La Fiscalía especializada en Delitos Económicos, a cargo de Enrique Rodríguez, llamó a indagatoria a los exjerarcas de la Dirección de Cultura, Hugo Achugar y Sergio Mautone -entre otros funcionarios de dicha cartera-, y a un grupo de empresarios, cuyos nombres aún no han trascendido a la prensa, en el marco de las investigaciones por irregularidades en las cuentas del Fondo de Incentivo Cultural (FIC), dependiente del Ministerio de Educación y Cultura (MEC).

Las investigaciones se iniciaron a raíz de una denuncia administrativa presentada por la exministra de Cultura, María Julia Muñoz, quien dio la alerta sobre las irregularidades en el sistema de gestión de donaciones privadas al FIC, las cuales son devengables, porcentualmente, de las cargas impositivas que dichos empresarios rinden ante la DGI.

Luego del cambió de gestión, las investigaciones administrativas quedaron a cargo del actual ministro Pablo Da Silveira. Hasta el momento se pudo constatar un faltante de 7 millones de pesos en las cuentas bancarias del FIC. Esta cifra surge a partir de la constatación de que una serie de comprobantes de donaciones fueron entregados a un número de empresarios, sin que estos efectivamente hubieran depositados los haberes en cuestión. En algunos casos incluso, las cuentas bancarias de los donadores, que figuran en las actas, son inexistentes. Esto generó que desde el Poder Ejecutivo se analizara realizar una demanda en el fuero civil. Entre las hipótesis que se manejan, está la de que los empresarios realizaban los depósitos a través de los cajeros automáticos, de donde obtenían los números de registros para consolidar los trámites burocráticos administrativos, pero al momento de realizar el depósito del dinero, metían dentro del cajero los sobres vacíos. Es importante destacar que las acciones judicializadas ocurrieron, aparentemente, durante las gestiones comprendidas entre el 2013 y el 2017.

Hasta el momento se realizaron tres sumarios administrativos a empleados públicos, uno de ellos ya está en etapa de destitución, y su expediente fue enviado al Tribunal de Cuentas de la República (TCR). Los otros dos, según las autoridades, están próximos a finalizar y tendrían un destino similar.

A raíz de estas irregularidades, y de forma preventiva, el ejecutivo a cargo de Luis Lacalle Pou, decidió quitarle el manejo de estos fondos al Ministerio de Educación y Cultura y ponerlos bajo la órbita de la Corporación Nacional para el Desarrollo. Es importante destacar que esta organización es una institución pública no estatal, que, aunque actualmente el Estado tiene el 100% de su capital, el estatuto permite que hasta un 40% pase a manos de privados. Este dato, no menor, habrá que tenerlo bajo la lupa, porque podría resultar tendencioso. Estas maniobras, a veces, terminan desfinanciando al sector público por hechos de corrupción, que, si bien involucran a funcionarios de gobierno, inevitablemente también incluyen a privados, generalmente empresarios.

¿Por qué debe salir perjudicado el Estado, en un área tan sensible como la cultura, por los delitos de empresarios avaros?

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