Transición a una democracia censurada

Parte primera

Por Georges Almendras, Victoria Camboni y Alejandro Diaz-12 de octubre de 2022

En Paraguay, el mes de septiembre inició con un nuevo golpe a la libertad de expresión, y puntualmente a la libertad de prensa: el asesinato del periodista Humberto Andrés Coronel Godoy. Fue ultimado con diez balazos a quemarropa, disparados por el cobarde sistema del sicariato, uno de los elementales componentes de lo que la prensa libre internacional define como narcoestado. Una estructura híbrida, hija de la lógica clandestina de la dictadura stronista -adicta al dinero ilegal- y del ascenso de un modelo económico neoliberal.

Ya son veinte los periodistas asesinados en Paraguay a manos del crimen organizado -ya inconfundiblemente transnacional-, desde la caída del dictador Alfredo Stroessner hasta la fecha. Un trágico conteo que se inició con Santiago Leguizamón en octubre de 1991.

Esta etapa “democrática” se inició de la mano de un represor golpista, como lo era el general Andrés Rodríguez, quien además de ser el consuegro de Stroessner, fue el gran benefactor del narcotráfico en el país. Una etapa que contó con numerosos golpes antidemocráticos, hasta llegar a su máxima expresión, el golpe de Estado contra el expresidente Fernando Lugo. Un golpe de Estado iniciado con una masacre, la de Curuguaty, plagada de desvíos investigativos, mentiras y falsas noticias, reflejo de una democracia condicionada donde la libertad de expresión y de prensa está fuertemente avasallada y censurada.

“Prefiero la muerte física y no la muerte ética”

El 26 de abril de 1991, Santiago Leguizamón se convirtió en el primer periodista asesinado por el crimen organizado durante la llamada democracia. Santiago denunciaba la presencia de la mafia en la región de Pedro Juan Caballero, una ciudad de frontera bastión del contrabando internacional, que desde fines de los 60 comenzó a transformar su fisionomía para ir poco a poco convirtiéndose en una zona a merced del narco. Santiago recibía constantes amenazas, que no lograron condicionarlo, por eso afirmaba: “Prefiero la muerte física y no la muerte ética”.

El foco de sus denuncias se centraba en la figura de Fahd Jamil Georges, quien era conocido como el “Padrino de la Frontera”. Un capo narco que hacía negocios en Brasil y en Paraguay por igual, con estrechos vínculos con las dictaduras de ambos países, las cuales garantizaban sus operaciones. Fahd Jamil era además un frondoso traficante de armas. Para los familiares de Santiago, nunca hubo dudas de que estuvo involucrado en su asesinato. Fahd Jamil -quien le dio un espaldarazo económico a Horacio Cartes en sus principios cuando este era un joven “empresario”-, permaneció prófugo de la justicia de Brasil durante lustros, para finalmente entregarse en el 2021, ya siendo un anciano, sin posibilidades de cumplir una condena de manera tradicional. Pese a las múltiples denuncias, nunca fue investigado por el homicidio de Santiago.

“Zona mafiosa”

Calixto Mendoza tenía 21 años cuando fue encontrado muerto al costado de un camino rural en la zona de Yby Yaú, en el departamento de Concepción. Fue el 2 de marzo de 1997, durante la presidencia de Juan Carlos Wasmosy, el mismo que se negó a investigar en profundidad las circunstancias del magnicidio del general Ramón Rosas Rodríguez, el entonces director de la secretaria antinarcóticos, que poseía información y nombres de la narcopolítica paraguaya.

Calixto, conducía un programa de radio que se llamaba ‘Mateando Feliz’, donde daba especial lugar a las voces de campesinos disidentes a la historia oficial. El joven, decía que la zona era una “mafia raity” (una zona mafiosa), donde imperaban las reglas del narcotráfico. Por estas denuncias había recibido numerosas amenazas. Según narran los testimonios de la época, su cuerpo tenía visibles marcas de haber sido asfixiado; así mismo, oficialmente figura que hubiera muerto por un accidente de tránsito. Las evidencias de su caso, que se encontraban bajo custodia policial, se perdieron. Y así, las denuncias de Calixto, fueron acalladas.

“Comer tierra”

El periodista Jorge Elias, recuerda que Yby Yaú significa literalmente comer tierra, aunque algunos lugareños lo utilizan para referirse a una culebra negra. Ambos usos, remarcan la aspereza y los riesgos de una zona acostumbrada, lamentablemente, a la violencia. Benito Ramón Jara tenía 37 años, trabajaba en una radio local, y también realizaba algunas actividades comerciales para subsistir. El 13 de abril del 2000, Benito viajaba en su motocicleta cundo lo acribillaron. En total le dispararon seis veces, cuatro en el pecho, dos en la cabeza. Murió en el acto.

Sus familiares intentaron minimizar el hecho, y negaron cualquier vínculo de la muerte de Benito con el narco. Pero desde el Sindicato de Prensa, no descartaban ninguna opción, pese a que las investigaciones no avanzaron en ningún sentido. “Sobre Jara no tenemos muchos datos –supo decir Julio Benegas, quien era secretario general del sindicato en aquel tiempo-, era muy poco conocido”. Como tantos otros paraguayos, fue asesinado prácticamente en el anonimato.

Medina, la familia paraguaya que mostró el rostro de la narcopolítica

Muy pocos de los asesinatos de periodistas tuvieron una resolución judicial. Tan solo en algunos casos pudieron ser identificados los atacantes, y en la mayoría solamente en condición de sospechosos. Menos aún se logró identificar a los mandantes, o ideólogos, que suelen ser la contraparte del sicariato. Por regla general, el periodista en Paraguay muere solo, abandonado por el Estado, que niega su labor de oficio por estar, en el grueso de los casos, vinculado directamente al crimen.

Salvador Medina, tenía 20 años cuando fue asesinado a manos del crimen organizado. Su vida estuvo marcada por la reivindicación y reconstrucción de la cultura, del arte como herramienta de transformación, y del activismo social y cívico como camino hacia la justicia. Salvador era un periodista al servicio de su comunidad. Un periodista que denunciaba a las bandas de contrabandistas, coludidas con elementos del Estado, que operaban, en aquel tiempo, en la zona de San Pedro.

Salvador fue asesinado el 5 de enero de 2001, por un sicario llamado Milciades Maylin, quien cumplió tiempo en prisión y actualmente está libre. Maylin, nunca colaboró con la justicia para identificar a los que le encomendaron el asesinato. Él por sí mismo, no tenía motivaciones para hacerlo. Innegablemente fue un atentado por encargo.

El asesinato de Salvador, no pudo ser ignorado al mismo nivel que el de otros, gracias a la lucha de su familia, en especial de su hermano, nuestro compañero Pablo Medina, que, siendo un trabajador de la prensa nacional, pudo, desde ese lugar, mantener la visibilidad sobre el caso. La familia Medina, continúo con su trabajo de concientización y de denuncia contra el crimen organizado cada vez más cercano a la narcopolítica. En diciembre de 2002, los Medina, vuelven a sufrir en carne propia la violencia de sistema. Salomón, uno de los hermanos, que era educador y activista, fue asesinado cobardemente. Pero la familia, los hermanos Medina, no se amedrentaron y continuaron, cada uno desde sus lugares, luchando.

El 16 de octubre de 2014, el velo que disfraza las conexiones entre el narco y la política se rompió. Aquel día, el intendente de Ypejhú, Vilmar Neneco Acosta -miembro del Partido Colorado, apadrinado políticamente por la diputada Cristina Villalba, jefa de bancada del cartismo, cuando Horacio Cartes era presidente-, coordino a los sicarios que dieron muerte al fotoperiodista que iba acompañado por su asistente Antonia Almada. Pese a que la justicia, paraguaya y brasilera, llegó a obtener condenas contra los sicarios y el exintendente, aún no han sido investigadas las redes de protección política del clan Acosta, que opera en la frontera hace más de 30 años.

Yamila, asesinada en una comisaría. ¿Un crimen de Estado?

Yamila Cecilia Cantero Cabrera, una joven periodista y estudiante de derecho de 24 años, fue asesinada en el predio de una Comisaria en la localidad de San Patricio, departamento Misiones. Yamila murió como consecuencia de un disparo en su rostro de un revólver calibre 38. Era julio del 2002, época en que la región atravesaba una galopante crisis económica producto de la corrupción estructural del sistema político y empresarial. El dueño del arma era el suboficial mayor Abel Antonio Martínez Verón, de 42 años, quien yacía muerto con un disparo en la cabeza junto a Yamila.

Ambos cuerpos, fueron encontrados en una habitación de descanso que los policías tienen detrás de la comisaria. Los suboficiales Gerardo Garcete y Daniel Morínigo, que estaban presentes en la comisaria no escucharon ninguno de los dos disparos. Algo completamente imposible. Rápidamente se construyó la versión oficial y los titulares difundieron la teoría del asesinato seguido de suicidio.

El asesinato de una periodista, una mujer, encerrada en una Comisaría paraguaya con al menos tres oficiales, sin presencia de ningún cabo, fue catalogado como un crimen pasional. ¿De qué forma esto no es un crimen de Estado?

Abatido en la frontera

La línea divisoria entre el Estado brasileño de Mato Groso y los departamentos paraguayos de Concepción, Amambay y Canindeyú, más que una frontera que divide dos países, es un camino que conecta los cultivos de droga del altiplano con los puertos del atlántico por donde se desangra Latinoamérica. Los pasos fronterizos son lugares anímicamente densos, donde la corrupción estructural es la cultura. Aquellas pequeñas localidades de frontera -divididas por una calle que intenta separar dos países, dos culturas, dos marcos legales y dos sistemas de aduanas, entre otras cosas-, están cooptadas por la lógica del crimen organizado. Están cooptadas por un sistema político feudal que nada tiene de democrático.

Samuel Román tenía 36 años, era brasileño. Hacía por lo menos dos décadas que era comunicador, y en el último tiempo había asumido un compromiso político con el Partido Democrático Laborista. Samuel vivía y trabajaba sobre la frontera, en las localidades gemelas de Capitán Bado, del lado paraguayo, y coronel Sapucaia, del lado brasileño. El 20 de abril de 2004 -mientras Samuel caminaba sobre la avenida que a su vez marca la frontera-, cuatro individuos en dos motos, lo seguían de cerca para darle muerte. Uno de ellos vinculado directamente a Fernandinho Beira Mar, el histórico capo brasileño, quien fue uno de los fundadores del Comando Vermelho. Beira Mar, fue de los pioneros en instalar la lógica de las narcobandas brasileñas en Paraguay, desde donde afirmo su imperio dedicado al tráfico de drogas, pero principalmente al tráfico de armas, el cual necesariamente lo conectaba con la casta militar, con todo lo que eso implica.

El ataque contra Samuel Román, fue certero, veloz, despiadado y por sobre todas las cosas cobarde. Diez tiros por la espalda segaron la vida del brasileño.

Por su asesinato fue enjuiciado y hallado culpable el exalcalde de Coronel Sapucaia Eurico Mariano, por ser considerado el autor moral del crimen. Las complicidades de Mariano con el crimen organizado, eran uno de los principales puntos de la denuncia de Román. A Mariano le costó tan solo cruzar la calle para evitar la condena y la prisión. Fue detenido recién en 2017, en Capitán Bado, del lado paraguayo, por portar una credencial falsa, puesto que al tener condenas en suspenso en Brasil (una en 2008, otra en 2011 y una tercera en 2015), no podía renovar de manera legal su documentación, sin ser capturado. Asesino de periodistas, pero apresado por un trámite.

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*Foto de portada: sipiapa.org