A pesar de que el país tiene una obligación internacional y ética con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFILAT), la lucha contra el lavado de activos es escasa y no ha cumplido con los tiempos pautados. La negligencia estatal determinó una falta de recursos tal, que desde la Secretaría Nacional para la Lucha Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento al Terrorismo (Senaclaft) se pronunciaron muy alarmados por el "problema gravísimo" que esto implica. Además, destacaron "las facultades y los poderes de supervisar, sancionar o aplicar medidas remediales, son muy débiles".
El consultor internacional y exdirector de Gafisud (Grupo de Acción Financiera de Sudamérica), Alejandro Montesdeoca, se presentó ante la Cámara de Diputados el pasado 24 de mayo, para exponer las observaciones que realizó luego de un detallado análisis del funcionamiento de la Senaclaft, a quien se encuentra asesorando de modo particular. Junto a él se presentaron la abogada Patricia Laburu y el escribano y supervisor de fiscalización Gustavo Misa, quienes comparecieron ante el Parlamento como representantes de la misma Secretaría.
El abogado manifestó su preocupación ante los parlamentarios, comparando los apoyos económicos que otros países de la región reciben para realizar sus auditorías e informes de organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), del Fondo Monetario Internacional (FMI) o de las Naciones Unidas, con la absoluta falta de colaboración que padece el país en esta materia. “Uruguay no recibe un peso, porque es considerado país de renta media. Por lo tanto, los donantes -los países y las organizaciones internacionales que normalmente forman parte del conjunto de donantes que ayudan a los países a fortalecer sus sistemas antilavado- a Uruguay no le dan nada. Entonces, eso reduce considerablemente los recursos con los que contamos para hacer estos trabajos", refirió el especialista.
"Todas las unidades de inteligencia financiera de todos los países de la región están a años luz de la UIAF" uruguaya, respecto de sus "recursos humanos, materiales y las posibilidades de llevar a cabo su trabajo", apuntó Montesdeoca, quien recalcó que "todos los países tienen estructuras mucho más fuertes que las de Uruguay", lo que les permite trabajar en varios proyectos, mientras que desde Uruguay "lo tenemos que hacer en uno". Este es el "principal problema", entiende el especialista.
En la última evaluación realizada por Gafilat, en 2019, Uruguay fue señalado por tres puntos en particular, que debe realizar para ponerse al día con los estándares exigidos por la organización intergubernamental, y que son una deuda fundamental del país en materia de control y combate de lavado de activos: autoevaluación del sistema antilavado que permita verificar el cumplimiento de las recomendaciones de Gafilat, actualizar la evaluación nacional de riesgos, y elaborar una estrategia nacional para combatir estos delitos. Hasta el momento, los gobiernos no han tomado el asunto con la seriedad que requiere, ya que la última actualización de la evaluación nacional se hizo en 2017, y la recomendación para la elaboración de la estrategia a nivel del país venció en 2020.
Otro punto a tener en cuenta es que Uruguay logró evitar su ingreso en las listas negras o grises del Gafilat -que sí las integran Panamá y Nicaragua-, "un hecho que puede generar la impresión de que, en realidad le fue bien a Uruguay" en las evaluaciones técnicas, pero que definitivamente "no es la lectura apropiada", continuó el consultor internacional, que explicó: "La lectura apropiada es decir evitamos entrar en la lista, pero tenemos muchos deberes que hacer", y subrayó que "estamos como en el límite".
Por otra parte, y sumando otra perlita para el Estado uruguayo, existe "preocupación" en la UIAF, por los "problemas de comunicación" que están teniendo con su par argentino. En palabras del supervisor de fiscalización de la Senaclaft, la relevancia de este inconveniente es que "gran parte de los delitos" están vinculados con ciudadanos argentinos. "Argentina no da información" porque Uruguay decomisa y no reparte. Entonces dice, si vos no me vas a dar bienes, yo no te doy información, planteó Misa, explicando que Uruguay se comprometió, entre cancillerías, a hacer un convenio marco de reparto de bienes para colaborar entre países, pero hasta el momento ese convenio no sabemos dónde está.
En el marco de las actualizaciones y estudios que se vienen realizando, la Senaclaft viene realizando reuniones y elaborando informes en conjunto con el Banco Central del Uruguay, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), los representantes del Poder Ejecutivo, secretario Álvaro Delgado y prosecretario Rodrigo Ferrés, el fiscal de Corte Juan Gómez y representantes de los responsables de realizar los reportes de operaciones sospechosas. Con estas informaciones, la Senaclaft presentará en febrero del año próximo la Evaluación Nacional de Riesgos, a fin de utilizarlo de plataforma para la elaboración de una estrategia a nivel nacional. Mientras tanto, el único plan de trabajo es avanzar en la evaluación.
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*Foto de portada: lavadodeactivosenuruguay.com