El arsenal fue adjudicado a disidencias de las FARC, pero no se registraron detenciones

Durante la jornada del pasado lunes 16, la Policía Nacional de Colombia anunció en conferencia de prensa la incautación “récord” de armas de guerra, durante un operativo de rutina. Los hechos ocurrieron en el departamento de Nariño, al sur del país, límite con el Ecuador. Una zona atravesada por la lógica de las guerrillas armadas y el narcotráfico. Las armas estaban distribuidas en dos vehículos que estaban “mal estacionados”, en un tramo de la autopista Panamericana, en vía Paso Mojarras, a la altura de la vereda Vientos Libres. Uno de los accesos que conecta con el departamento de Cauca, que hace varios días está cerrado por un desprendimiento de tierra, que mantiene a las poblaciones de aquella región aisladas.

La policía de Tránsito y Transporte, durante un recorrido de rutina para controlar la zona afectada por el desprendimiento, se topó con dos camionetas abandonadas en el lugar, sin rastro de sus ocupantes. Una inspección de los vehículos permitió visualizar el material bélico que fue catalogado, ya por personal de la Policía Nacional. En total se incautaron 33 fusiles de asalto, una ametralladora M.60 calibre 7.62 mm, 185 proveedores, tres pistolas, siete armas de fabricación cacera (conocidas en la región como ‘tatucos’), un cordón detonante, dos granadas y más 30.000 cartuchos de munición, según informó en rueda de prensa el director de Policía general Henry Sanabria. También había dos teléfonos satelitales con sus respectivos chips.

Es importante destacar que además del armamento, en lo vehículos había uniformes de camuflaje de tipo militar, chalecos antibalas y algunos distintivos con los logotipos ‘Columna Móvil Jaime Martínez – FARC EP’ y otros con el de ‘Frente Carlos Patiño FARC-EP’. Además, según informaron las autoridades varias de los fusiles tenían etiquetas con nombres de los supuestos usuarios de cada pieza. Respecto a este detalle, se manejan varias hipótesis entre las cuales se encuentra la de que sería un escuadrón que se desarmó voluntariamente. Otras versiones estiman que el traslado del arsenal tenía como finalidad armar otro grupo de disidentes de las FARC. Hasta el momento no hay evidencias solidas que permitan tomar un sendero cierto.

Respecto a la falta de detenciones, el general Sarabia justificó que los ocupantes de los vehículos se habrían desperdigado entre los montes y campos aledaños a la zona. “Si la policía hubiera actuado en contra de este grupo armado se habría presentado un enfrentamiento donde seguramente habría salido afectada la población civil, teniendo en cuenta que estas personas se ubicaron en lugares estratégicos”.

Según sintetizaron las autoridades, el arsenal –parte de manufactura colombiana, y parte de manufactura extranjera-, habría sido robado a personal militar. Pese a que no precisaron a quien y en qué situación. Durante el 2021 fueron incautadas en el país, 15.572 armas de fuego. Debemos recordar que el proceso de militarización de Colombia se acrecentó exponencialmente a partir del desarrollo del ‘Plan Colombia’, impulsado y financiado por los Estados Unidos con la excusa de la ‘guerra contra las drogas’. Un proceso catastrófico que ha llevado al país a una crisis institucional y social permanente, donde hay generaciones enteras que nacen, crecen y mueren a temprana edad en una zona de guerra civil, son posibilidad de conocer otra forma de vida, supeditados a repetir los patrones de sus respectivas comunidades o facciones.

Durante las masivas represiones realizadas por el gobierno saliente de Iván Duque -a raíz de las masivas protestas populares iniciadas en abril del 2021 con el Paro Nacional-, Amnistía Internacional condenó enfáticamente el comercio de armas desde Estados Unidos a Colombia. “El papel de Estados Unidos en el fomento de los ciclos incesantes de violencia cometidos contra el pueblo de Colombia es escandaloso”, había declarado en aquellos días Phillippe Nassif, el director de Incidencia Política de Amnistía Internacional en Estados Unidos. Además, condenaba la situación refiriendo que “el gobierno de Estados Unidos ha tenido una angustiante participación en los asesinatos, las desapariciones, la violencia sexual y otras torturas, y la horrenda represión de decenas de manifestaciones, en su mayoría pacíficas”.

En estos territorios en conflicto, es cierto que hay una abundante expansión de la frontera agrícola para uso de cultivos narcóticos como la cocaína y la marihuana. Pero es cierto también que, en estas zonas marginales civil y estructuralmente, no se fabrican armas de guerra. Estas son fabricadas miles de kilómetros a la distancia en los complejos industriales de las potencias económicas y militares. Son trasladados de forma legal bajo acuerdos internacionales entre los payeses dentro de las lógicas de sometimiento económico y político. Estas armas de origen legal son ingresadas a los circuitos ilegales siempre misteriosamente puesto que en rara ocasión hay detenciones o siquiera víctimas producto de los enfrentamientos.

Foto: Policía Nacional de Colombia

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