Desde el 2017, el castigo a los culpables es una asignatura pendiente en Argentina Por Jean Georges Almendras-27 de noviembre de 2020
No quedaron atrás aquellos días de violencia en la zona de Bariloche, conocida como Villa Mascardi, donde se encuentra instalada la comunidad mapuche Lof Lafken Win Kul , donde con la burda excusa de un operativo de desalojo, fuerzas especiales de la Prefectura Nacional Naval arremetieron a tiro limpio sobre los ocupantes (cuya única defensa consistió en arrojar piedras a los uniformados) hasta que uno de ellos, el joven Rafael Nahuel, fue alcanzado por uno de los proyectiles perdiendo la vida. No quedó atrás ese trágico momento, del 25 de noviembre de 2017. No quedó atrás ese crimen de Estado. Todo lo contrario, está más actual que nunca, sencillamente porque sigue impune. Sigue distante de los brazos de la Ley, porque se manipularon descaradamente todos los procedimientos tendientes a que se castigue a los culpables. Los culpables que oportunamente fueron identificados y acusados, y en especial quien efectuó los disparos (con un arma de reglamento), me estoy refiriendo al Cabo Prefecto Francisco Javier Pintos, quien un buen día (al igual que otros cinco prefectos acusados de “homicidio agravado”, los cuales tuvieron la posibilidad de permanecer en libertad en tanto se realizaban las instancias judiciales), no solo tuvo el privilegio de estar preso no más de 20 días sino que además fue literalmente sobreseído del cargo de homicidio por el Tribunal de Gral Roca. Hoy por hoy, a tres años exactos de esa barbarie, de la que es responsable política (e ideológica) la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich, entre otros personajes del sistema judicial, el caso está a fojas cero, pero no precisamente por ser un enigma la identidad de quien apretó el gatillo del arma asesina (que fue igualmente identificada y secuestrada por la Justicia) sino porque se fueron materializando ciertas anomalías en torno a la causa (y que favorecen de hecho a la impunidad reinante): como por ejemplo, que un día del mes de marzo del año en curso, se notó la desaparición del arma y de las balas que estaban bajo custodia judicial, justo cuando iban a ser trasladadas a Salta para una tercera pericia, siendo finalmente halladas luego (al día siguiente) en una caja de seguridad del juzgado de Bariloche. Cómo y por qué se concretó este desplazamiento de evidencia vital para la causa, es un verdadero misterio, porque nadie desde tiendas judiciales no solo se ha hecho responsable de lo acontecido, sino que además nadie ha sugerido la viabilidad de una investigación para echar aguas claras sobre el asunto.
La más absoluta impunidad sigue rodeando a este caso. Una impunidad que ya se dibujó el día mismo en el que las fuerzas de seguridad, después de irrumpir en el cerro de Villa Mascardi para el desalojo, instalaron la versión de un enfrentamiento a tiros, entre ocupantes de la Lof y los uniformados actuantes, cuando la realidad era muy distinta. Los integrantes de la comunidad mapuche no portaban armas de fuego y su nivel de vulnerabilidad, frente a un grueso contingente de efectivos de seguridad con armamento de guerra, era verdaderamente altísimo. Y el precio que se pagó aquel día, obviamente fue trágico, porque fue con piedras, palos y manos, que se resistió el desalojo: un desalojo criminal apoyado por armas de fuego que se dispararon a granel (según consta en los expedientes judiciales y según lo informaron testigos del operativo a los medios de prensa, las fuerzas de seguridad efectuaron más de cien disparos contra hombres, mujeres y niños, desarmados).
Han transcurrido tres años ya de esa escena propia del terrorismo de Estado, y lo que más nos indigna y nos pone frenéticos, y nos pone airados, es que el Estado persevera en dar vuelta la página, porque cada día de impunidad que transcurre es un día ganado por la violencia estatal.
Porque es violencia estatal criminal, fomentar y promover (por años) la impunidad, (cuando se trata de casos como el de Rafael Nahuel, Santiago Maldonado o Facundo Castro), y la indiferencia y la insensibilidad judicial, como camino elegido para obstaculizar verdades y para distorsionar investigaciones, o para enturbiar denuncias o luchas sociales.
Porque es violencia estatal criminal, ejercer desde los sitiales estatales (y a raja tabla) políticas de impunidad en torno a ciertos criminales responsables (materiales e ideológicos) de ciertos atentados a la vida humana, naturalizando en consecuencia las verdades a medias y/ o las historias oficiales sostenidas con mentiras y con montajes.
Mucho podríamos escribir a tres años de la muerte de Rafael Nahuel, pero creo que sería mejor comenzar a obrar para que los muros de la impunidad se derrumben, y pronto (para ayer, para ser más claro), y ya no necesariamente por una cuestión de necesidad, sino por una cuestión de compromiso con la verdad.
O como lo ha dicho Eladia Blázquez en su emblemática canción (maravillosamente interpretada por ella misma o por Marilina Ross), por “honrar la vida”.
Pero honrarla de verdad. Sin burdas hipocresías, ni elegantes demagogias.
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*Foto de Portada: www.mejorinformado.com