A los seis años de una impunidad impuesta por un sistema racista y autoritario

Primero de agosto de 2017. Un joven anarquista artista y tatuador de nombre Santiago Maldonado es perseguido a orillas del río Chubut por integrantes de la Gendarmería Nacional. Corre desesperadamente junto a mapuches de la Pu Lof en Resistencia de Cushamen. Todos ellos huyen de los uniformados que irrumpieron ilegalmente en el territorio de la comunidad. A sus espaldas sienten disparos de armas de fuego y cunde el temor. No hay otra opción que internarse en las frías aguas del río, y procurar ganar la otra orilla, para ponerse a salvo. Reina la confusión y no hay tiempo que perder. Algunos logran el objetivo, pero Santiago, que no sabe nadar, es más cauteloso en esa frenética huida. Los mapuches que llegaron a la orilla se dan cuenta que el artista ya no está al alcance de su vista. Atinan a verlo entre las ramas de un sauce, dentro del agua. Oyen palabras sueltas, pero no lo ven movilizarse. Casi enseguida se dan cuenta que los gendarmes comienzan a abandonar el área. Los mapuches que se pusieron a sobrada distancia de las fuerzas de “seguridad” quedaron desconcertados. Quedaron afectados por la ausencia de Santiago. Luego, como pudieron, comenzaron ellos mismos a dar la alerta a toda la comunidad de la Lof y a los medios de comunicación. Fue el punto de partida de un episodio que impactó a la región y al mundo entero. La Gendarmería Nacional, en la Argentina de Mauricio Macri, acaba de involucrarse en un delito de desaparición forzada seguida de muerte. Un delito que no ha podido ser laudado aún por la Justicia de ese país, porque desde aquel momento hasta el día de hoy, el beneficio de la impunidad, parece que le fue concedido descaradamente. Y tras seis años de esos dolorosos e indescriptibles momentos a orillas del río en la provincia de Chubut, a no muchos kilómetros de la ciudad de Esquel, los ecos de ese atropello letal se siguen sintiendo estrepitosamente como una de las expresiones más detestables y repudiables del poder de turno, en el que la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, seguida del entonces jefe de Gabinete Pablo Noceti, fueron indiscutiblemente algunos de sus principales gestores, y definitivamente, ambos, una suerte de emblema ideológico de un crimen sin aclarar, con el sello Macri.

La abogada argentina Verónica Heredia, que patrocinó a la familia Maldonado desde aquel estremecedor día, recientemente en diálogo con el periodismo local brindó oportunas explicaciones que nos permiten ponernos al día sobre una causa que recorrió el mundo entero, despertando toda suerte de repudios y de reclamos, todos dirigidos a neutralizar la impunidad en su entorno y que sigue siendo la vedette de un sistema judicial que se hizo y sigue haciéndose el indiferente a los hechos.

Cabe puntualizar, antes de brindarles las palabras de Heredia, que primero que nada estamos ante un claro hecho desaparición forzada, y en circunstancias de un operativo que no fue autorizado por la justicia, que solo autorizó a desalojar la ruta que había sido cortada en movilización de protesta (y no entrar en el territorio de la comunidad) ; y segundo, que estamos también ante un hecho de presunto encubrimiento de la captura de Santiago, con su flagrante muerte dentro de un contexto de privación de libertad y de abuso de autoridad, al margen de la ley, con el agravante de que con posterioridad a esa circunstancia está muy presente la hipótesis de que se hubo plantado su cuerpo ya sin vida en aguas del río Chubut, para que su hallazgo desarticulara toda sospecha que perjudicase a la Gendarmería Nacional. Un hallazgo que tuvo que ser necesariamente mediático, porque en aquel momento la opinión pública voceaba solo una interrogante ¿Dónde está Santiago Maldonado? Y la respuesta, a espaldas de la verdad, habría sido la exposición más cínica de su cadáver, pretendiéndose así deslindar a la Gendarmería Nacional de toda responsabilidad en su aparición, nada menos que 78 días después, de aquel episodio de fuga en las aguas del río, ese 1ero de agosto de hace seis años.

¿Dónde permaneció su cadáver en todo ese lapso de más de dos meses, siendo que hubo operaciones de rastreo que no arrojaron resultados positivos? ¿Estuvo siempre bajo el agua, hasta que fue ubicado? ¿Santiago perdió la vida en el mismo momento en que fue capturado allí en el río Chubut o después? ¿Perdió la vida específicamente bajo qué circunstancias? Las pericias forenses dan cuenta que falleció por asfixia por inmersión, pero no hay respuesta precisa, de qué forma. ¿Y si su muerte se produjo después de ser capturado? ¿Quizás por la acción de uniformados, cuando estaba sujeto a las ramas luchando para no ahogarse? ¿Qué pasó verdaderamente en ese lugar del río Chubut, en esa acción represiva no autorizada? ¿Santiago Maldonado logró ser rescatado de las aguas por los gendarmes, y después en vez de entregarlo a sus superiores en Esquel estuvo privado de su libertad (clandestinamente), pero dónde y hasta cuándo? Estas interrogantes -y muchas más- siguen hasta hoy sin respuestas precisas, porque la justicia no tuvo, ni parece tener voluntad y tampoco competencia para darlas. El caso Maldonado tuvo un camino de nebulosas y por su naturaleza, por si fuera poco, un halo vergonzoso, para la justicia argentina en estos tiempos de democracia, porque ni por asomo, ni siquiera se pudo bosquejar un certero lazo con la verdad, que sigue sin conocerse, lo que significa decir -en el buen criollo- que la justicia no arribó aún a ninguna conclusión.

“La causa tendría decenas de imputados, hay muchas pruebas, pero ningún juez que se haga cargo” fueron las palabras de la letrada Heredia a un periodista de Página/12 puntualizando en tono enérgico que ese es el panorama. Al respecto cabe recordar, que oportunamente, el fiscal Federico Baquioni pidió la imputación del gendarme Emmanuel Echazú, de su jefe el comandante Pablo Escola, del ex jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad Pablo Noceti y de otros ex funcionarios gubernamentales, solicitándose además que la causa contra Noceti, por presuntos delitos cometidos durante el intento de desalojo de la comunidad mapuche, sea adosada al expediente principal. Todas estas pruebas, y nuevas inclusive, como por ejemplo el testimonio de la médica civil que trabajaba en el escuadrón 36 de Gendarmería, no tuvieron el andamiento esperado, sencillamente porque el juez Gustavo Lleral se declaró incompetente señalando que no hará más nada, excusándose él mismo por parcialidad, lo que fue ratificado en las instancias superiores, situación que hizo que la querella de la familia de Santiago, estaría dentro de un claro contexto de loop infinito de impunidad, vale decir, que no hay juez alguno que pueda dictar resolución. Así de simple, y así de desalentador, respecto a un hecho criminal de desaparición forzada, de ribetes espeluznantes, que hace parte de una nómina cercana a los 200 casos de ese delito, en plena democracia, tal como lo consigna la periodista Adriana Meyer, en un excelente libro -Desaparecer en democracia, de Editorial Marea- publicado el año pasado en la Argentina.

Retomando los dichos de la profesional Heredia, consignemos que afirmó enérgicamente: “No se hizo nada” sobre una orden de la Cámara de Casación para hacer un peritaje de los videos del expediente para identificar las expresiones verbales, la cantidad de disparos efectuados, los momentos en que gendarmes se encuentran munidos de armas u otros elementos, en que arrojan piedras y efectúan disparos, quedando pendiente además la realización de una instancia de reconstrucción virtual de escenario de los hechos, en tres dimensiones y con realidad aumentada.

Quien escribe, estuvo presente en el lugar de los hechos, hace seis años, junto al redactor José Guzman, ocasión en la que nos encontramos con Nora Cortiñas, y representantes de organismos de DDHH, allí en la Pu Lof en Resistencia de Cushamen donde Santiago luchó por su vida.

Mirando a la distancia, hacia atrás, y habiendo estado en ese lugar, mi carga de sensibilidad se transforma en una expresión de rabia y de denuncia por la impunidad reinante en torno al caso. Una impunidad presente a la vista de todos, que sigue siendo una espina clavada en nuestra sociedad. Que sigue siendo una lacerante demostración, de lo que el sistema de poder puede llegar a configurar, cuando se trata de embarrar la cancha, en torno a la investigación de un episodio típico del terrorismo de Estado. Porque fue terrorismo de Estado en toda su expresión. Con todas las letras. Un terrorismo de Estado de metodología mafiosa, como ingrediente propio de los días de corren, donde el sistema criminal tiene varios rostros y varias modalidades de coexistencia en las sociedades modernas, porque fundamentalmente se saben impunes. Y así estamos, como estamos.

Y si nosotros, desde nuestra redacción, lo dimensionamos en esos términos, el lector sabrá asumir lo que se siente hoy por hoy, en el ámbito familiar de Santiago Maldonado, cuyos restos se encuentran en la necrópolis de la localidad 25 de mayo. La prensa del país hermano difundió las palabras de Stella Pelollo, su madre: “Santiago, hoy cumplirías 34 años ya un hombre, para mí un niño. Recuerdo tu último cumpleaños, el número 28. Estuve esperando que vinieras ese cuatro de agosto como habíamos quedado, pero nunca llegaste. Nunca voy a olvidar lo que sentí ese día. Hoy voy a llevarte un ramo de flores de regalo pensando que te gustaría una torta galesa. Te mando un beso grande al cielo".

Y mientras la madre de Santiago Maldonado entabla un diálogo con su hijo, la abogada Heredia, encara al sistema, frontalmente: “La causa no va a avanzar nunca porque quien tiene que decidir es Lleral, el fiscal solicitó que se acumulara el expediente donde está imputado Noceti y este juez no decide, si tuviéramos juez hoy la causa tendría de mínima siete imputados: Echazu, Escola, Vaquila Ocampo, Ferreyra, Noceti y los directivos de la Gendarmería Gerardo Otero y Ernesto Robino".

Historiando, vale sumar algunos detalles sobre la causa. Por ejemplo, que el fiscal Baquioni había solicitado la indagatoria de Escola por el delito de daños y abuso de autoridad, y a Vaquilla Ocampo y Ferreira, por daño y omisión de los deberes de funcionario, adhiriéndose el pedido de la querella de la familia de Santiago, de “reapertura de la investigación respecto a posibles irregularidades de los agentes de Gendarmería”, y, en consecuencia, tanto la Cámara de Comodoro Rivadavia como la de Casación se habían pronunciado por la reapertura del caso, pero el mismo fue archivado por el juez Gustavo Lleral.

Pero hay más. Por el año 2019, en setiembre el Tribunal de Alzada revocó el sobreseimiento de Echazú, afirmándose que el cierre de la investigación aparecía era “prematuro ante la existencia de diligencias que posibilitarían establecer de manera más precisa la real ocurrencia de los hechos” y que la investigación “no se encontraba agotada” correspondiendo “profundizarla para reconstruir con la mayor exactitud y prontitud las circunstancias que rodearon el suceso”, tratándose de “una muerte traumática dudosa acontecida en un contexto de intervención estatal”.

Y, por último, no puedo dejar en el tintero, lo declarado (testimonialmente) por una mujer -una profesional civil- al diario Página/12, a quien denominaron “testigo D” (ya que pidió extrema reserva), refiriéndose a los días posteriores al operativo en la Pu Lof en Resistencia de Cushamen: “Detuvimos a un hippie, lo llevamos al puesto de Benetton para sacarle información”, afirmó haber escuchado decir a los Gendarmes.

Transcurrido otro aniversario de dolor, por una muerte impune que arranca indignación desde lo más recóndito del alma humano, desde esta redacción, y de la italiana, decimos muy fuerte que tenemos que hacer parte, en donde nos encontremos, y en donde nos realicemos como seres humanos, de un accionar enérgico y comprometido para que se haga justicia.

Si antes la consigna era ¿Dónde está Santiago Maldonado? La de hoy sería, merecidamente: ¿Dónde está la justicia argentina para Santiago Maldonado?

Hay que gritarla, divulgarla, mantenerla y hacerla presente en cada rincón de los cuatro puntos cardinales. A full.

Foto: La Izquierda Diario

Foto 2: Antimafia Dosmil