Decenas de personas fueron espiadas de forma ilegal en Uruguay entre 1985 (cuando volvió la democracia al país) y -por lo menos- 2005. La Justicia lo determinó, tiene las pruebas, lo sabe y lo dice. Partidos políticos, sindicatos, funcionarios del Estado de todo tipo (entre los que cuentan jueces, presidentes, ministros y senadores), organizaciones sociales y periodistas, fueron vigilados de forma silenciosa y fuera de lo que la ley permite, por un sistema de espionaje manipulado y ejecutado por la inteligencia militar y la inteligencia policial de Uruguay. Las presidencias de Julio María Sanguinetti (por dos períodos), Luis Alberto Lacalle y Jorge Batlle, tuvieron en sus entrañas estos hechos siniestros, como una continuidad de una dictadura solapda solapada.

El fiscal Enrique Rodríguez decidió que los delitos prescribieron. Rodríguez, como titular de la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de Primer Turno, fue el encargado de archivar la denuncia, que fue presentada en 2018 por Gerardo Núñez y Luis Puig, como representantes de la Cámara de Diputados.

Sin duda representa una gran curiosidad, que un fiscal de delitos económicos tenga a su cargo un caso de espionaje. Pero sobre todas las cosas, que un delito con la gravedad del caso -porque se trata de la continuidad y reproducción de prácticas de la dictadura, y ejercido dentro del Estado contra sus propios ciudadanos-, quede impune, habla muy mal de la justicia uruguaya, de los derechos humanos y del Estado en su totalidad. Representa ya no una amenaza a la democracia, sino un ataque directo, que se decanta en una falta de interés y de fuerza para defender los principios básicos de la convivencia humana.

La investigación, que llevó casi cuatro años, involucró a 17 militares de los que la mayoría eran altos mandos de la Fuerza Aérea, la Armada y el Ejército.

El documento del fiscal dice: “Es contundente la evidencia obtenida en cuanto a que, efectivamente, se efectuaron acciones irregulares e ilícitas de espionaje desde 1985 y en principio, hasta el 2005, por agencias de inteligencia del Estado”.

Una “tarea ilegal” que constó de “seguimientos, infiltraciones en sindicatos, organizaciones sociales, partidos políticos y otros organismos” además de “escuchas mediante captación de comunicaciones telefónicas; ingreso ilegal a domicilios, locales u otros inmuebles y fluido intercambio de información proporcionada por otras personas a las que se les pagaba por ese ‘trabajo’".

El texto puntualiza los delitos en los que los implicados incurrieron: “Abuso de funciones (art. 162 del Código Penal); omisión de denunciar delitos (art. 177); pesquisa (art. 287); violación de domicilio (art. 294); interceptación telefónica (art. 297); revelación de secreto telefónico (art. 298); conocimiento de documentos secretos, públicos o privados (art. 300) y revelación de secretos (art. 301)”.

Pese a esta enumeración de crímenes que ejerció sistemáticamente el Estado durante por lo menos 15 años (sino más), el fiscal Rodríguez se apoyó en la interpretación de “prescripción” de los delitos: “Siendo como se dijo que los presuntos delitos cometidos tienen una pena máxima inferior a diez años, el plazo para que se considere prescripto el delito es de diez años y por ende está extinguida la posibilidad de ejercer la acción penal, la cual venció en 2015 (las actuaciones fueron remitidas por la Cámara de Representantes a la Fiscalía el 07/11/2018 e ingresadas el día 08/11/2018), transcurrieron 13 años”.

La acusación del representante de la Justicia, que debe defender a la población en primera instancia, concluyó en los siguientes términos: “Queda claro que existió debilidad en los controles institucionales y democráticos por parte de los ministerios y del Estado en su conjunto”. Una declaración liviana y que roza la negligencia. Y que agrega: “Hasta dónde las altas jerarquías del Estado tenían conocimiento fehaciente de esta manera de actuar, no es posible determinarlo con exactitud por parte de esta fiscalía”.

Palabras conmovedoras, que los responsables sabrán agradecer.

Y por supuesto, no faltaron las palabras del rescatador del Partido Colorado, el expresidente, exsenador, exlíder colorado, exministro y tantos otros excargos, que salió al cruce de las declaraciones de la Justicia, a atacar nuevamente, quizás buscando posicionar a su partido: “Nosotros nunca ordenamos espiar a nadie ni creo que haya ocurrido”. Por el contrario, defendió la tarea de inteligencia para obtener información de la población.

Micaela Melgar, diputada que ocupa la titularidad de la banca de Gerardo Núñez, expresó que “es una demostración de que se violaron las libertades democráticas de todo el país”. “Esto responde a una cultura de la impunidad que fue perpetuando el poder de estos aparatos con el objetivo de prevenir la investigación y la justicia de los crímenes de lesa humanidad”, señaló al medio local El País.

La denuncia realizada por los diputados Luis Puig y Gerardo Núñez en 2018, se basó en el proyecto desarrollado por la Universidad de la República (UDELAR) ‘Cruzar’, que se dedicó a “analizar el contexto en el que se dio el espionaje militar al referéndum, sistematiza su alcance y concluye cuáles fueron sus principales objetivos y logros”, trabajando sobre “una pequeña fracción” de documentos del denominado ‘archivo Berrutti’.

El archivo Berrutti, que consta de más de 1.500 rollos de microfilmación con más de tres millones de documentos de inteligencia militar, toma ese nombre de quien fue ministra de Defensa en el período de 2005 a 2008, Azucena Berrutti, y que ordenó la incautación de dos muebles ubicados en la Escuela de Inteligencia del Ejército que contenía toda esta información.

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*https://cruzar.edu.uy/ es el sistema de información de archivos del pasado reciente, elaborado por la Udelar

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*Foto de portada: Antimafia Dos Mil