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A UN AÑO DE CREARSE DOS JUZGADOS ANTIMAFIA EN EL URUGUAY, CON UN SALDO POSITIVO

Por Jean Georges Almendras

juecesSi algo le faltaba al sistema judicial uruguayo, era la creación de dos sedes judiciales más. Y no se trató de una creación caprichosa: allá por el mes de diciembre del 2008, vale decir hace un año –si el calendario no nos resulta engañoso- la noticia de que se daría ese paso , se esparció como reguero de pólvora. Una pólvora en todo el sentido de la palabra, porque el paso que daba el Estado uruguayo, ergo el Poder Judicial, era verdaderamente una pólvora para el crimen organizado operante en nuestra sociedad y fuera de ella. No era un asunto caprichoso crear los Juzgados especializados en Lavado de Activos y Crimen Organizado, era una necesidad, como lo es ahora, pensar que sería conveniente especializar a más jueces y crear más juzgados, aunque el presidente de la Suprema Corte de Justicia, doctor Jorge Larrieux opine en contrario.

graciela gattijorge diazHace un año fueron designados como sus respectivos titulares dos jóvenes jueces, ambos con su respectiva trayectoria. Nos estamos refiriendo a los doctores Jorge Díaz y Graciela Gatti. Hasta ese momento él se desempeñaba como titular del juzgado penal de 4to turno y ella como titular del juzgado penal de 7mo turno.
Oportunamente ambos se habían postulado tras un llamado que realizó la Suprema Corte de Justicia para cubrir estos puestos, vigentes a partir del 1ero de enero, aunque se había previsto que las sedes judiciales recién comenzarían a funcionar en febrero del 2009, al terminar la Feria Judicial.  

.Si bien en aquel momento no se tenía un espacio físico propio, estaba previsto habilitar un edificio de la Ciudad Vieja, en la calle Buenos Aires, para las primeras etapas de funcionamiento; y más adelante, quizás para finales de año, adquirir un inmueble propio. A medio año se concretó la compra del edificio propio en la zona del Prado, edificio que será habilitado quizás en los primeros años del 2010.
Retomando aquellos días de la creación de los juzgados especializados, el prosecretario de la Presidencia de la República y presidente de la Junta Nacional de Drogas, reconoció que habilitar estos juzgados significaba asumir que el crimen organizado se encontraba instalado en el país y era importante “tomar las medidas precautorias necesarias para cortarlo a tiempo antes de que tome un volumen que se vaya de las manos”.
Por su parte, el titular de la Secretaría Nacional Antilavado de Activos, Ricardo Gil Iribarne dijo que el “lavado de activos nunca va a desaparecer por lo que el país debe levantar barreras que lo hagan más difícil subsistir”. También señaló que se lava dinero, tanto en el sistema financiero como en el sistema inmobiliario, puntualizando estar convencido que hay otros sectores involucrados: como el carnaval y el fútbol. En este sentido dijo que el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) llegó a la conclusión que los clubes de fútbol están siendo utilizados para ocultar dinero sucio. Y agregó que el 90 por ciento de los casos el dinero proviene del narcotráfico estando absolutamente convencido que se lava plata de otros lados, como el contrabando y la corrupción.
Los dos magistrados elegidos para los puestos, contaban en ese momento, con todos los requisitos requeridos: jóvenes y sin sanciones, observaciones o sumarios administrativos en el desempeño de sus tareas como jueces penales .Por otra parte, ambos tenían en su haber cursos de especialización, habiendo ingresado en la órbita penal en el año 2005, momento en que ambos iniciaron su capacitación en el combate al lavado de activos, narcotráfico y delitos conexos mediante cursos realizados en el extranjero y en el Uruguay, con docentes nacionales y de otros países.
Por su parte, y paralelamente a toda esta intensa actividad de capacitación, el juez Jorge Díaz participó de la Comisión creada por la Prosecretaría de la Presidencia, coordinada por María Rosa Longone a través de la cual se presentó un proyecto de ley con el objetivo de ampliar la base de delitos conexos al lavado de activos y crear nuevas metodologías de investigación.
Hay que consignar, como dato muy importante, que Díaz fue el primer juez uruguayo en dictar procesamientos por lavado de activos y sólo en el año 2008 –antes de ser titular de la sede especializada en crimen organizado- intervino en tres procedimientos realizados por las autoridades y que permitió la incautación de más de 600 kilos de cocaína. Uno de los procedimientos que involucró a Díaz, como juez interviniente, fue el denominado “Carcerbero I” y “Cancerbero II”, que además permitió procesar al empresario Edward Yern.
En lo que respecta a la Jueza Graciela Gatti, la misma se destacó: primero, por tomar las riendas de una causa relacionada con la familia Peirano y segundo por promover un proceso judicial que derivó en la extradición del ex banquero Juan Peirano Basso desde los Estados Unidos, y en su posterior procesamiento por “insolvencia societaria fraudulenta”.
A mediados del 2009, y en el marco de una intensa actividad judicial a cargo de los jueces antimafia, los cuales se constituyeron en una sede provisoria, ubicada en la calle Buenos Aires , entre Juan Carlos Gómez e Ituzaingó , en el corazón de la Ciudad Vieja, la periodista del vespertino Ultimas Noticias Analía Parra entrevistó al Juez Diaz , abordándose termas inherentes a sus responsabilidades.
Oportunamente la colega tituló la nota bajo el título “Uruguay es un país ideal para el tráfico de drogas”, porque el magistrado señaló que “el Uruguay es un país chico, con una economía dolarizada, excelentes servicios telefónicos y de puerto, y pocos controles. Hasta hace poco no precisábamos visa para entrar a España ni Estados Unidos. El Uruguay es un país ideal para el tráfico de drogas. Se trata de un negocio que da mucho dinero”.
Luego agregó: “en Uruguay, no hay algo como la mafia siciliana, por suerte, pero sí existen redes criminales organizadas, de individuos que se van relacionando y asocian en operaciones puntuales. Y a su vez hay algunas organizaciones que tienen su jefe. Hubo tres casos, uno de un cártel colombiano y dos mexicanos, de operación en Uruguay, que han sido desarticulados. En el último procedimiento, el mexicano que fue detenido, dijo que fue enviado a abrir una ruta”
Consultado sobre si en el Uruguay había crimen organizado , Jorge Díaz Almeida dijo:” si hay un grupo de más de tres personas que se asocian para traer 300 o 400 kilogramos de cocaína, desde Bolivia o Colombia y mandarla a Europa, que hay que traerla, almacenarla, enviarla ¿ cómo lo llamaría? Allí hay una organización criminal. Lo mismo una organización que capta mujeres en el medio local y las lleva Europa a prostituirse engañadas. Los negocios más redituables son la droga, la trata de personas y el tráfico de armas”
En el marco de la entrevista Jorge Díaz recalcó “sin hablar de casos puntuales” que la dificultad mayor “la tenemos en las investigaciones de lavado de activos que involucran a más de un país. La cooperación internacional no es todo lo rápida que uno desearía. Tenemos dificultades en cuanto a los tiempos, entre que uno libra un oficio y lo manda a otro país tiene que tener suerte en que le manden la traducción. El Poder Judicial no tiene peritos traductores y hay que pagarlos. Hay oficios que se resuelven rápido porque Gatti y yo conocemos a colegas en el exterior”
Por último a Díaz se le preguntó cuál era nuestra posición respecto al mundo en materia del delito y en la investigación. Respondió: “estamos mal comparados en el tiempo, pero bien con la región y el mundo. Pero existe un problema y es que se han enjuiciado personas por delito de narcotráfico, que ya están presas. Yo tuve más de un caso de gente en el Penal de Libertad, lo único que hice fue agregarles años. Parece ser que la cárcel no los limita en su acción. No tenemos como en Brasil sistemas de bloqueo electrónico para que no puedan hablar por teléfono celular dentro de la cárcel. Debería crearse una cárcel de máxima seguridad para determinados tipos de individuos, sobre todo los que usan celulares para dirigir una organización de estas desde adentro”.
Pero la realidad del trabajo judicial, en ambas sedes, resultó ser intensa a lo largo del año. Desde el día primero de enero los jueces Gatti y Díaz dictaron 106 procesamientos, la mayoría por delitos de narcotráfico, incluidos también delitos contra la administración pública.
Si bien en los últimos meses causó conmoción el desmantelamiento de una red de narcotráfico liderada desde Serbia y a la que se le incautaron más de dos toneladas de cocaína (que ingresaron al país en un yate de alto valor, el cual fue anclado en murallones del Yatch del pueblo de Santiago Vázquez) estos procedimientos se han ido repitiendo a lo largo de todo el año. Golpes al narcotráfico y además al lavado de activos. Y estas causas no han sido exclusividad de los juzgados especializados en crimen organizado, porque recientemente –en los finales de noviembre del 2009- un juez penal –el doctor Alvarez Petraglia- asestó una brutal estocada al narcotráfico y al lavado de activos, como coletazo de otros procedimientos realizados tiempos atrás: nos estamos refiriendo al operativo policial denominado “Campanita” que oportunamente permitió la incautación de más de 300 kilos de cocaína y el envío a prisión de una treintena de personas. En ese contexto, se detectó la intervención de un prestigioso abogado penal -Carlos Curbelo Tamaro- como asesor e involucrado en las maniobras de los narcotraficantes; en consecuencia éste –más otro profesional universitario y dos narcos, uno de los cuales ya estaba preso- fueron procesados por el magistrado.
Por lo tanto, tal parece que el crimen organizado no solo tiene como enemigos suyos a los jueces especializados, sino que en realidad todo el sistema judicial parece ser que ha adoptado la actitud de no dar tregua a toda la lacra de corrupción establecida en nuestro país. Claro está sin perjuicio de lo que exclusivamente compete a los jueces Diaz y Gatti.
Una reciente estadística difundida a los medios de comunicación locales da cuenta de que en los primeros diez meses de funcionamiento de los juzgados especializados se iniciaron 238 expedientes para investigar presuntos delitos, de los cuales 124 aún están en trámite y 50 fueron archivados, mientras que 29 presumarios pasaron a etapa de sumario para continuar su estudio.
Se informó además que entre el día 1ero de enero y el 1ero de octubre, unas 93 personas fueron procesadas con prisión y 13 sin prisión. Sobre los delitos investigados, unos 68 se relacionan con el narcotráfico, unos 37 a delitos contra la Administración Pública y otros 24 a delitos de lavado de activos.
Cabe agregar que en las sedes judiciales especializadas se desempeñan además otros operadores de justicia; nos estamos refiriendo a los respectivos fiscales: doctores Ricardo Perciballe y Mónica Ferrero, cuya intervención es igualmente vital y determinante en cada una de las causas. Asimismo hay que señalar que en delitos como lavado de activos, defraudación tributaria, insolvencia societaria fraudulenta y trata de personas, las sedes tienen competencia en todo el Uruguay; pero en delitos del narcotráfico tienen competencia solo en Montevideo y en el departamento de Canelones, aunque pueden intervenir en el resto del país si inician la investigación.
Como complemento de este informe nos resulta grato señalar que recientemente la jueza Gatti y su colega Díaz recibieron a Antimafia Dos Mil para participar de un minidocumental que elaboramos para presentar en el 4to Congreso Internacional y 2do Nacional en la Lucha contra la Mafia y la Corrupción que se llevó a cabo en el mes de octubre, en la ciudad de Rosario, Argentina. Evento –organizado por la Facultad de derecho- y en el que participamos como ponentes. En esta oportunidad los magistrados uruguayos – a quienes se les había invitado como disertantes ,sin poder asistir por problemas personales- estuvieron presentes a través del documental y sus testimonios trazaron prolijamente los cometidos y las características de su trabajo, como jueces especializados en el crimen organizado.
Todo hace suponer que acá en el Uruguay estamos bien orientados en los caminos de neutralizar y dar resistencia al avance mafioso por el mundo, pero de todas formas, desde nuestro puesto de trabajo creemos que en Sudamérica aún no se tiene la suficiente conciencia del fenómeno mafioso. Una carencia que puede costarnos muy caro.

 

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