El encuentro aglutinó una fuerte demanda desde los barrios para poner fin a la delicada situación social
Un nuevo encuentro se realizó en el cono urbano bonaerense. La delicada situación social de la argentina empujó a vecinos y referentes sociales a compartir un momento de reclamo y reflexión junto a autoridades de la justicia y eclesiásticas. La pastoral Judicial, esta vez llamó a reunirse en San Justo, partido de La Matanza. El avance del narcotráfico y el delicado equilibrio social frente al proyecto económico del gobierno de Javier Milei fueron puntos resonantes.
El último encuentro de similar tenor había sido en el Hogar del Padre Cajade en la ciudad de La Plata, en noviembre del 2014, donde los participantes, delinearon estrategias e intercambiaron opiniones.
Mujeres, niños y vecinos, que comúnmente son asistidos por los Hogares de Cristo dieron sus testimonios frente a los magistrados judiciales. También del encuentro participaron voceros de organizaciones sociales de los barrios y sindicatos.
Dichos testimonios confluyen en la crisis económica que los aflige. Hoy en argentina, falta trabajo y comida, y el narcotráfico se expande como reguero de pólvora, constituyéndose como un peligroso actor social que amenaza con reemplazar al Estado (en muchos barrios periféricos, ya lo ha logrado). Además, la persecución y criminalización de los niños con seguridad podemos afirmar que desploma el rol protector de un estado casi ausente en el proceso de asistencia y educación.
"Resulta imprescindible destacar la necesidad de proteger sobre todo a los más chicos y a los más vulnerables porque son los que más nos necesitan y este Ministerio Público tiene ese mandato desde que yo preste juramento en el año 2016", afirmó en su discurso el Procurador General de la Provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, que estuvo presente en la jornada.
“La demanda que se escucha en los barrios es que falta justicia y acá nos convocaron para sensibilizarnos y ponernos en frente de las narices a la gente que sufre las consecuencias de nuestras decisiones”, dijo Marisa Graham, Defensora de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación, que tomó la palabra luego del procurador y además afirmó que: “Esta semana, con la Defensoría, tuvimos que llegar a la Corte Suprema de Justicia para que después de 7 meses el Estado reparta los alimentos para darle de comer a la gente”.
La jueza de la Cámara Federal de Casación Penal, Angela Ledesma explicó que: “desde la Cámara de Casación junto con el colega Alejandro Slokar (también presente en el evento) hemos sentado una importante jurisprudencia cuando dijimos que de ningún modo puede existir o imponerse la prisión perpetua para los chicos menores”.
En esa misma línea Slokar expresó que: “La justicia, ante todo, es un derecho, esencialmente de los más débiles. Frente a las penurias de una crítica situación social, que muestra luces de máxima alarma, un mínimo ético-jurídico es atender lo más frágil, como en un naufragio: mujeres y niños primero”. Y finalizó su discurso con un: “Con los pibes no se jode: el hambre es un crimen y su encierro una perversión”.
El presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Oscar Ojea remarcó que “Sigue siendo importante un Estado activo que se haga cargo de las necesidades de la gente”.
Las palabras de Ojea que dieron cierre al evento remarcan la importancia de “tener una visión más crítica de las situaciones que aparecen en los medios, en los cuales parecería haber una insistencia o una demonización del delito de los menores. Debemos ver la película entera de esa vida para no tener una visión parcial de lo que pasa porque esto es un problema de adultos, que son quienes deben encontrar los modos concretos para facilita la reinserción social de quienes han cometido un delito”.
*Foto de Portada: Página 12