Hemos dicho presente (y nos lo han permitido) en la sede de la Confederación de Trabajadores de Cobre en Santiago de Chile -a donde nos costó llegar, por el control ejercido por los mismos trabajadores del lugar, dado que según nos dijeron llegan muchos “infiltrados”- a solidarizarnos con la causa y a conversar con las madres de los presos políticos de la llamada “revuelta popular” que comenzó el 18 de octubre de 2019. Los presos políticos que comenzaron una “huelga de hambre”, como una herramienta desesperada de presión a los senadores que tramitan el proyecto de “ley de Indulto”, el que fue presentado por parlamentarios de oposición y que lleva 10 meses dando vueltas sin que haya resultados. El proyecto está listo para ser votado, vale decir, que está listo entrar en el último trámite legislativo. Ocurre que la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado oportunamente aprobó en particular el proyecto de indulto a presos del estallido social. En consecuencia, la iniciativa se encuentra ahora para ser sometida a votación en el seno de la Sala de la Cámara Alta.
Son decenas de muchachas y muchachos sin debido proceso, que se encuentran en prisión preventiva sin cargos, con “irregularidades legales” e incluso riesgos para la salud, por las pésimas condiciones sanitarias de los recintos carcelarios donde están. Los familiares y abogados recordaron que en la inmensa mayoría de los casos donde se logró un proceso judicial, este determinó que quedaran absueltos, se desestimaron supuestas pruebas, no se pudo acreditar delito alguno y la mayoría fue dejada en libertad después de meses en prisión. Sin embargo, a esta fecha, quedan aún 81 presos con un componente político.
María José Marchant, vocera de la Asamblea de Familiares de Presos Políticos de la revuelta, dialogó con Antimafia Dos Mil y fue muy precisa en su testimonio: “A nosotros ayer nos comunicaron que el proyecto no se vota el martes 2 de noviembre próximo, y no tiene fecha aún para votarse. Nosotros estamos en huelga de hambre, hay cinco madres ya en su cuarto día y han bajado cuatro kilos, están con supervisión médica. Nosotros vemos esto, como una forma desesperada de pedir al Senado que mueva el proyecto de Ley de Indulto a los presos, porque nuestros hijos no son delincuentes, ellos son luchadores sociales, que salieron a pedir pensiones dignas, y en general, por un país más justo. Ya en dos años, lo único que se ha conseguido son presos”.
“Pedimos encarecidamente el apoyo de la ciudadanía, de las madres, pues sabemos que algunos de ellos han bajado 20 kilos, están en estado de desnutrición y hay varias condenas a 15 o 30 años, a cinco años y un día, y sin pruebas concretas y concluyentes, donde hubo de por medio, Carabineros infiltrados. ¡Queremos a nuestros hijos de vuelta en casa, con la certeza de que son inocentes”. (1)
Los familiares en huelga de hambre continuarán entregando antecedentes y protestando para que se decida sobre el proyecto de indulto y se tomen las medidas judiciales respectivas. “Convocamos al pueblo organizado que nos apoyen en esta lucha, es justa y necesaria”, declaró la vocera de familiares, Verónica Verdugo. Ella, también representante de la Asamblea de Familiares y madre de Nicolás Ríos, puntualizó “el gobierno se ensañó con ellos. Hablan de orden público, nos endosan a nosotros la responsabilidad del orden público y es una vergüenza porque nos hemos reunido muchas veces con personajes políticos que nos dicen que si nosotros les garantizamos el orden público… ¿De qué están hablando? Eso lo deben garantizar cuando den dignidad a este país, cuando se hagan cargo de las demandas sociales, cuando dejen de reprimirnos, cuando dejen de criminalizar la protesta social”.
“Nosotros dijimos verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Continuaremos con la huelga de hambre hasta que el Senado ponga fecha al proyecto de ley y lo vote a favor, porque es justo y necesario por la libertad de todos y todas las presas de la revuelta”, concluyó la representante que mantiene el ayuno junto a otras dos personas en una sede de la Confederación de Trabajadores del Cobre.
Versiones distintas sobre los presos
Siempre se ha dicho por parte del oficialismo, de manera persistente y majadera, que en Chile no existen “presos políticos”; hay que tener claro que preso político es quien ha sido restringido de su libertad “por sus ideas”. Sin embargo, aquí en general se habla de “presos políticos” por el uso excesivo de la “prisión preventiva”, cuya motivación es política.
En un seminario dictado en la facultad de derecho de la Universidad Diego Portales, se trató el tema de la prisión política, en estos términos: “Tiene ideas que son contrarias al gobierno que está en el poder. Pero, esto hay que entenderlo, ideas principalmente en un gobierno de facto, autoritario o totalitario”, añadió el académico Sergio Peña, doctor en Derecho y académico de la Universidad Mayor. “Esa es la esencia de lo que es ser un preso político“. Esto va en la línea con lo señalado por el director de la División de las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, quien afirmó que “presos políticos son esencialmente presos de conciencia; personas que son perseguidas por sus ideas, por sus opiniones, simplemente por tratar de promover una idea diferente de la oficial”.
Luis Rojas, también doctor en Derecho y académico de la Universidad Alberto Hurtado, coincidió en la definición de preso político: “Es una persona privada de libertad solamente por manifestar o expresar determinadas concepciones políticas, visiones en que el Estado debiera organizarse”. Eso, agregó, sin atender la ampliación del concepto que se ha dado en la discusión pública, donde se ha invocado esta calidad de preso político para quienes “están privados de libertad pero que cometieron un delito con alguna connotación política“.
Luego de las declaraciones del subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, que responsabilizó a los candidatos presidenciales, Gabriel Boric y Yasna Provoste por los hechos de violencia acontecidos la tarde del lunes 18 de octubre durante la conmemoración del segundo aniversario del estallido social, el proyecto de ley de indulto a los “presos de la revuelta”, volvió al tapete de la agenda nacional, en una semana marcada por declaraciones cruzadas entre los distintos bloques políticos en relación a esta iniciativa en medio de la campaña presidencial.
En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el abogado integrante de la Defensoría Popular, Lorenzo Morales, aseguró que las declaraciones del subsecretario Galli no tienen fundamento, ya que quienes actualmente están en prisión preventiva acusados de delitos en relación al estallido social “son 81 personas que tienen irreprochable conducta anterior y no tienen nada que ver con los ilícitos y circunstancias fácticas que da a conocer el subsecretario”, afirma.
Sin embargo, las condiciones de privación de libertad que deben enfrentar los “presos de la revuelta” es una situación que genera preocupación en el equipo jurídico, que defiende a estas personas imputadas por el Ministerio Público.
“Para nosotros es un tema presente, que queremos revocar sí o sí a través de medios que no son convencionales, como recursos de revisiones y de amparos, porque nos parece que los presos están en un estado de salud malo. Ellos han bajado mucho de peso por esta situación, teniendo en cuenta que nunca han estado en las otras cárceles, tal como les pasa a los presos comunes”.
En esa línea, Lorenzo Morales explicó que “los presos comunes llegan a un lugar en donde, de alguna manera, hay otras personas que los conocen”. Sin embargo, esta situación dista mucho de la realidad de sus defendidos ya que, en base a una irreprochable conducta anterior, los acusados por delitos en el contexto del estallido social “no tienen este compromiso delictual que está dentro de las cárceles, que finalmente es un problema endémico que tienen las cárceles chilenas. Ellos no están clasificados debidamente”, señaló.
Con respecto al uso de la medida cautelar más gravosa sobre los “presos de la revuelta”, el abogado destacó que, durante la discusión del proyecto del indulto en las comisiones de Derechos Humanos, de Seguridad y de Constitución de la Cámara Alta, senadores de todas las bancadas “establecieron de que había una cuestión que no era discutible, que habían prisiones preventivas excesivas. Es una condena anticipada”.
Asimismo, Morales señaló que en los próximos días arribará a Santiago un Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas “y va a ir a visitar a los presos para revisar todos estos casos, y finalmente tenga una admisibilidad, un reclamo formal, ante las Naciones Unidas por esta amplitud de la prisión preventiva que, y es una cuestión que dice la doctrina y también la jurisprudencia, ha sido en el caso de nuestros representados una pena anticipada”.
En la misma línea, el abogado de la Defensoría Popular aseguró que “la ley de indulto es la salida política” en la situación actual que mantiene en privación de libertad a personas que tienen irreprochable conducta anterior, una realidad que pretenden exponer ante el máximo tribunal del país.
“Ellos llevan 706 días en prisión preventiva, lo que a todas luces es excesivo. No hay un caso parecido. Es el caso más excesivo. Esa cuestión, en términos comparativos, con otros casos de igual naturaleza o con otros casos penales, no hay comparación”, denunció Morales.
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(1)https://youtu.be/mBiVZt7MuHs
*Foto de portada: radiouniversidaddechile.com