Martes 13 Enero 2026
Por Jean Georges Almendras-26 de febrero de 2022

Es jueves 24 de febrero a la noche, en la colonia Libertad del Municipio Empalme, en el estado norteño de Sonora. Dentro de un gimnasio, sorpresivamente, se escucharon detonaciones de arma de fuego. Instantes después se ubicó sobre el piso, en medio de ocho casquillos de pistola automática 9 mm, el cuerpo -ya sin vida- del periodista Jorge Luis Camero Zazueta, de 28 años, apodado entre sus compañeros de labor como “El Choche”. Su atacante se retiró de inmediato. El crimen fue consumado en pocos segundos, obviamente de manos de un profesional de la muerte. Fue la sexta víctima -de la familia periodística mexicana- en lo que va de este año. Así de estremecedor y terrible. El sexto periodista de ese país que muere bajo balas de sicarios contratados por poderosos, que ven en el periodismo a uno de sus principales enemigos, porque con su trabajo, cada trabajador de la prensa, se convierte en obstáculo para sus actividades. Actividades siempre alineadas con la ostentación de capitales, influencias y en algunos casos, alineadas con la función pública o con los servicios de seguridad, es decir, con el aparato estatal, de ahí que se les hace indispensable “borrar del mapa” a los hombres y mujeres cuya profesión es denunciar públicamente, corrupciones, vandalismos, saqueos, crímenes o vínculos estrechos, principalmente con el narcotráfico.

En este caso, según las informaciones procedentes de México, Jorge Camero dirigía el portal de noticias “El Informativo”, y hasta hace poco era secretario particular del alcalde de Municipio de Empalme. Trascendió allá en México, que días antes, Camero había solicitado licencia en el ayuntamiento en virtud de que estaba siendo investigado por las autoridades, después de que en las redes sociales circulo un video en el que se lo vinculaba con una estructura criminal.

La cuestión es que los hechos se sucedieron vertiginosamente. Estiman sus colaboradores que se trató de un video altamente cuestionado y que, de hecho, su muerte, fue con la sola intención de silenciarlo, porque seguramente Camero portaba valiosa información, precisamente sobre esa estructura criminal, barajándose la hipótesis de que él en realidad estaba investigándola, y que no formaba parte de ella. Obviamente su muerte cerró puertas y ventanas para toda investigación posterior sobre ella, sin perjuicio de que ahora, la duda sobre su vínculo o no con la criminalidad se encontraría instalada en el estado de Sonora.

No obstante, se aguadan ahora, más investigaciones, pero se fortalece la idea de que el mortal atentando tuvo mucho que ver con su profesión, específicamente, diluyéndose gradualmente la idea de que Camero estuviese ligado a organizaciones criminales, las que seguramente fraguaron ese video, con la sola intención de difamarlo y de destruirlo civilmente, aunque más tarde, desde las sombras, habrían ordenado a sus infaltables esbirros, quitarle la vida, lo que efectivamente ocurrió el pasado día jueves, precisamente cuando el periodista abandonaba el gimnasio al que tenía por costumbre concurrir.

Estos hechos, nos ponen otra vez en la amarga tarea de difundir noticias que tienen dolor y rabia, como lo hemos dicho ya en varias oportunidades. Ese terrible flagelo de la violencia desatada sobre los hombres de prensa, está cada día más que vigente dentro de la sociedad mexicana, transformándose en un reto al Estado, y a su primer mandatario Manuel López Obrador, quien reiteradamente masculla promesas de investigaciones, negando que haya impunidad, aunque en realidad es ella la que sobra.

Estadísticas que nos hacen temblar de impotencia y de indignación. Bajo la administración López Obrador, desde 2018, han sido asesinados unos 30 trabajadores -de ambos sexos- en diferentes zonas de México.

Y en lo que va de este 2022, además de Jorge Luis Camero, hay cinco caídos en el cumplimiento del deber de informar, que son los siguientes (contabilizándose un total de seis víctimas entre los meses de enero y febrero): Heber López, Lourdes Maldonado, José Luis Gamboa, Margarito Martínez y Roberto Toledo (no están mencionadas por orden cronológico, de los atentados). En algunos de estos casos, las investigaciones han arrojado personas detenidas que están siendo investigadas aún, sin llegarse a condenas o formalizaciones específicas dentro de la órbita de la Fiscalía. Por otra parte, debemos sumar, a esta nómina de seis víctimas, una más que no ha sido incluida en las listas del periodismo, por considerar que su atentado tuvo motivaciones de violencia de género; nos estamos refiriendo a la presentadora y modelo Anahí Michelle Pérez Simón, más conocida como Michelle Simón, cuya muerte ha sido catalogada como un feminicidio, no como atentado por la profesión.

Seguimos, dolorosamente, en este camino de informar sobre lápidas dentro del ámbito de la prensa, y que, por no ser hechos cometidos por estos territorios, nos resulta indiferente. Todo lo contrario, nos subleva dar estas noticias. Nos destruye.

Y sin perjuicio, de tanto sufrimiento que aún la distancia nos oprime el corazón, nos insufla sed de denuncia y de justicia, y de labor intensa de luchar -aún lejos de tierras mexicanas- para que todas estas muertes no sean abrazadas por la impunidad.

Y en eso estamos.

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*Foto de portada: redes sociales / Aristegui Noticias