Sanos y salvos, valga la expresión literal, fueron hallados los candidatos al Congreso, para las elecciones legislativas del próximo 8 de marzo, Ana Guetio y Andrés Vázques -del Partido Circunscripciones Especiales de Paz, respectívamente- quienes desde el pasado día miércoles 25 de febrero pasado estuvieron secuestrados por grupos guerrilleros de la ex FARC disidentes, con dominio de una extensa región del Cauca. Tras vivirse horas de intensa y dramática incertidumbre, finalmente los candidatos fueron liberados en la jornada siguiente a la del secuestro; sus secuestradores oportunamente actuaron en lugares diferentes pero coordinadamente. El episodio hace parte de una escalada de violencia política que rige en la región, seguramente con la intención inequívoca de desestabilizar la campaña electoral para obtener bancas en el Congreso, sino además la campaña a nivel nacional prevista para el próximo mes de mayo.
Capitalizando, criminal y groseramente, la impunidad, que desde hace tiempo vienen ejerciendo -cínicamente además- los grupos que practican la violencia política en la Colombia de hoy, una vez más el pasado miércoles hicieron que la sociedad de ese país se estremeciera y fuera testigo de una nueva agresión a la vida política nacional. Oportúnamente las agencias de prensa extranjeras y locales nos dieron de bruces con la noticia de que en medio de una campaña electoral -por las legislativas de este próximo 8 de marzo del año en curso, de cara al próximo mes de mayo, día 31, en que se realizarán las elecciones nacionales- dos candidatos al Congreso (a la Cámara de Representantes y al Senado, respectivamente) habían sido dado como desaparecidos viviendose de inmediato, en el país hermano, un clima de gran incertidumbre y dramatismos respecto al paradero de ambos.
Los políticos dados como desaparecidos fueron Anita Guetio y Andrés Vázquez, quienes -según las primeras estimaciones- habrían sido secuestrados y privados de su libertad por grupos criminales, que operan como si tal cosa dentro de los límites territoriales, no obstante haberse firmado -en 2016- un acuerdo de paz con las FARC, una de las organizaciones guerrilleras que se mantiene en actividad, y que está integrada exclusivamente por disidentes, muchos de los cuales tienen un estrecho vínculo con el universo narco que se mantiene instalado desde hace tiempo en la región del país, donde tienen influencia.
Múltiples informaciones sobre la desaparición de Guetio -quien además es una indígena que representa al Partido Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz en el departamento del Cauca, que busca dar representación a las víctimas del conflicto armados en el país- y de Vázquez (del Partido Conservador), se dieron a conocer instantes después de los respectivos secuestros.
En paralelo, desde filas gubernamentales inmediatamente se activaron todos los mecanismos de seguridad viables para dar con sus paraderos, corriéndose de hecho una verdadera carrera contra reloj; cabe recordar, a propósito, un episodio de hace muy poco tiempo, que tuvo como protagonista a la senadora de la comunidad indígena sena Aida Quilcué, quien estuvo secuestrada por más de tres horas hasta que fue liberada -sana y salva- para que finalmente fuera hallada por las fuerzas de seguridad; en el caso de Quilcué nunca quedó claro el motivo de su privación de libertad; en el caso de los candidatos al Congreso la situación planteó a todos la interrogante si con ellos ocurriría lo mismo que con Quilcué, al tiempo de desconocerse igualmente los motivos reales de ambos secuestros.
Desde el Ministerio de Defensa, su titular, Pedro Sánchez Suárez, puntualizó al periodismo durante el tiempo de búsqueda de Guetio, que de acuerdo con los voceros de su equipo de campaña, la candidata indígena había sido dada como desaparecida en la noche del miércoles 25 no bien hubo finalizado una reunión ciudadana en una aldea denominada Pandiguando, en el municipio de El Tambo, una zona de influencia de grupos ilegales; se consignó también que Guetio perdió contacto con sus colaboradores cuando se hallaba dentro de un vehículo que circulaba por una ruta de la región suroeste del departamento del Cauca, infestada por guerrilleros disidentes de las ex FARC.
De Vázquez se supo que su desaparición había sido detectada horas antes, es decir el miércoles mismo pero por la mañana, en oportunidad que se retiraba del hogar de su padre en la zona de Pelaya, un pequeño pueblo del departamento de César, en la región Norte; su esposa, precisamente, fue la que halló abandonado su vehículo estacionado en un solitario tramo de la carretera; ni rastros de su esposo, pero sí se hallaron pertenencias suyas.
“Estamos actuando con toda la capacidad y determinación de la Fuerza Pública para encontrarlos y traerlos sanos y salvos a sus respectivos hogares” fueron las primeras y más dramáticas palabras escritas del Ministro de Defensa Sánchez, a través de Twiter.
Horas después el mismo jerarca del gobierno colombiano y otras autoridades felizmente daban la noticia del hallazgo de los dos candidatos: “Este resultado es fruto de la presión sostenida de nuestra fuerza pública y del acompañamiento decidido de las comunidades, que no cedieron ante el miedo”, llegó a decir Sánchez en la red social X.
Se vive un estado de alerta nacional
Este nuevo hecho de violencia hizo parte del cúmulo de episodios que viene alterando la paz en Colombia; por ejemplo, uno de los más destacadados, porque tuvo consuencias trágicas, fue el que se registró en el mes de agosto del año pasado: el senador MIguel Uribe , quien era candidato presidencial por la oposición, precisamente para las elecciones del próximo mes de mayo del corriente año, fue asesinado a balazos durante un acto público que tuvo lugar en la ciudad de Bogotá; las autoridades estimaron que los autores habrían sido guerrilleros , obviamente, disidentes de las ex ARC.
Pero hay más datos a tomar en cuenta, en la Colombia de hoy: desde filas gubernamentales se puso en práctica un estado de alerta nacional, dado que en los últimos tiempos los grupos armados ilegales se han fortalecido notoriamente, con el agravante de que entre las guerrillas disidentes también se suscitan violencias entre sí, con un saldo numeroso de víctimas fatales.
En el contexto mediático, voceros de la Defensoría del Pueblo estatal señalaron que en la semana previa al secuestro de los dos candidatos percibieron -por informaciones que llegaron a su mesa de trabajo, que unos 69 municipios requerirían hoy día una acción urgente debido al riesgo de violencia política se diría inminente; incluso consignaron que se recibieron unas 457 denuncias de amenazad de muerte dirigidas contra activistas y defensores de derechos humanos, como así también contra actores políticos que forman parte del contexto preelectoral.
A todo esto, y por si fuera poco, desde la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia se informó al periodismo local e internacional que esa violencia política imperante en el país, se fue agravando e intensificando agudamente por las elecciones previstas para los meses de marzo y mayo; en la información consignaron que solo el año pasado se registraron cerca de 18 asesinatos de líderes políticos, en el que se incluye el del candidato presidencial Miguel Uribe.
¿Por qué y hasta cuándo?
Una vez, dos veces, tres veces, y muchas más; así en seguidilla se vienen dando estas violencias en Colombia ¿Hasta cuándo?¿Y por qué siempre la violencia ha marcado a ese país, con literal saña? ¿Será que las movilizaciones por la paz, para que se hagan cambios estructurales dentro de los ámbitos institucionales y en las comunidades alrededor de los municipios, desatan siempre los embates de los violentos del poder, y de la narco criminalidad , instalados allí desde hace ya medio siglo? ¿Será que el precio de la paz, es siempre el derramamiento de sangre y la práctica del terror, del sicariato, como evidencia inconfundible de que solo así, se puede someter a los pueblos, a la hora de su despertar, a la hora de su toma de conciencia; a la hora de tomarse conciencia urbana de saberse pisoteado y avasallado cruelmente por quienes tienen el sartén por el mango y las armas cargadas para abrir fuego impúnemente?.
Hoy por hoy, esas violencias ya están siendo denunciadas con mayor empeño y con mayor celeridad; con mayor peso, y no se habrán de tolerarlas más; porque se está llegando al límite. Ese límite que solo hace mella cuando la denuncia pública se hace de inmediato; informándose sin distorsiones, y con honestidad; pero fundamentalmente con un sentido de compromiso con la verdad; compromiso que es carácterística de un amplio sector de los medios alternativos.
Tal como ocurre ahora mismo, con Antimafia Dos Mil, que se suma libremente -y sin condicionamientos- a la obligación de hacer público el hecho criminal, y el atentado, exigiendo al Estado, que en los hechos, y no solo con la retórica, se dé una respuesta gubernamental, para materializar un basta contundente, y con suma urgencia, a todas esas violencias políticas, que nada tienen que ver con las pautas de una democracia en Colombia, que ahora mismo está siendo socavada, y erosionada, y atravesada, recurrentemente, por los titiriteros de una ideología mafiosa infiltrada implacablemente en la voluminosa sociedad urbana, indígena y campesina, de esa región del continente sudamericano.
Una infiltración de vieja data, que está expandiéndose alevosamente. Una infiltración que hay que pararla. Detenerla. Neutralizarla.Denunciarla. Y además, resistirla, codo a codo. Para que no se sigan repitiendo hechos como los de la indígena Quilcué, o como el de los candidatos al Congreso -cuyo desenlace, esta vez fue feliz- , pero no pudo ser igual con el candidato a la presidencia Uribe, asesinado a balazos en agosto del año pasado. Y como tantos otros más hechos, propios de la insanía criminal, sustentada en la codicia por las economías ilícitas que siempre van tomadas de la mano de las armas, desatando muerte y destrucción de esperanzas y proyectos para el futuro; violencias que se repiten por ejemplo, cuando desde las filas de los grupos ilegales diseminados en determinadas regiones, se atacan a activistas sociales, comunitarios y de las comunidades indígenas colombianas.
Ese poder entre las sombras, que hoy es moneda corriente en los cuatro puntos cardinales del planeta. Y eso pesa mucho. Y nos compromete aún más para darle tenaz lucha.
* Foto de Portada :Pedro Sanchez/Latinus Latam