Un hecho emblemático de la red de prostitución en Argentina

Se cumplen 10 años del primer juicio que absolvió a los 13 acusados; Marita sigue desaparecida

Por Daiana Carracedo-19 de diciembre de 2022

El 3 de abril de 2002, María de los Ángeles Verón, más conocida como Marita, salió de la casa de sus padres, en San Miguel de Tucumán, para ir a una visita médica, y desde entonces se encuentra desaparecida, previo secuestro. Vivía con su pareja, David Catalán y padre de su hija en un barrio obrero de la capital. Susana Trimarco y Daniel Verón denunciaron la desaparición de su hija, el 3 de abril de 2002 y hasta la actualidad sigue con paradero desconocido. 

El caso de Marita no fue uno más. Pero no gracias al accionar de la policía o de la justicia. Sus padres, y en especial su madre Susana Trimarco, comenzaron una investigación por cuenta propia que expuso el delito de la trata de personas dejando al descubierto, entre otras cosas, la red de corrupción -con la implicancia de los servicios de seguridad y el poder político-  y, en la mayoría de los casos, vinculada a la prostitución forzada. El caso Marita tomó notoriedad en la atención pública y la agenda política del país en esos años. 

“Lo poco que consiguieron averiguar sus familiares y sus amigas fue por sus propias indagaciones, ya que la policía no hizo más que desviar la investigación y plantar pistas falsas. Recién unos meses después, con la intervención de Jorge Tobar, un comisario de Bomberos amigo de Daniel Verón, pudieron saber que había sido raptada por una red de trata sexual y llevada a prostíbulos de La Rioja. Marita no pudo ser hallada a causa de la complicidad del poder político de Tucumán –que protegió a Rubén la Chancha Ale y a su pareja de entonces, María Jesús Rivero, cabezas de la red prostituyente en esa provincia–, y de funcionarios judiciales tucumanos y de La Rioja”, relata la periodista Sibila Camps en una nota periodística del sitio periodístico de frontera Socompa.

La periodista Sibila Camps, que cubrió el juicio que comenzó en febrero de 2012 en Tucumán, escribió una extensa nota titulada “La penumbra de los prostíbulos” para recordar un proceso judicial que deja en claro la existencia de una red encubrimiento político y judicial respecto de la trata de personas y la explotación sexual.

El juicio

En noviembre de 2004 la fiscala del caso pidió que se juzgara a 10 de los 25 imputados e imputadas. Tras la apelación de la querella, la causa fue elevada a juicio en marzo de 2005 por 13 personas. Entre ellas se encontraba el autor material del secuestro, la jefa de la red de trata de La Rioja, dueños de otros prostíbulos y mujeres y hombres que trabajaban en ellos, incluido un entonces policía. Las audiencias comenzaron el 8 de febrero de 2012. Días anteriores al inicio, la Corte Suprema de Justicia de la Nación brindó capacitaciones sobre violencia de género y trata. Ninguno de los jueces –Alberto Piedrabuena, Emilio Herrera Molina y Eduardo Romero Lascano–, ni del resto del personal del tribunal concurrió. Según Sibila, desde el primer minuto el tribunal fue tejiendo la trama de protección para salvar a los integrantes de la red de trata. Sobre las testigos que habían sido víctimas de trata y habían estado con Marita, “el tribunal no sólo no propició las condiciones adecuadas para que pudieran contar lo que recordaban, sino que también las obligó a declarar a un par de metros de sus secuestradores y explotadoras. Jamás frenó la brutal revictimización que sufrieron, lo que provocó que la mayoría se descompensaran después de la primera jornada, incluso con necesidad de alguna hospitalización”, relató en el sitio Socompa.

Luego de 10 meses de juicio, el 11 de diciembre de 2012 el Tribunal Oral II de Tucumán absolvió a las 13 personas acusadas de haber secuestrado y prostituido a Marita Verón. “El fallo, de pésima redacción, es un compendio de recortes, mentiras, omisiones, incoherencias y, sobre todo, contradicciones. Los jueces afirmaron que sí, que esas 13 personas conformaban una red de trata, y que las testigos habían sido sus víctimas, pero a esas mujeres no les creyeron que hubieran estado con Marita Verón", relata Sibila. 

En esos momentos, la ley de Trata ya tenía media sanción en el Senado. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner llamó a sesiones extraordinarias para aprobar el proyecto de modificación de la ley.  Hasta ese momento, la ley obligaba a las víctimas mayores de 18 años a probar que no habían dado su consentimiento para ser traficadas. Con la modificación de la norma, el consentimiento dado por la víctima de trata y explotación de personas no constituye en ningún caso causal de eximición de responsabilidad penal, civil o administrativa de los autores, partícipes, cooperadores o instigadores. 

El 8 de abril de 2014, la Corte Suprema provincial revocó el fallo y condenó a 10 de los 13 acusados. 

Sibila Camps cuenta que "en cuanto al clan Ale, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) y la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) llevaron a la Justicia Federal una denuncia que Susana Trimarco había radicado en esta última mucho antes del juicio, pidiendo investigar al clan Ale por lavado de activos. El juicio se inició en diciembre de 2016 contra 16 personas, incluidos La Chancha y El Mono Ale, sus parejas y exparejas –entre ellas, María Jesús Rivero– y otros cómplices. Un año después, los Ale fueron condenados a 10 años de cárcel, la Rivero a 6, y el resto recibió penas de 3 a 7 años, menos tres imputados que fueron absueltos. Uno de ellos, Roberto Dilascio, expareja de Rivero, también fue finalmente condenado cuando la UIF recurrió en casación".

La búsqueda que emprendió Susana Trimarco dio una enorme visibilidad a esta problemática y ayudó a liberar a una innumerable cantidad de mujeres que se encontraban en la misma situación que su hija. 

Actualmente, Trimarco está al frente de la Fundación María de los Ángeles, creada para erradicar la trata en la Argentina y que brinda asistencia integral y gratuita a familiares y víctimas de la trata de personas. Según las cifras oficiales del Ministerio de Justicia de la Nación, entre abril de 2008 y junio de 2017, fueron rescatadas en Argentina al menos 11.169 personas que eran víctimas de algún grupo criminal dedicado a la trata de personas para explotación sexual (46%) o laboral (53%).

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*Foto de portada: plazademayo.com

*Foto 2: lavoz.com.ar