Para la mayoría de nosotros, Ximena Chong saltó a la luz como la Fiscal que investiga el caso del homicidio frustrado de un joven manifestante empujado desde el puente Pío Nono por un Carabinero, hace dos meses atrás en Santiago de Chile.

Ese es uno de los casos que esta fiscal indaga y quedó en el aire la idea de que por ello estaba siendo amenazada por grupos de ultra derecha que manejan incluso armamento de guerra, que después de ser pesquisado por la policía de investigaciones, fue considerado (en forma absurda y sesgada por el gobierno) solo como "utensilios".

Pero indagando un poco más, y sin restarle importancia al caso del puente Pío Nono, la fiscal Chong representa un peligro mucho mayor para la clase privilegiada, ella es la Fiscal en Jefe de la unidad de delitos de alta complejidad y desde mayo pasado está investigando al mismísimo Tribunal Constitucional, por los delitos de prevaricación y cohecho al interior de dicha magistratura, para lo cual ha solicitado los archivos de todas las causas por Derechos Humanos de diez años hacia atrás, luego de que existieran denuncias acerca de un pago por la dilatación temporal de uno de estos casos.

El Tribunal Constitucional, es un enclave de la dictadura, que actualmente constituye uno de los principales obstáculos a una verdadera democracia; y como se sabe es uno de los pilares en los que descansa la estructura de privilegios de la clase empresarial y sus integrantes son designados por el presidente de la República. Mediante esta instancia el poder ejecutivo ha podido frenar gran cantidad de mociones parlamentarias que favorecen a la clase trabajadora durante toda la mal llamada etapa de “democracia” en Chile.

Según consigna  el diario El Mercurio, la fiscal Chong requirió el nombre de los ministros y ministras que han redactado las sentencias en el periodo 2010-2020. Y específicamente, "la normativa en su caso, con arreglo a la cual se define el redactor por parte del presidente, de acuerdo al artículo 8 letra c) de la Ley Orgánica de Tribunales".

Chong solicitó además los ingresos en los últimos diez años, la fecha en que el asunto fue visto por la sala y el Pleno, fecha de la sentencia y el resultado, el relator que tuvo a cargo el asunto en cada una de las etapas; la fecha en que se resolvió la suspensión del procedimiento, la copia de esta resolución, y el tiempo de paralización.

De acuerdo al rotativo, la fiscal recibió el pasado martes los antecedentes que le fueron enviados por la actual presidenta del TC, dentro de lo cual iba la petición de los correos electrónicos de ocho integrantes del órgano para citarlos a declarar, con la exclusión de Aróstica y José Ignacio Vásquez.

Según informó La Tercera, el Ministerio Público recibió una denuncia de la diputada comunista Carmen Hertz, quien solicitó investigar eventuales delitos de prevaricación y cohecho por la dilación de causas ligadas a violaciones de los derechos humanos.

"He denunciado ante la Fiscalía Nacional la necesidad de que se abra una investigación con los presuntos delitos de prevaricación y cohecho de los miembros del TC que componían ese tribunal cuando las causas se dilataron por meses y meses", dijo la legisladora.

La presentación de Hertz se basa en las declaraciones que dio al mismo medio la presidenta del Tribunal Constitucional, María Luisa Brahm, quien -en una entrevista publicada el fin de semana- afirmó que, en el periodo de su antecesor, Iván Aróstica, "había causas detenidas en el TC por mucho tiempo y eso llevó a una situación que, yo diría, estuvo al límite de la corrupción".

Brahm -ex jefa de asesores del Presidente Sebastián Piñera- aseguró además que una vez le tocó "leer un contrato en que un abogado cobraba a su cliente por el tiempo que le tenía suspendida su causa en el TC".

Carmen Hertz pidió a la Fiscalía que investigara eventuales delitos de prevaricación, "en tanto se habrían retrasado maliciosamente determinadas causas, en particular, recursos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad en procesos por violaciones a los derechos humanos".

También pidió indagar posible cohecho en relación con la "existencia de un 'negocioque reportaría beneficios económicos a litigantes que cobran expresamente por la dilación de causas", delito sancionado en el artículo 248 bis del Código Penal.

Se trata de "una denuncia ante el fiscal nacional contra quienes resulten responsables por los delitos de cohecho y prevaricación que se hubieran cometido cuando el TC estaba presidido por Iván Aróstica y digo 'contra los que resulten responsables” dado que la señora Brahm señaló que“había abogados que lucraban por mantener las causas de forma indefinida en el Tribunal", reiteró la diputada más tarde.

Entonces no es tan raro que los delincuentes lindos tengan amenazada a la fiscal Chong.

Ahora todo cuadra.

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*Foto de Portada: www.emol.com