las organizaciones, gremios y movimientos sociales abajo indicados, integrantes de la Asamblea Nacional de Derechos Humanos, hacen público su terminante rechazo al proyecto de Ley impulsado por senadores de un sector parlamentario, que pretenden sustituir las penas de prisión efectiva, a las que han sido condenados varios criminales de lesa humanidad, por penas de prisión domiciliaria”.
“Tal sustitución supone desvirtuar groseramente la extrema gravedad de los crímenes cometidos, así como la importancia del cumplimiento efectivo de las penas de prisión, para la generación de las imprescindibles garantías de no repetición de tales delitos”.
“Cabe agregar que varios de estos criminales no solo no han dado muestras del más mínimo arrepentimiento por los delitos perpetrados, sino que continúan negándose a revelar el paradero de las compañeras y compañeros, mantenidos hasta el día de hoy, en condición de desaparecidos”.
“Se debe recordar que, de acuerdo a la Convención Internacional para la protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (ratificada por Uruguay), el crimen de desaparición forzada, constituye un delito permanente y continuado (artículo 8 Inciso B de la Convención), por lo cual sus perpetradores siguen delinquiendo y cometiendo este crimen, en el mismo momento en que se pretende trasladarlos a sus domicilios”.
“Por otra parte, las organizaciones ya mencionadas, también manifiestan su consternación y rechazo ante el reciente fallo judicial, por el cual se condena a seis manifestantes que pacíficamente protestaban ante la Suprema Corte de Justicia por el traslado de la jueza Mariana Motta. Este lamentable fallo materializa un acto de criminalización de la protesta pacífica, con lo cual se ataca y desvirtúa un derecho constitucional y humano esencial, como es el derecho de protesta de las y los ciudadanos, ante actos o hechos de naturaleza arbitraria por parte del Estado”.
“Por último, las organizaciones expresan su indignación y repudio ante las sanciones practicadas en San José, contra docentes de Secundaria que efectuaban una actividad sindical. Estos actos de represión o intimidación, no hacen más que deteriorar la calidad de las libertades democráticas y, por tanto, ponen en serio peligro la convivencia, la tolerancia y en particular, el respeto a los derechos humanos de los habitantes, a que está obligado el Estado, en virtud de los tratados internacionales ratificados por nuestro país”.
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*Foto de portada: Ernesto Ryan, de La Diaria / Protesta frente a Torre Ejecutiva: Victoria Sequeira de 'Memoria en Libertad'