Cerrar un episodio histórico como un genocidio no es nada fácil. El daño sufrido sobre la conciencia social impone un largo y constante camino de recuperación desde lo individual a lo colectivo. Y ese proceso involucra necesariamente la transformación de la matriz cultural e ideológica de las instituciones del Estado.
Argentina hoy se presenta ante el resto del mundo como un ejemplo en materia de juicio y castigo a los culpables, de haber cometido o participado en crímenes de lesa humanidad. Pero en comparación a la magnitud de lo ocurrido, nos preguntamos si estamos a la altura de lo que creemos que somos, o si por el contrario mirar siempre el vaso medio lleno de los logros parciales conseguidos, forma parte de la cultura de impunidad que opera como estrategia para que nada cambie.
Hace poco en una entrevista Carlos “Sueco” Lordkipanidse, exsobreviviente de la ESMA y querellante en varias causas de lesa humanidad, nos explicaba respecto a la necesidad de abrir los archivos de la dictadura para acelerar los juicios: “Para tener un panorama general de la situación, lo que te puedo decir es que efectivamente condenados de los juicios que se hicieron a lo largo y ancho del país, hay 600 genocidas… si se representan los 600 centros clandestinos que hubo en el país, te da un represor por centro clandestino, lo que sería absolutamente absurdo, porque se entiende que esos centros no pueden funcionar con una sola persona”.
Según el último informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad existe un franco retroceso para establecer una justicia efectiva. En ese último periodo se abrieron en total 623 causas, de las cuales se dictaron sentencias en 250 de ellas. Pero solo en el 30% hubo una condena firme. El 70% restante ingresaron dentro de los laberintos de los procedimientos de la burocracia judicial, donde los tiempos empleados terminan siendo una excusa puramente técnica para desvirtuar la gravedad de los hechos que se están juzgando. Las recusaciones en muchos casos quedan dilatadas porque la Cámara Federal de Casación Penal, o la Corte Suprema de Justicia, no resuelven. Según Guillermo Torremar, presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), durante una entrevista para Radio Nacional explicaba: “Como abogados querellantes en causas de lesa humanidad, siempre establecemos un criterio muy diferenciador, entre un delito común y un delito de lesa humanidad. Cuando hablamos de delitos de lesa humanidad, hablamos no solamente de delitos que han ofendido a la víctima, sino que han ofendido a la sociedad y a la humanidad en su conjunto. Delitos que han sido cometidos desde el estado en la más absoluta clandestinidad y delitos que en muchos casos se siguen cometiendo, porque la desaparición de personas es un delito continuo, porque el desaparecido sigue hoy estando desaparecido”.
En casos recientes podemos ver ejemplos de cómo la justicia operando así, en el mejor de los casos (por decirlo de algún modo) no produce el valor institucional que le corresponde para la reparación de la memoria histórica. En el juicio que se lleva adelante por la masacre de Trelew (ocurrida el 15 de agosto de 1972) todavía no se pudo confirmar las sentencias: “El 22 de diciembre del 2020 la Corte Suprema de Argentina después de demorar seis años, decidió devolver la causa a la Cámara de Casación, al entender que el recurso utilizado para confirmar las sentencias estaba mal otorgado. Por medio de un fallo firmado por Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, la sentencia sobre los fusiladores de la masacre de Trelew, del tribunal de Comodoro Rivadavia del 2012 y que había sido confirmado por la Cámara de Casación en el 2014, quedó de este modo en suspenso”.
En el 2012 habían sido condenados a cadena perpetua en este juicio Carlos Amadeo Marandino, Luis Emilio Sosa y Emilio Jorge Del Real. En el 2014 la Cámara Federal de Casación Penal falló por unanimidad, calificando los hechos ocurridos como delitos de lesa humanidad, confirmando las tres sentencias anteriores y anulando las absoluciones a otros dos implicados, Jorge Bautista y Norberto Paccagnini. Pero de estos cinco imputados, cuatro ya han fallecido en el transcurso de la causa: Sosa y Del Real en el 2016, Bautista en 2018 y Paccagnini en 2019. Además de Marandino, el otro fusilador con vida es Roberto Bravo, pero antes de poder procesarlo es necesario que sea extraditado de su exitosa vida de millonario en los EEUU.
A finales del año pasado, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) emitió una declaración en la que habló de "demoras injustificadas" por parte de la Corte Suprema de Justicia para resolver los recursos pendientes de causas de crímenes cometidos por la dictadura militar. “El paso del tiempo atenta contra la justicia. Los imputados mueren antes de tener una condena firme. Las víctimas fallecen sin haber obtenido justicia y reparación. Esta situación es inaceptable y expone al Estado argentino a la responsabilidad internacional por no investigar y sancionar de forma adecuada los crímenes del terrorismo de Estado”.
"Es necesario y urgente que la Corte, como cabeza de uno de los tres poderes del Estado, se imponga a sí misma la obligación de resolver a la brevedad todas las causas por delitos de lesa humanidad que se encuentran pendientes", señalaron desde el CELS.
Desde las leyes de Punto Final y Obediencia Debida hasta el 2006 cuando fueron derogadas y comenzaron nuevamente los juicios, los grupos de sobrevivientes y familiares de las víctimas que impulsaron la búsqueda de la justicia desde el comienzo de la democracia, quedaron desamparados por el Estado y expuestos al aparato represor, que lógicamente emprendió su propia guerra sucia contra aquellos que habían tenido el coraje de hacerles frente y denunciarlos. En estos estos últimos 14 años, la impunidad continúo operando encontrando un mecanismo de refinación más sutil mediante la dilatación de las causas. Para el resto de la sociedad la falta de voluntad del aparato judicial para llegar a la verdad justificándose en los tiempos propios de cada proceso, queda desapercibida. Recientemente la familia Stirnemann (Laura Franchi y sus hijas Maria, Laura y Silvana) dieron su testimonio en el juicio de los “Pozos”, con la esperanza de llegar a obtener justicia por primera vez, por la muerte de su padre asesinado en 1975.
“El relato que teníamos de mi papá es que él se había ido con una compañera a Brasil y nos había abandonado. Busqué datos alrededor de él y estuve investigando. Logré hallar sus restos en el cementerio de Lomas de Zamora. Cuando pude desenterrarlo y darle sepultura gracias a los antropólogos forenses, pude comprobar que fue un homicidio porque así lo demostraban los indicios del cuerpo. Intente hacer un juicio al Estado pero estaban las leyes de amnistía vigentes. Cuando se anularon las leyes, comenzamos con los juicios por la muerte de papá. Eso está probado pero no se pudo juzgar porque los imputados fallecieron en el transcurso y no hubo forma de hacer justicia. Por ello, a este testimonio también lo estoy dando porque sería la primera causa en la que se puede hacer un poco de justicia respecto a lo sufrido por mi familia”.
El 2020 fue el peor año (y no por la pandemia)
El último informe de la procuraduría deja en evidencia que el 2020 fue el peor de todos los años en materia de juicios contra genocidas. Tan solo se iniciaron seis causas y hubo nada más que nueve sentencias. Desde el poder judicial argumentan que el servicio de justicia se complicó y lentificó por la pandemia, sin embargo la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad señaló que si hubiesen dictado veredicto en el total aquellas causas que no fueron iniciadas durante el 2020, el descenso hubiese sido similar al del año 2018 donde hubo 18 sentencias, 10 menos de las 27 del 2017. La pandemia de ninguna manera justifica la tendencia de no resolución que se viene sosteniendo desde hace años.
Y como si esto fuese poco, lamentablemente todo pareciese empeorar notablemente a partir de este año: de las 373 causas en las que aún no se ha dictado sentencia, 18 están en etapa de debate, 75 están elevadas a juicio y solamente 2 de ellas tienen fecha de inicio en para el 2021.
No podemos negar que una de las continuidades más peligrosas de la feroz dictadura genocida, sigue presente dentro del aparato judicial.
La batalla por la memoria, justicia y verdad continúa… aún bajo estas circunstancias.
¡Venceremos! ¡Son 30.000!
¡Nunca más, es nunca más!
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*Foto de portada: www.cij.gov.ar / Corte Suprema de la Nación Argentina