Pensaba en lo que está sucediendo en estos meses en que se están consolidando nuevas formas de «eliminación» de los magistrados que no se homologan con el sistema criminal de gestión ilegal del poder y que pretenden, con irreverente obstinación, hacer honor a ese juramento solemne prestado sobre los principios y los preceptos de la Constitución Republicana, que nació de la resistencia contra el fascismo.
Pensaba en lo que hoy pueden hacer cada uno de los magistrados para oponerse a una deriva autoritaria que ya ha modificado, de hecho, el orden constitucional de este país.
Pensaba en lo que puede hacer cada ciudadano de esta República para demostrar que, quizás, en este tiempo el único verdadero guardián de la Constitución Republicana no puede ser nadie más que el pueblo, con todos sus límites. En la espera de ese fresco perfume de libertad -del que habla mi amigo Salvatore Borsellino y por el cual lucharemos cada instante de nuestra vida, una lucha por los derechos y por la justicia que contraponen todavía a personas que viven en nuestro país- que nos hará comprender hasta que punto es concreto el hilo conductor que aúna los hechos más inquietantes de la historia judicial de Italia de los últimos 30 años, no tenemos que eximirnos de evidenciar algunas breves reflexiones.
En la espera de los proyectos de reforma de la justicia (con los que me parece que están de acuerdo todas las fuerzas políticas) que sancionarán, formalmente, una ulterior mortificación de los principios de autonomía y de independencia de la magistratura, no se puede no notar que los antedichos principios básicos de la razón de ser de esta profesión, la cual, si se le priva de independencia y autonomía, ejerce funciones que sirven al poder constituído- han sido y son mortificados precisamente por parte de quien debería cumplir con su función de garantizar y tutelar dichos principios.
En el ámbito de la Magistratura, en la onda de un cordón umbilical sistémático de gestión que puede estar oculta del poder, quizás con la excusa de evitar reformas consideradas poco aceptables, se procede, en el contexto del orden judicial, con la intención de perjudicar e intimar (adoptando incluso una inusitada deplorable violencia moral) a quien no se homologa, no tiene intención de pertenecer a nadie, no quiere someterse a la gestión quieta del poder y que opta por permanecer fiel y respetuoso de los valores constitucionales de igualdad, libertad e independencia. Sin embargo aquellos que deberían garantizar su tutela –también con el sistema de autogobierno- tienden, en realidad, a querer gobernar la magistratura desde su interior, haciendo que sea proclive a los deseos de los manipuladores del poder.
Pero no hay que tener temor. La historia –y antes que ella el conocimiento y la evidencia de los hechos cuando sean públicos- nos harán comprender aún mejor de lo que algunos ya han entendido bien, las verdaderas razones que están en la base de la toma de posición por parte de algunos magistrados (algunos de ellos consideran que cumplen una función de “representación”, en realidad, concretamente, infundada).
Lo que es evidente en este momento y que me parece importante es que, mientras se espera el fresco perfume de libertad que quitará de en medio algunos de los protagonistas indecentes de este período, es que cada magistrado juegue un papel activo, que no se desoriente, sino que se convierta en actor principal –dentro de sus límites pero con la gran “fuerza” de esta profesión que requiere deberes, antes que honores- de la salvaguarda de los valores constitucionales.
Cada uno de nosotros, los que han decidido hacer este trabajo con amor, pasión y profundo idealismo, tiene un lugar, dentro de la propia conciencia, del propio corazón y de la propia mente, de donde sacar la fuerza y la determinación en momentos de obscuridad. Este es el momento de echar mano a los recursos áureos: si sabemos ejercer juntos nuestras funciones en autonomía, libertad, independencia, sin miedo a ser eliminados por intimaciones institucionales o de «clave» disciplinarias utilizadas violando la Constitución Republicana.
Para mí las reservas de energía han sido y lo son todavía, sobretodo, las imágenes de Giovanni Falcone y de Paolo Borsellino, ya que precisamente en los días de los estragos mafiosos –de los cuales esperamos verdad y justicia por la complicidad sistemática en el ámbito de las instituciones- yo acababa de entregar los escritos de las oposiciones en la magistratura. Cuando Antonino Caponetto dijo que todo se había terminado, en mi corazón y en el de muchos otros magistrados hemos sentido algo que era demostrar que no tenía que ser así, que al contrario hay que luchar y no flaquear nunca. Inclusive cuando se tiene la certeza de poder morir –como decía Paolo Borsellino que era consciente de que todo podía costarnos muy caro- hay magistrados que cada día se esfuerzan por aplicar, dentro de las medidas adoptadas, el principio de que la ley es igual para todos.
Desde que las organizaciones mafiosas han dejado la estrategia militar de contrastar y eliminar a los representantes honrados y valientes de las instituciones, el nivel de connivencia en el ámbito de dichas instituciones se ha consolidado enormemente, hasta el punto que representan casi una metástasis institucional que lleva a cometer propios y verdaderos crímenes de Estado. Esto conlleva que hoy tenemos que defender, todos los días y con los dientes, nuestra independencia y el desempeño autónomo de la jurisdicción- en obsequio del principio constitucional que sanciona el art. 3 de la Constitución –contra algunos propiamente dichos ataques ilícitos, a veces actuados adoptando el método mafioso y que proviene del ámbito de las instituciones.
¿Qué puede hacer entonces un magistrado? ¿Qué puede hacer un asistente fiscal que en febrero tomará posesión de sus funciones jurisdiccionales? ¿ Qué puede hacer un Juez civil? ¿ Qué puede hacer un juez de la sección penal ? ¿Qué puede hacer un Fiscal? ¿Qué podemos hacer nosotros que no nos doblegamos al conformismo judicial? ¿Qué podemos hacer los que queremos ejercer solo este trabajo con dignidad y profesionalidad, sin pensar en carreras internas o externas del orden judicial?
Creo que la receta sea sencilla, aunque parezca todo tan complicado en este periodo tan oscuro para nuestra Constitución y por la cual no tenemos que dejar de luchar: hay que decidir sin tener miedo –sobre todo de quien tiene el deber de tutelarnos y que demuestra que es cada vez más baluarte de ciertos centros de intereses y de poderes, además de ser fuente de peligro para la independencia de nuestro estupendo trabajo-, sin pensar en evaluar las conveniencias, sin optar por esa decisión que pueda provocar menos problemas, sino decidir respetando las leyes y la Constitución, pronunciarse bajo el signo de la Verdad y de la Justicia. De esta manera habremos cumplido, con sencillez y al mismo tiempo con valentía, con nuestro mandato, la conciencia no se rebelará con el pasar del tiempo, quizás podremos incluso capitular, pero, como dice Salvatore Borsellino, lo habremos hecho sin “vendernos”. No habremos vendido nuestra independencia, no habremos doblegado nuestra conciencia, no habremos abdicado nuestra responsabilidad, no habremos agachado la cabeza: caminaremos con la cabeza alta, así como la moral, contaremos con el respeto de todos (incluso de nuestros adversarios). Esto es lo que nos piden las personas honradas: que no “nos entreguemos” y que mantengamos alto el prestigio del orden judicial en un momento en el que la cuestión moral asume rasgos epidémicos también en nuestro sector. No hay que tener miedo de un poder perverso que pretende oprimir nuestra libertad y nuestro destino.
A los jóvenes colegas me permito, con humildad y por el inmenso amor que siento hacia este trabajo, de exhortarles a que no teman nunca de tomar las decisiones justas y que persigan siempre el camino de la justicia y de la verdad, incluso cuando les pueda costar cara. Yo era consciente de que me habrían atacado y de que me habrían hecho daño, pero nunca me doblegué, ni siquiera por un instante, en mis decisiones y hoy me siento, como siempre, sereno, rico de energía, muy fuerte, porque dentro de mi corazón y de mi mente soy consciente de haber actuado en el interés de la Justicia y respetando las leyes y la Constitución Republicana.
No escuchéis esas sirenas, aunque procedan de nuestra categoría, que os induzcan –quizás de una forma que esconda segundas intenciones- a que agachéis la cabeza en virtud de una pseudo-razón de estado que pudiera consistir en el peligro inminente de reformas inoportunas y que para evitarlas debemos, estratégicamente, “mirar” a otro lado, cuando nos tropezamos con los llamados “poderes fuertes”. Las reformas -mejor dicho- las contrarreformas, las habrá de todos modos, quizás sean terribles, pero al menos no tenemos que ser nosotros los que se tienen que demostrar temerosos y con las piernas que nos tiemblan, enfermos, como decía Piero Calamandrei, de “agorafobia”. La independencia se defiende sin calcular nada, cueste lo que cueste, el amor de la verdad puede costar la existencia. Y hay que defenderla de quien la quiere minar, con modos a veces subversivos, desde nuestro ambiente. Por mi experiencia, los obstáculos más insidiosos siempre se han presentado en el ámbito de nuestra categoría: no son pocos los magistrados que ahora ya forman parte de lleno de un sistema de poder criminal que reacciona ante las actividades de control y que entra en acción con el fin de evitar que salga la verdad y la justicia sobre muchos hechos criminales inquietantes acontecidos en la historia contemporánea de nuestro país.
Estoy convencido de que la magistratura no sucumbirá definitivamente solo si sabe ejercer su profesión sin miedo, con valentía, con la conciencia de que incluso solos, en la soledad de nuestra responsabilidad, cuando cada uno de nosotros tiene que decidir si poner la firma en medidas a tomar y por lo tanto evaluar hechos y circunstancias, lo hará sin dejarse intimar por las consecuencias de su acción. El miedo hace a los hombres esclavos y las decisiones que se dictan focalizando solo la carrera y los cargos de mando están destinados a mortificar primero las funciones, antes de rendir indignas las personas que las representan.
Es decir, en definitiva, la historia la tenemos que escribir también nosotros, en nuestro pequeño mundo, aunque con la conciencia de que algunos de nosotros pagarán un precio injusto y quizás también muy duro, pero esto en un cierto sentido es ineludible cuando se ha decidido explotar una profesión que nos impone defender, en la práctica de la jurisdicción, los valores de igualdad, libertad, justicia, verdad, como efectivos garantes de los derechos de los cuales los ciudadanos, e in primis los más débiles, nos piden una tutela concreta.
Luigi De Magistris es juez penal en Nápoles.
Fuente : temi.repubblica.it/micromega-online