Un grupo de inversores realizó ante la justicia, una denuncia penal contra sus agentes de Bolsa, luego de que estos presentaran, como resultado de las operaciones, pérdidas que rondan los 100 millones de dólares. Según trascendió a la prensa, considerando las restricciones del secreto bancario del Uruguay, varios de los damnificados perdieron cerca del 90% de los patrimonios invertidos; en total serían más de 450 personas. Algunos perdieron sus fortunas, otros su credibilidad, otros perderán sus trabajos y más de uno perderá la cabeza. El resultado inevitable de la “ruleta rusa financiera”.

El pasado 4 de julio, el Banco Central del Uruguay (BCU), decretó la intervención de dos firmas financieras, una corredora de Bolsa, la otra un agente de Valores, por “incurrir en graves incumplimientos”, así como también “contravenciones a las normas legales y reglamentarias”. La firma “no actuó con el debido profesionalismo, cuidado y diligencia en oportunidad de realizar sus actividades de intermediación de valores, ocultándole a sus clientes información muy relevante y brindándole información errónea sobre sus posiciones en los estados de cuenta", según se lee en la resolución del BCU. Las firmas en cuestión son: Custodia de Valores Mobiliarios Corredor de Bolsa SA (CVM), y United Brokers SA Agente de Valores (UB). Ambas firmas vinculadas a Sara Goldring de Cukier, una de las principales celebridades del ámbito financiero en Uruguay, con una vasta trayectoria de éxitos y una de los pocos operadores locales con experiencia en el mercado de New York.

“Tengo más de 30 años de trayectoria en el mercado de valores uruguayo. Por décadas, a través de ambas empresas, ofrecí a mis clientes el servicio de invertir, por cuenta y orden de los mismos, en los mercados internacionales de alta sofisticación, permitiéndoles acceder a rentabilidades que superan ampliamente las ofrecidas por otras alternativas de inversión”, escribió Goldring, en un comunicado publicado en El País, intentando reducir los daños.

Los damnificados alegan que, hasta fines de mayo, cada vez que revisaban sus estados contables de manera digital, todo figuraba con normalidad. Fue así, hasta que los primeros días de junio, el sitio de internet, repentinamente, dejo de funcionar. Lo que en un principio se adjudicó como una falla en los servidores, término siendo la consecuencia de una maniobra irregular, que ahora debe ser dirimida por el fuero penal. Hasta el momento se han presentado dos escritos ante la fiscalía especializada en Delitos Económicos, dirigida por Enrique Rodríguez, pero se espera que se sumen más denunciantes en los próximos días.

A mediados de junio los inversionistas recibieron, vía correo electrónico, un informe detallando el estado de situación real, donde algunos registraban pérdidas de hasta un 90% del patrimonio invertido. Según adjudican desde las firmas, los accionistas extendieron permisos por escrito para permitir que los fondos fueran utilizados en un régimen libre de administración y con un perfil de inversión agresivo, lo que significa que el corredor disponía a voluntad de esos fondos según los ánimos del mercado, y los orientaba a inversiones de alto riesgo y por tal motivo de gran rentabilidad. Según detallo el semanario Búsqueda, los clientes de CVM, tuvieron muy buenos resultados durante el periodo 2019-2020, lo que se tradujo en una extensión de confianza con los corredores, que se materializo en una autorización compulsiva que, según afirman los abogados de los damnificados, no distinguía debidamente las particularidades de cada cliente (ahorristas, pequeños inversores y especuladores, solo como ejemplo). En muchos casos, esta autorización de “libre administración” y “perfil agresivo”, fueron conseguidas a partir de formularios completados de antemano y sin la suficiente información pertinente.

“Algunos damnificados entienden que pudieron haber firmado el papel en blanco, en virtud de la confianza y de las conversaciones que habían venían manteniendo con Goldring desde hacía años, pero afirman que fue la empresa la que los llenó de forma antojadiza y discordante con su voluntad manifiesta”, según se lee en El Observador.

A fines del 2021, el Nasdaq, que es la bolsa de valores estadounidense que engloba a las compañías high tech, registró -como consecuencia directa del inicio de la guerra entre la OTAN y Rusia en territorio ucraniano-, una importante caída que sacudió varios mercados, entre estos los valores administrados por el grupo Goldring de Cukier, que comenzaron a registrar enormes pérdidas. Los activos pasaron de estar valuados en 110 millones de dólares en junio de 2021, a 18 millones de dólares en mayo de 2022. Ante esta situación, llamativamente, Goldring subsanó las diferencias realizando aportes en efectivo con fondos propios, en varias ocasiones, alcanzando un monto superior a los 25 millones de dólares. Estas maniobras, no fueron, siempre según los inversores, debidamente informadas, y según sospechan los investigadores, fueron tendientes a ocultar la situación real, e incluso el BCU afirma en su comunicado que “la asunción de pérdidas que habría realizado Sara Goldring principalmente para Custodia de Valores Mobiliarios Corredor de Bolsa S.A. pero también para United Brokers S.A. Agente de Valores, constituyen operaciones no admitidas a los intermediarios de valores, en tanto resultan en un financiamiento a sus clientes", una maniobra que podría contemplar uno de los delitos que están siendo investigados.

Otro de los puntos bajo la lupa, es el referido al uso de una cuenta común o “cuenta ómnibus”, la cual suele utilizarse como canal común para ciertos movimientos, generalmente en el extranjero, la cual está a nombre y titularidad del agente de Bolsa. Luego de realizadas las operaciones, los dividendos son trasladados a las cuentas individuales de cada inversor. Pese a que esto es una maniobra legal y bastante utilizada, ya que reduce los costos operativos, tiene el riego de que los fondos, momentáneamente, están a nombre de la firma y esta podría utilizar esos fondos para cancelar dividendos de otros clientes, lo cual constituye un delito.

“Llegó la hora de la transparencia. El Banco Central del Uruguay y la Bolsa de Valores tienen que dar acceso ilimitado a los inversionistas para que conozcan la naturaleza de las operaciones llevadas a cabo, las causas de las pérdidas y las responsabilidades civiles o penales que pudieran corresponder a las empresas corredoras de Bolsa, sus directores y personal superior”, alegó a El País el abogado Gonzalo Ramírez, representante de un grupo de denunciantes.

“Estoy segura que le intervención de la Bolsa de Valores de Montevideo arrojará luz sobre la operativa realizada y contribuirá a dar transparencia a toda mi actuación. Estoy dispuesta a seguir trabajando, junto con mis clientes, con la finalidad de mitigar el perjuicio sufrido y revertir las pérdidas de la cartera”, dijo por su parte Sara Goldring de Cukier.

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*Foto de portada: infobae.com