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REPUDIABLE, PROFESIONALES DE URUGUAY ASESORAN A NARCOS
POR LAVADO DE ACTIVOS
Por Jean Georges Almendras

georgesLa responsable de este verdadero aquelarre, en el seno de la sociedad uruguaya y en el ámbito de los profesionales universitarios, resultó ser una organización de narcos colombianos estrechamente vinculados con un abogado y un escribano, cuyo cometido no era otro que dedicarse -en exclusividad- al lavado de activos, como parte de una muy bien montada red de ribetes mafiosos.

Los narcos colombianos, que ya estaban bajo la mira de las autoridades en el 2006 -momento en que la ley descargó su furia sobre ellos, incautándose más de 300 kilos de cocaína y enviándose a la cárcel a unas 30 personas, entre ellos pilotos de aviación, en el marco de un operativo policial denominado “Campanita”- por aquellos tiempos y pese a las dificultades que les ocasionaron los operadores de justicia, no restringieron sus actividades ilícitas. Todo lo contrario, continuaron realizando su cadena de defraudaciones, en perjuicio del sistema financiero y de la plaza comercial uruguaya.  Y esta gente tanto estiró de la soga, que un buen día –de finales de noviembre- salieron a la luz pública sus sendas maniobras que se venían desarrollando, impunidad mediante. Y como si fuera poco, contando con el apoyo de universitarios uruguayos, algunos de ellos, de reconocida trayectoria profesional, como es el caso del abogado penalista Carlos Curbelo Tammaro y del escribano Daniel D´Angelo, de reconocida trayectoria en el negocio inmobiliario en Punta del Este.

Los famosos profesionales, constantemente cubiertos con la máscara del cinismo más descarado y amparados en su prestigio, siguieron adelante con su vida profesional, inmersos en una sociedad que no hacía otra cosa que darles reconocimiento e ignorando que ellos al mismo tiempo venían conviviendo con los mafiosos, asistiéndolos y asesorándolos para el buen desempeño de sus logros y cometidos. Era lo que le faltaba a la comunidad uruguaya.

Cuando la noticia del vínculo de estos profesionales con el narcotráfico colombiano ganó la calle, el titular de la Secretaría Nacional Antilavado de Activo, Ricardo Gil, dijo a los periodistas locales “este es el caso más importante. Sin duda, concentra muchas cosas de las que hemos venido planteando y haciendo. Es una organización dedicada a lavar, no a traficar, con una estructura muy sofisticada, con profesionales muy conocidos en el medio que participaron activamente. Creo que es un caso bastante emblemático y en el que se marca un punto interesante para la experiencia. Además es el caso más complejo. Creo que tenemos que acostumbrarnos a que así como hay narcotraficantes locales que su proceso de lavado es comprar una casa a nombre de alguien o con una sociedad muy desarmada, hay casos como este, complejos. Este es un país que no tiene experiencia, no tiene gente formada en estas investigaciones. Se ha aprendido en estos años y sin dudas se cometieron errores. Era inevitable porque nunca se había hecho una investigación de este tipo. Y de todos los procesamientos dispuestos por la justicia, de todos los casos, es sin duda el más complicado”

escanear0001¿Quién es Carlos Curbelo Tammaro? Un reconocido abogado penalista, que además de ser el titular de un suntuoso estudio jurídico, es el actual representante legal de la empresa Tenfield y recientemente del empresario Francisco Casal –en el juicio penal por defraudación tributaria- y también fue defensor del ex canciller Juan Carlos Blanco y del ex dictador Gral. Gregorio Alvarez, siendo además su amigo personal. Pero, por si fuera poco, Curbelo fue defensor de una de las personas procesadas por narcotráfico, precisamente al concretarse el operativo policial denominado “Campanita”.
Cabe recordar que el procesamiento con prisión del prestigioso abogado y de otras personas se inscribe en el marco de una tercera fase del operativo Campanita, tomando en cuenta que la maniobra comenzó en el año 2006, con una operación que oportunamente permitió el procesamiento de varias personas, lo que también facilitó a la autoridades descubrir que en nuestro país operaba una organización colombiana que se dedicaba expresamente a lavar dinero en el Uruguay. Resulto ser el momento clave para el abogado, quien fue el defensor del colombiano José Luis Suárez, cabecilla de la organización desmantelada. Asimismo, recordamos que el año pasado, dentro del mismo operativo la Justicia envió a la cárcel al contador Ruben Weizman.
Carlos Curbelo Tammaro fue detenido la noche del martes en su casa de Carrasco por policías de la Brigada Antidrogas, siguiendo instructivos del Juez Penal Federico Alvarez Petraglia. La investigación judicial se centró respecto a su participación en la venta de dos inmuebles de alto valor, uno en Punta del Este y otro en la Ciudad Vieja, de Montevideo, como asesor y como representante del narco colombiano Suárez, cuyo hermano también compareció ante el Juez Alvarez Petraglia, por su participación en negocios de compra de inmuebles que se presume se realizaron con dinero proveniente del narcotráfico.
Trascendió que en la sede judicial, durante la jornada del miércoles 25 de noviembre, y mientras venía declarando el abogado Curbelo -defendido por su colega Miguel Langón, otro enminente abogado penal y ex fiscal de lo Contencioso Administrativo- el hermano de Suárez se sintió mal por lo que no hubo otra alternativa que trasladarlo en una ambulancia a un centro asistencial.
El magistrado, esa misma noche, dispuso el procesamiento con prisión de un total de cinco personas. Los delitos imputados por el juez Alvarez Petraglia y el fiscal Diego Pérez están previstos en la ley de “Estupefacientes” del año 1974 y que fue actualizada en 1998. Al narco colombiano José Luis Suárez –que ya está en prisión por haber sido procesado en el 2006 por el delito de “lavado de activos” de la organización de narcotraficantes liderada, por el narco colombiano Alex Pareja, detenido en Brasil- ésta vez se lo halló responsable del delito de “tráfico de estupefacientes” previsto en el artículo 32 de la Ley; un ilícito que prevé una pena que va desde los 20 meses de prisión a 18 años de penitenciaría. Al hermano de José Luis Suárez –cuyo malestar en la sede judicial no constituyó obstáculo para procesarlo- se le tipificó un delito de “lavado de activos” cuyo texto, el artículo 55 de la ley, especifica lo siguiente:” el que adquiera, posea, utilice, tenga en su poder o realice cualquier tipo de transacción, sobre bienes, productos o instrumentos que procedan de los delitos tipificados por la presente ley o de delitos conexos, o que sean del producto de tales delitos, será castigado con una pena de veinte meses de prisión a diez años de penitenciaria”.
Por ese mismo delito fue procesado el escribano Daniel D`Angelo, que intervino en las escrituraciones de los bienes inmuebles que fueron comprados y vendidos por la organización mafiosa, liderada por colombianos desde territorio brasileño. Por su parte, el abogado Carlos Curbelo Tammaro marchó a la cárcel porque el juez y el fiscal consideraron que el profesional violó el artículo 57 de la ley de estupefacientes, que hace referencia a la asistencia a la actividad de “lavado de activos”; sencillamente porque el profesional prestó asesoramiento jurídico en las transacciones realizadas por el grupo que lidera Suárez. En tal sentido, el texto de la ley dice así: “el que asista al o a los agentes de la actividad en los delitos previstos en la presente ley o delitos conexos, ya sea para asegurar el beneficio o el resultado de la actividad, para obstaculizar las acciones de la Justicia o para eludir las consecuencias jurídicas de sus acciones, o le prestare cualquier ayuda, asistencia o asesoramiento, será castigado con una pena de doce meses de prisión a seis años de penitenciaria”
Finalmente la quinta persona procesada con prisión, relacionada con éste caso, fue un narcotraficante que también se encuentra preso como resultado del operativo del año 2006.
Luego de estas resoluciones judiciales se pudo saber que la investigación se centrará ahora en la recuperación de los bienes adquiridos por la organización con dinero proveniente del narcotráfico y que el pedido de procesamiento del fiscal Pérez señala, entre otras cosas, que Curbelo Tammaro prestó su asesoramiento “con el fin de poder enajenar dichos bienes, procurando con ello que los mismos no fueran alcanzados por la Justicia. Asimismo se constató que Curbelo –con 45 años de ejercicio de la abogacía- puso 180 mil dólares de su bolsillo para que el narcotraficante a quien representaba, comprara desde la cárcel, una torre en Punta del Este.
Según algunas fuentes judiciales se tomó conocimiento, que del auto de procesamiento se desprende que “hay elementos de convicción suficientes para seguirles un juicio penal”. Las fuentes confirmaron además que este es el inicio del proceso penal y la sanción referida al tiempo que estarán privados de su libertad se conocerá al final de dicho proceso y que la sentencia podría conocerse recién dentro de un año o un año y medio.
Trascendió además que los inmuebles adquiridos por el narcotráfico, ascienden a los dos millones y medio de dólares y que todo se pudo probar –en el marco de una prolija investigación, iniciada hace tiempo- a través de escuchas telefónicas y de la figura del “arrepentido”: en tal sentido se supo que tres personas, integrantes de la organización mafiosa, oportunamente realizaron acuerdos para reducir sus penas a cambio de información que resultó sumamente útil para incriminar a los ahora procesados.
Precisamente, y a propósito de la organización criminal desmantelada, el director del Centro de Capacitación en Prevención de Lavado de Activos, Ricardo Gil, explicó la importancia de los elementos internacionales en el caso:”por el lado de Uruguay está muy clara la relación con ese grupo de narcotráfico que lideraba Pareja y estaba instalado en Brasil. Parte de la plata entró a Uruguay y fue para Brasil .Por alguna razón, que no hace a las autoridades uruguayas, Pareja fue detenido en Brasil y luego fue liberado. Por lo que yo sé su liberación por un tema formal en el proceso y no porque se haya demostrado su inocencia. Independientemente de ésta circunstancia, como acá se agarró droga, no dependemos de si Pareja es o no narcotraficante procesado en Brasil, la droga acá apareció, está claro de que grupo era. Está clara la función que cumplía Pareja y la gente que está detenida acá”
Otro aspecto del caso, que se relaciona con las escuchas telefónicas que constituyeron una prueba para procesar a los profesionales, fue aludido por la defensa del penalista Curbelo Tammaro que sostiene que se lesionó el derecho del libre ejercicio de la profesión.
A lo que Ricardo Gil precisó:” acá lo que sea demostrado es que esos profesionales hicieron cosas que constituyen delito y que no tienen nada que ver con su relación profesional-cliente. En algunos casos el cliente estaba preso, entonces difícilmente iba a hablar con su cliente directamente por teléfono, salvo que él supiera que su cliente en la cárcel andaba con un teléfono arriba .Pero sí llamaron a terceras personas, sí negociaron cosas y eso claramente está demostrado. Algunos dicen que son cosas que pudo hacer un periodista, un funcionario, un jugador de fútbol o un bailarín. Fueron negocios con plata que ellos sabían que venía del narcotráfico porque además , ahí sí, si mi cliente está procesado por lavado, yo tengo claro que de la plata que él maneja tengo que cuidarme un poquito”
“El gran resultado de este caso, desde el punto de vista nuestro, además de lo que se detectó, de la gente que se encarceló y de los bienes que ahora se embargan, es que se armaron grupos de trabajo que en aquel momento fueron una especie de invento que hicimos y que ahora se han transformado en una herramienta permanente. Estas organizaciones tienen mucho poder, mucho peso, muy buenos asesores y depende de que nosotros sigamos trabajando bien, con gente que dispone de menos recursos pero que seguramente está más convencida de lo que hace y tiene otros valores”- fueron las expresiones de Gil, quien no tuvo reparos en advertir que este caso es una prueba evidente de que el sector inmobiliario es “de riesgo” porque es el más utilizado para las maniobras de lavado de dinero, razón por la cual destacó la entrada en vigencia –en junio pasado- de una nueva normativa sobre prevención y control de lavado de activos y del financiamiento del terrorismo. Dijo además que estas modificaciones incluidas a la ley del 2004, prevé la creación de varias figuras vitales para la investigación de organizaciones delictivas que operen en Uruguay: el agente encubierto y el “testigo protegido”, así como la vigilancia electrónica son algunas de las garantías que intenta dar el Estado para quienes colaboran dando información sobre maniobras ilícitas. Una de las modificaciones más importantes es trasladar algunas obligaciones a otros actores que hasta el momento no estaban incluidos, como todo el sector inmobiliario –con todos sus intermediarios en materia de inmuebles- y los escribanos que son quienes están presentes en todas las transacciones.
Gil puntualizó:”cuando arrancamos en el 2006 nos faltaba experiencia. Actualmente el Estado ya asumió este problema y lo definió como una prioridad. Para dar un salto se mejoró la ley y se crearon los juzgados especializados en crimen organizado. Uruguay avanzó mucho en el combate a este tipo de organizaciones pero queda aún mucho por hacer. Tenemos casos de lavado por narcotráfico, por trata de personas o corrupción, pero no tenemos casos de corrupción nacional o de contrabando, que sabemos hay”
Concluidas todas las instancias judiciales, al atardecer del miércoles 25 de noviembre, Carlos Curbelo Tammaro fue retirado del juzgado, escoltado por policías cubriendo sus rostros con capuchas, a modo de seguridad, por tratarse de un traslado de elementos relacionados con el narcotráfico.
Visiblemente agotado, luciendo un traje y sin corbata, y llevando un abrigo en su brazo izquierdo, el abogado penalista Curbelo cumplió con el mismo ceremonial de todo encausado por la Justicia: salir del juzgado y ascender a un vehículo policial, tal cual un delincuente, como los que defendía diariamente. Esta vez, la picota de la ley había caído sobre su persona, sobre sus intereses y sobre su perfil de hombre destacado en el ambiente jurídico. Un prestigio que se hizo añicos en el momento mismo en que decidió pactar con los narcos, inspirado quizás en la obtención de ganancias. Ganancias que no creo necesitara porque su trayectoria profesional le proveía del confort necesario para llevar su vida. Pero tal parece que el confort o la calidad de vida, no lo era todo, quiso más. Mucho más. Y lo obtuvo: porque además de los beneficios logrados con la organización mafiosa, su fama alcanzó niveles insospechados. Claro está, ahora del otro lado del enrejado penitenciario, como un recluso más. Un delincuente de “guante blanco”, que a los 73 años, causó una gran decepción a su núcleo familiar y allegados y a la sociedad que le dio educación: la básica y la universitaria; la sociedad que lo prestigió y que lo reconoció, por su capacidad profesional. Lamentablemente, la misma capacidad que puso al servicio de una organización mafiosa. Una opción que también eligió otro de los procesados: el escribano Daniel D`Angelo . 
Al tiempo que fuentes policiales y judiciales anunciaron para las próximas horas la realización de más instancias indagatorias, en el marco de más investigaciones dentro del Operativo Campanita -con intenciones de definir aspectos en el manejo de los bienes adquiridos con dinero narco- la defensa del abogado –según se pudo saber- procurará lograr una pronta excarcelación, aunque se estima que la misma no habrá de ser otorgada al menos hasta no haber transcurrido al menos unos seis meses. Por lo tanto, también trascendió que familiares y defensores del estudio del doctor Miguel Langón habrían de solicitar la reclusión domiciliaria argumentando que el procesado tiene una edad superior a los 70 años.
Los dados ya fueron tirados. Las resoluciones judiciales también. El proceso judicial de cada uno de los encarcelados se inicia. Pero en esencia y en la práctica la Justicia asestó un duro golpe al lavado de activos, lo que es decir, a quienes participan de sus ganancias y de sus beneficios, a riesgo de perderlo todo. ¿En estos mismos términos estará reflexionando Curbelo Tammaro , en el celdario del Módulo I del Complejo Carcelario de Santiago Vázquez ?

30 de noviembre 2009

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