La secretaría antilavado del Uruguay, alerta sobre los riesgos de dinero sucio en la política
“Siempre es bueno saber quién financia las campañas porque después, cuando se es gobierno, si hay delincuentes, al final de campaña hay que devolverle los favores. Siempre hay una preocupación a que las campañas no sean financiadas con dineros ilícitos”, afirmó a El País el extitular de la Senaclaft, Daniel Espinoza.
La Senaclaft (secretaria nacional para la Lucha Contra el Lavado de Activos), está concretando los primeros pasos para regularizar la fiscalización sobre las organizaciones sin fines de lucro, como clubes de futbol, iglesias, sindicatos, y partidos políticos. El control sobre el lavado de activos en Uruguay es una gran deuda pendiente, que ha merecido en numerosas oportunidades fuertes llamados de atención de organismo internacionales, que han ubicado al país en listas de riesgo de exposición al dinero ilícito, procedente de actividades criminales.
En el caso de los partidos políticos, los controles son extremadamente laxos, lo que expone a la estructura institucional a un profundo riesgo de infiltración de organizaciones criminales complejas que, como está demostrado en la historia, produce fuertes condicionamientos al momento de la toma de decisiones.
La Ley 18.485 (Ley de Partidos Políticos), del año 2009, regula el financiamiento de los partidos políticos los cuales deberán presentar sus balances ante la Corte Electoral. El financiamiento de los partidos políticos, será en parte desde las arcas del Estado que dispondrá un valor a cada voto obtenido por el partido, que llegan a las 87 Unidades Indexadas (UI), aproximadamente 480 pesos uruguayos (a agosto de 2022). La ley también establece límites a las donaciones privadas, las cuales no pueden exceder las 300.000 UI. En el caso de que las donaciones sean realizadas por los mismos candidatos, el límite será de 900.000 UI. En el caso de los titulares de las listas electorales, no tendrán límite. En cualquier caso, debe constar registro de quien es el donante. Aunque la norma prevé la posibilidad de que los partidos puedan recibir donaciones anónimas, cada una no puede superar las 4.000 UI (22 mil pesos uruguayos aproximadamente) y a su vez la suma de donaciones anónimas no puede ser mayor al 15% del total de ingresos que se declaran en la rendición de cuentas “anual”.
En el caso del Frente Amplio, admitió haber recibido más de 79 millones de pesos en carácter de donaciones, según los reportes de la Senaclaft. El Partido de la Gente, 34 millones y Cabildo Abierto, 25 millones. Por su parte el partido de gobierno, el Partido Nacional, acuso tan solo 13 millones de pesos.
Por fuera del control de la Corte Electoral, la Senaclaft intervendrá (considerando sujetos obligados a los partidos políticos), si los montos por ingresos superan los 4 millones de UI (aproximadamente los 22 millones de pesos), o un patrimonio superior a los 2,5 millones de UI, lo que representaría 13 millones de pesos. En este sentido, el Partido Colorado no fue contemplado por la Senaclaft, por no superar ninguno de los dos valores.
Hay un detalle a tener en consideración, que surge de la investigación del diario El País: “Las donaciones para las campañas electorales las reciben sus candidatos y no el partido político, donde cada uno realiza sus balances y presenta el registro de donaciones ante la Corte Electoral”. Es por esto que hay que contemplar que “los titulares de las listas no son sujetos obligados, como lo es el partido político frente a la Secretaría Antilavado, por lo que no se les pide que realicen controles de orígenes de fondos sobre aquellos de quienes reciben donaciones”. Lo cual deja un margen de dudas y sospechas bastante amplio.
La discusión de una ley de financiamiento político, aún está en un curso. Su necesidad es imperiosa, considerando que nos acercamos a un nuevo proceso electoral en Uruguay, y como se ve a diario en las noticias los narcotraficantes abundan, y uno supondría que también abunda su dinero negro, ilícito, ilegal.
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*Foto de portada: gub.uy