Por Claudio Rojas desde Chile-16 de marzo de 2021

En Santiago de Chile, comenzó a aplicarse la llamada “fase 2” de la pandemia, en toda la ciudad, por lo que esperábamos, al igual que hace 10 meses atrás, fuertes medidas restrictivas y de control. Sin embargo, no vimos ni un solo policía o militar en esas funciones. Tal parece que ellos, que saben lo que está pasando, no temen ya al virus como antes, pues, aunque es más contagioso es menos letal, a juzgar por las cifras no sólo de Chile, sino mundiales. Sin embargo, el gobierno que tiene en el virus su mejor aliado, el jueves pasado había extendido el “estado de catástrofe” hasta junio próximo, aduciendo la gravedad de los contagios. Lo único que queda muy claro es que al gobierno no le importa nada del virus, y sólo se sirve de él para el control social.

El Estado opresor, a través de su policía política están desatados atacando impunemente al pueblo. El pasado viernes 12, hubo ataques alevosos contra manifestantes, pero también contra los puestos de salud, violando todo protocolo nacional e internacional. También se hizo un copamiento con miles de policías para no permitir ocupar Plaza de la Dignidad (explaza Baquedano o Italia), siendo que el día anterior estuvieron exuniformados y grupos de la derecha chilena ocupando el mismo lugar con la protección y el amparo de la policía.

Se hace también la denuncia de detenciones ilegales y arbitrarias permanentes, torturas y abusos a detenidos/as, hostigamiento y acoso a prensa independiente y observadores de derechos humanos. Uso de químicos y gases fuera de toda norma internacional e incluso nacional, provocando graves lesiones y quemaduras a manifestantes, sin saber aún cuales pudieran ser las consecuencias a futuro.

El sábado 13 de marzo, se produjeron varios allanamientos y detenciones (incluidos/as menores de edad) en diferentes sectores de Santiago y regiones del país, a comedores comunitarios (las llamadas ollas comunes) y centros culturales. Todo esto con la complicidad y el silencio de los medios masivos oficiales y de los partidos políticos tradicionales que no sólo callan, sino también entregan todas las herramientas para que este régimen ilegítimo, con una aprobación del 4,6 por ciento, siga ejecutoriando estados de excepción y toques de queda, con militares en las calles, reprimiendo y acosando al pueblo. Existe en consecuencia, una política sistemática de amedrentamiento como una forma de aplacar cualquier forma de organización y posible movilización.

Mario Vargas Llosa fue quien definió los 70 años de hegemonía del PRI en México como la Dictadura Perfecta. Para todos los efectos, México era un gobierno democrático: había elecciones cada cierto tiempo y la gente participaba de ellos. Lo que no se decía es que no había oposición política y que había un férreo control militar y policial sobre la población civil, prueba de ello es la Masacre de Tlatelolco en 1968, donde aún no se sabe la cifra exacta de jóvenes asesinados por ese “gobierno democrático”. Algo parecido podríamos decir del actual gobierno chileno: Piñera se sustenta en el apoyo que le dan las fuerzas armadas y carabineros, y, en la práctica, no existe una oposición política. Buena parte del Congreso y los supuestos partidos de oposición (PS-PR-PPD-DC) aprueban sin chistar y a ojos cerrados todos los proyectos que les envía el Ejecutivo. Es lo que ocurrió con la votación para extender el Estado de Excepción y el toque de queda hasta el 30 de junio, y, sin embargo, la ciudadanía está convocada a participar en las elecciones del 11 de abril. Es decir, vivimos en un remedo de democracia, en una burda parodia.

Para que una dictadura sea perfecta no solo requiere de un gobierno represor, también de una falta de oposición, y es lo que vemos actualmente en el país: una patética genuflexión de la exconcertación a favor de todos los dictámenes que se le ocurren a Piñera. Así, sucede la paradoja que el presidente con el mayor rechazo de la historia cuenta con un fuerte respaldo no solo de las FFAA, sino que del Partido del Orden de los seudoprogresistas. Esperamos que la ciudadanía y los electores consideren este factor no solo al momento de ir a votar por sus alcaldes y constituyentes en abril próximo, sino, sobre todo, cuando debamos renovar a los “honorables” en el Congreso a fines de este año.

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*Foto de portada: www.elciudadano.com