Informe del Observatorio de Política Criminal (*)

Los índices de violencia en la ciudad de Rosario ya dejaron de ser una estadística de métrica nacional y pasaron a ser objeto de estudio a nivel internacional. La fragmentación del entramado social ante la naturalización del delito y de ciertos hechos de conmoción publica, sumados a la crisis de identidad institucional, sobre todo policial -que ha perdido el control territorial, al menos de manera legal, y el monopolio de la fuerza-, derivaron en una situación que ya nada tiene de novedosa, ni circunstancial. Por el contrario, la ciudad de los vientos del sur de la provincia de Santa Fe se ha convertido en el escenario de un drama moderno, en este mundo desquiciado, donde ya no es el hombre contra el hombre, sino el joven contra el joven. Un 86% de las víctimas de crímenes vinculados directamente a las actividades delictivas de las bandas narco policiales -a decir del diputado Carlos Del Frade-, son jóvenes de entre 15 y 29 años. Una estadística espeluznante.

Con motivo de realizar una “aproximación a la violencia narco en la ciudad de Rosario”, el Observatorio de Política Criminal (OPC), publicó un nuevo informe situacional, bajo el rótulo “Dejar matar, dejar morir”, tomando como punto de partida un hecho irrefutable; durante el 2022, se registraron en la ciudad 287 homicidios dolosos, la tasa más alta de la historia. Una cifra que sextuplica la tasa promedio del país.

Este nuevo informe se suma a las conclusiones y consideraciones que desde el OPC realizaron en un análisis preliminar publicado un año atrás, bajo el título “Un sueño de paz”. Quien encabeza este proyecto analítico es Ariel Larroude, abogado penalista y especialista en políticas públicas y políticas de seguridad, exdirector de Política Criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación durante la gestión de Sabrina Frederic.

Apunto dos consideraciones que realizó en cada informe el autor, necesarias para avanzar. La primera, el análisis, por cuanto un extracto de la realidad, es limitado por la distancia, ya que la organización tiene su base de operaciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La segunda, los proyectos planteados en el primer documento, que fueron rechazados por las autoridades cuando asumió la función pública*.

Un sueño de paz

Seguidamente intentare reflejar lo más sintéticamente posible, los parámetros de ‘Un sueño de paz’, que plantea -como como punto de partida para el análisis situacional de la ciudad de Rosario- la proliferación de barrios marginales a partir de las décadas del 80 y el 90. Luego resalta el hecho de que la ciudad, pese a ser la más importante de la provincia, no es capital de esta, y por lo tanto no tiene una estructura burocrática, una masa de empleo estable, en que apoyarse durante los procesos de recesión económica. Seguidamente avanza sobre el concepto de que en los últimos 30 años en materia institucional se hizo un traspaso de la presencia territorial de las agencias sociales a las agencias policiales, acentuándose las manifestaciones violentas del Estado. El texto no lo nombra, pero este espacio de tiempo coincide con el proceso democrático, y la perpetuación de lógicas criminales enfatizadas durante el proceso militar de la dictadura.

Según estadísticas del Observatorio de Seguridad Pública del Ministerio de Seguridad de Santa Fe, el 60% de los homicidios están vinculados a lanarco criminalidad. Dentro de estos el 77% tuvieron planificación previa y en el 85% de los casos se utilizaron armas de fuego. La mayor parte de las víctimas son varones de entre 15 y 29 años. También destaca que el espacio de conflictividad se dio sobre todo en la vía pública, que es el espacio de acción de las fuerzas de seguridad.

Una de las situaciones verdaderamente preocupantes que plantea el informe es la evolución de un monopolio de la violencia –históricamente en manos del Estado-, a un oligopolio de la violencia –distribuido entre las fuerzas de seguridad y las distintas grupos criminales-. En este sentido, considera que la atomización de la fuerza policial opera en detrimento de una normal función corporativa. Contempla como agravante que la sociedad ya “acepta” la ilegalidad, en el sentido no de una elección consciente, sino por la pasividad o normalización de los fenómenos de violencia. Dentro de esto, el informe considera que la Policía de Rosario –a diferencia de otros lugares-, ha colaborado directa e indirectamente a la consolidación de una organización social permeable a la violencia, algo que atenta contra los proyectos de permanencia de cualquier forma política.

Los procesos que derivaron en esta situación son, el cambio de paradigma en la comercialización y el consumo de estupefacientes (pasando de ser un país de tránsito a ser uno de consumo); la atomización del control territorial; y la consolidación de un orden económico violento y clandestino.

Respecto al primer punto, refiere que la transición se concretó sobre fines de los 90 y principios del 2000, siendo una de las claves la proliferación del uso “recreativo” entre las clases medias y altas (económicamente hablando), y la permeabilidad de la Argentina al mercado de precursores químicos, los cuales incrementaron exponencialmente la fabricación local de drogas sintéticas y a los laboratorios de coca, que instauraron el mercado de pasta base. Estos se instalaron, en Rosario, en los barrios periféricos dentro de estructuras criminales de base parental o familiares que abastecían principalmente los mercados de cercanía. Situación que poco a poco fue generando episodios de violencia entre las distintas facciones que luchaban por el territorio. Así mismo, hay una tendencia regional respecto a la producción de cannabis y de cocaína. Esta última, durante el periodo 2014-2019 duplicó su producción llegando alcanzando en ese año casi 1.800 toneladas, según cifras de la UNODC. En este sentido el informe -más allá de que resalta que el grueso de la producción que abastece al mercado europeo se origina y parte directamente desde Colombia-, se destaca la producción peruana y boliviana, que tendencialmente atraviesa el Paraguay rumbo a los puertos argentinos y uruguayos a través de la Hidro vía Paraguay-Paraná, así como también a través del tráfico aéreo irregular. A este punto, los autores consideran que antiguamente el mercado de cocaína estaba enfrascado en grupos criminales colombianos, españoles e italiano, pero que en la actualidad se han ido sumando nuevos actores de peso como las narco bandas de Brasil, el Primer Comando Capital, el Comando Vermelho, siendo las más destacas y otras de última generación como el Primer Comando de Frontera (que incursiona en territorio paraguayo) y Bala Na Cara que, de Rio Grande do Sul, se ha expandido hacia el norte del Uruguay. Así mismo -y esta es una consideración que hacemos nosotros-, el dominio territorial en Europa y su tránsito hacia oriente, pero también hacía los Estados Unidos, continúa en manos de los grupos italianos, particularmente de la ‘Ndrangheta, lo que los convierte en los destinatarios últimos del tráfico latinoamericano y por ende en los reales dueños de la mercadería en tránsito, con todo lo que esto implica.

Respecto al segundo punto, el informe destaca la particularidad de la atomización del control policial sobre el territorio, que rompió -lo que citando al exministro de Seguridad Marcelo Saín-, se considera el “doble pacto”, entre la criminalidad y la policía, y la policía y la política, para mantener regulado el crimen dentro de parámetros tolerables que no alteren la gobernabilidad. Cuando inició la gestión del socialismo en la provincia de Santa Fe, de la mano del exintendente de Rosario Hermes Binner, se “corto” la cadena de recaudación histórica de la “caja negra” de la policía, la cual obtenía del primer pacto. Según recuerdan los autores –a partir de lo escrito en el libro ‘Los Monos’ de German De los Santos y Hernán Lezcano-, el entonces ministro de Gobierno Antonio Bonfatti, rechazó hacerse cargo de una suma de dinero que le aportaba un comisario, intentando establecer un nuevo parámetro de gobernabilidad, lo que derivó en que se rompiera “lo que históricamente había sido una pirámide sólida” de recaudación ilegal, y la policía, fragmentada, se atomizara cada una llevando agua para su propio molino, aumentando sin límites los conflictos territoriales. Entre los que se destacaron están las divisiones de Drogas Peligrosas, Orden Público, Leyes Especiales y particularmente la División Judiciales de la Unidad Regional II de Rosario, que hizo un doble juego, llevando adelante las investigaciones que terminaron con el clan Cantero (Los Monos), al tiempo que se vinculaban directamente con el clan Alvarado. Muchos de los miembros de esta división terminaron condenados. En este sentido, lamentablemente destacable fue el año 2013, en donde simultáneamente se sucedieron la detención del jefe de la Policía de Santa Fe, Hugo Tognoli; el asesinato del ‘Pajaro’ Cantero, líder histórico de Los Monos; y el atentado a balazos contra la casa del gobernador Bonfatti. Al año siguiente, 2014, la tasa de homicidios de Rosario sería la más alta en su historia, luego vuelta a superar.

Esta parafernalia criminal lleva consolidándose ininterrumpidamente durante una década. La acumulación de riqueza por parte de estos grupos que se entrecruzan en el centro financiero de la ciudad, con los acaudalados fondos de la primavera agrícola derivada del alza en el precio de los commodities durante la segunda mitad de la primera década del milenio.

‘Dejar matar, dejar morir’

“Dejar matar, dejar morir”, se fundamenta a partir del accionar negacionista, por parte de la dirigencia política, sobre la violencia en los barrios periféricos, siempre y cuando no salpique el statu quo de la clase media y alta que vive en el centro. Así como también la obstinación de desplegar sobre el territorio una mirada represiva, sin contemplar una perspectiva sanitaria en el abordaje de los afectados.

En este segundo informe el OPC, ahonda en el desarrollo de la "caja negra" de la policía a partir de fines de los 80, tras consolidarse cómo la más importante fuerza de presencia territorial, que le permitió no solo regular los circuitos de criminalidad explícita, sino que también de los de la economía informal que se expandía al ritmo de la galopante crisis económica de los 90 y otros factores de índole social y político que tienen lugar en la calle.

"En nuestro país no hay emprendimiento criminal abocado al narcotráfico que no tenga al menos algún grado de protección o cobertura policial o en el que la policía no participe como actor central. Además, esa mecánica cuenta con el consentimiento directo o indirecto activo o latente de los diferentes gobiernos políticos de derecha o de izquierda en la medida en que eso les asegure una gobernabilidad serena, calma y sin sobresaltos que no cuestione de manera radical los intrincados sistemas de seguridad", dicen los autores a partir de las palabras de Sain.

En este sentido, este segundo informe, plantea que la situación general se ve agravada por la presencia de laboratorios clandestinos dónde la droga se corta y se multiplica. Lo que le ha dado mayor poder a las narcobandas, y ha servido como base para la diversificación de otros delitos. "A largo plazo esto crea un sistema en el cual los criminales ganan poder en donde según parece el Estado está ausente -explica el fiscal Matías Dewey-. El Estado, sin embargo, está presente. Este actúa con actores de la sociedad civil que tienen interés en que los criminales tengan influencia. Como resultado, el poder de los traficantes no proviene de la ausencia del Estado sino del modo en que éste está presente".

El informe avanza sobre el desarrollo parasitario de esta "corrosión" en otras estructuras institucionales de disputa sensibles, como lo es el Sistema Penitenciario, desde donde los jefes, ya condenados, siguen liberando y organizando la actividad delictiva en la calle. En estos espacios las organizaciones criminales han incrementado mucho su poder, sobre todo considerando la superpoblación carcelaria producto de la persecución de consumidores y tenedores simples, bajo la lógica punitivista que se desarrolló a partir de la "guerra contra las drogas" de los Estados Unidos, iniciada a fines de los 60. "Guerra" que se impuso sobre los territorios latinoamericanos con consecuencias devastadoras.

Arribando al presente, los autores, reflejan las incertidumbres y preocupaciones lógicas a partir de que el gobierno de Alberto Fernández -aunque no lo nombran-, desplegó sobre el territorio de Rosario al Cuerpo de Ingenieros del Ejército Argentino. Una medida contraria a la ley de Defensa promulgada en abril de 1988, luego de los alzamientos Carapintadas.

En este sentido, consideran que la implementación de soluciones no debe provenir de la emergencia sino de la planificación a largo plazo. Para esto creen necesario establecer la posibilidad de la reelección del mandato del Ejecutivo provincial, creando al menos una cierta estabilidad política. Por otro lado, proponen traspasar el Servicio Penitenciario Nacional del Ministerio de Justicia al Ministerio de Seguridad, situación que permitiría una mejor integración y colaboración de las fuerzas.

Evidentemente sigue siendo una deuda, no así una prioridad, la restructuración de los sistemas policiales que aún conservan en su seno las lógicas criminales de la dictadura que no se reducían solamente a la tortura, sino también a los delitos de índole económica. La base de la actual crisis de seguridad no es producto del narcotráfico -aunque sea este el mayor agravante-, sino de la corrupción político-policial, nunca saneada, y la impunidad sostenida por el Poder Judicial.

*Ambos informes están disponibles en el sitio de internet del Observatorio.

Foto de portada: Leandro Gómez

Foto 2: Web de Carlos Del Frade