Después de cuatro años y medio de iniciada la causa judicial, el Ministerio Público se apresta a cerrar la investigación por desfalco en la estatal cuprífera Codelco, que supuso la pérdida de cerca de 18 mil millones de dólares.

Estos dineros fueron defraudados utilizando dos modalidades: subfacturación de cobre y otros minerales, en una práctica que se inició en el primer gobierno del presidente derechista Sebastián Piñera (2010-2014), y que explica la desaparición de cerca de 14 mil millones de dólares de recursos estatales, y las pérdidas en “mercados de futuro” de cobre, verificadas en operaciones que tuvieron lugar entre 2005 y 2007, que implicaron mermas al fisco por 4 mil 670 millones de dólares.

Estas últimas, a pesar de haber sido reconocidas por el Parlamento y por la propia Codelco, nunca han derivado en sanciones para sus responsables.

El proceso por el “megafraude en Codelco” se inició en querella presentada el 17 de abril 2015 ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago por el abogado, economista y experto en tributación minera Julián Alcayaga Olivares.

La acción judicial fue interpuesta en contra de quienes resultasen responsables como autores, cómplices o encubridores, de malversaciones de caudales públicos y otras exacciones ilegales castigadas por el Código Penal que dieron pie al citado fraude.

“Sin duda ninguna que se trata de uno de los procesos más grandes en la historia de Chile, dada su cuantía y considerando que los recursos defraudados habrían podido financiar en gran parte las carencias en educación, salud y pensiones que se sufren en Chile”, señaló Alcayaga en entrevista con la revista mexicana Proceso.

A tal extremo ha llegado la inacción y obsecuencia de la Fiscalía que, habiendo solicitado los querellantes en reiteradas ocasiones, que se requiriera a la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) información relevante para determinar el hecho punible, la fiscal a cargo de la causa Macarena Cañas y el jefe de la Fiscalía Centro Norte, Xavier Armendáriz, se negaron a requerirla.

“Esta negativa, en los hechos, es una forma de encubrimiento del hecho punible”, acusa Alcayaga.

El fraude se demuestra haciendo aritmética simple. A contar de 2010 los ingresos de Codelco fueron muy inferiores a lo que debieran ser en función de la producción y el precio del cobre y sus subproductos. Esto se demuestra fácilmente haciendo la comparación con los resultados de los años previos.

Añade: “Lo que importa constatar es que desde el año 2010 en adelante faltan entre tres y cuatro mil millones de dólares anuales en los ingresos de Codelco”.

En relación con esto, reflexiona este economista: “Esto nos deja dos enseñanzas a lo menos. Primero, la caída de los excedentes se debe principalmente a una inexplicable disminución de los ingresos por venta. Segundo, es evidente que se confirma lo que venimos denunciando desde hace varios años: ¡Están robando en Codelco!”. Fundamenta: “si las ventas caen estrepitosamente en relación al año 2006, y la producción y el precio del cobre y subproductos son superiores el año 2014 que el año 2006, quiere decir que una gran parte del cobre, el oro, la plata, etc., están siendo vendidos a ciertos clientes a precios muy inferiores a los del mercado. Esos clientes se quedan con una ganancia extraordinaria, y Codelco se queda con los menores ingresos por venta, que han hecho desaparecer los excedentes”.

En la querella, Alcayaga aporta antecedentes que demuestran la subfacturación. Se trata de un informe de Aduanas -de enero 2014- que acredita que Codelco efectuó exportaciones a 2,03 dólares el kilo (0,93 dólares la libra), un valor muy inferior al de mercado y al de otras exportaciones realizadas ese mismo mes en que el cobre se transó a 7,42 dólares el kilo (3,37 dólares la libra).

“Desconocemos qué empresas o quiénes fueron beneficiados con esta subfacturación, y presentamos la querella precisamente para que el Ministerio Público investigara esta subfacturación, pero que no lo ha hecho”, señala el abogado querellante en la entrevista.

Allí se revela que existen millonarias subfacturaciones en las exportaciones de cobre en varios países, las que en Chile alcanzarían los US$16 mil millones entre 1990 y 2014.

En relación con las razones que explican el hecho que se produzcan tan millonarias pérdidas sin que existan sanciones y ni siquiera un conocimiento de ellas, el economista Alcayaga señala que “en Chile, solo el Servicio de Impuestos Internos (S.I.I.) y Cochilco están autorizados para fiscalizar la contabilidad de Codelco”.

No obstante, señala que “ambas instituciones dependen directamente del gobierno de turno y en consecuencia, fiscalizan solo en la medida que este lo permita… y ni Piñera ni los gobiernos siguientes han querido hacerlo”, expresa el economista.

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*Foto de portada: www.latamenergy.com