En un tercer informe realizado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre el caso de los estudiantes normalistas desaparecidos en Iguala, estado de Guerrero, se reveló que elementos de la Marina Nacional de México colocaron evidencias en el lugar de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, entre el 26 y el 27 de setiembre de 2014.

En el informe, se da a conocer que los autobuses de pasajeros en Iguala eran utilizados para el traslado de heroína. Y aquel día, y como era práctica de la escuela desde hacía muchos años, los estudiantes de la Normal Rural "Raúl Isidro Burgos", de la hacienda Ayotzinapa, secuestraron algunos de esos vehículos para trasladarse hacia la ciudad de México, a participar de la marcha conmemorativa del 2 de octubre, donde se recordaba el asesinato por parte del Estado, de estudiantes en una movilización en 1978.

En el nuevo informe del GIEI, se descubrió que tanto el Ejército como la misma Marina participaron en la fabricación de evidencia, con el conocimiento del Gobierno federal de la administración del expresidente Enrique Peña Nieto, un hombre que está siendo investigado por corrupción.

El 28 de marzo, el GIEI brindó una conferencia en el salón Revolución de la Secretaría de Gobernación, donde explicaron que aquella “verdad histórica” que explicó Jesús Murillo Karam, que en aquel entonces era el Procurador General de la República de México (PGR), fue un montaje, con testimonios basados en la tortura, y que lo que se hizo fue fabricar evidencias.

En la misma conferencia, los exponentes presentaron un video filmado por un dron oficial -que para funcionar solo puede ser autorizado por el presidente o su secretario-, una aeronave no tripulada de reconocimiento (ANX 3501), que estuvo en el basurero de Cocula una día después de los hechos, evidenciando que el presidente y todo el aparato del Estado estaban en conocimiento del montaje de evidencias.

La información presentada, fue recopilada directamente de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, a cargo de Alberto Bazbaz. Se trata de un logro de la Comisión por la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (CoVAJ-Ayotzinapa), a instancias del presidente Manuel López Obrador, informaron los ponentes. Además, señalaron que los altos mandos de las Fuerzas Armadas no han entregado toda la información.

El video presentado por el GIEI muestra al dron sobrevolando el basurero de Colula, donde se puede ver cómo son colocados bultos blancos y se enciende una fogata. También puede verse a Jesús Murillo Karam y a Tomás Zeron (hoy prófugo de la justicia) llegando al lugar, y posteriormente a los peritos de la antigua PGR.

El descubrimiento permitió identificar el hecho de que los normalistas eran vigilados, y que había jóvenes del Ejército mexicano infiltrados entre ellos para seguir sus movimientos -en los documentos encontrados fueron nombrados como “fachada de alumno". Según la información presentada por la GIEI, los 43 estudiantes, junto con integrantes del Ejército del batallón 27, fueron llevados a una región llamada Barandillas. El Ejército, según se supo, interceptaba las comunicaciones de los grupos criminales, sabiendo que los autobuses transportaban heroína, y debido a que las autoridades militares manejaban todo desde el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo, estarían en conocimiento de todo lo que estaba sucediendo con los jóvenes.

El grupo GIEI expone una simulación, desde el momento de la desaparición, y se fue extendiendo hasta las investigaciones que arrojaron “la verdad histórica”, ocultando, cambiando información, haciendo creer mundialmente que nada se sabía sobre el paradero de los jóvenes, y nada tampoco sobre la violencia extrema que habrían sufrido en la localidad de Iguala, del estado de Guerrero.

El GIEI señaló además que 22 personas que tenían información clave de los días 26 y 27 de setiembre del 2014 cuando ocurrieron los hechos, ya han muerto. De ellas, 20 fueron asesinadas, y otras dos se encuentran desaparecidas. Además, señalaron que existirían grupos de poder en el interior de la actual administración que obstaculizarían la información, negándose a dar nombres.

Al día siguiente, en una reunión realizada en el auditorio del Centro Prodh, el abogado representante de los familiares de los normalistas, Vidulfo Rosales, expresó que “la apuesta es que en este sexenio podamos avanzar con las investigaciones, sería muy difícil seguir en otro sexenio”.

Por tal motivo los familiares de los normalistas solicitaran una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, y comentaron también que buscarán las formas legales para que el expresidente del sexenio pasado, Enrique Peña Nieto, declare ante la justicia sobre los hechos y sea investigado por su supuesta participación.

El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) solicitó una investigación a las autoridades sobre el material revelado en el tercer informe del GIEI.

¿Se repite una vez más, una violencia desmedida por el Estado contra estudiantes que ejercen una militancia social? ¿Quién dio la orden de la desaparición de los jóvenes y que tan involucrado estuvo el Estado mexicano? Y si es cierto que sabía del trasiego de drogas desde Iguala hacia Chicago, ¿qué responsabilidad tienen las autoridades norteamericanas para dejar pasar un autobús mexicano a los Estados Unidos con un cargamento de heroína? Si esto viene siendo ocultado desde hace tantos años, ¿cuántas otras cosas estarán ocultas? Esperaremos ahora la reacción del pueblo mexicano.

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*Foto de portada: