En medio de una escalada de inusitada violencia en el Paraguay, que se visibilizó trágicamente el pasado día 2 de octubre, cuando un militar -y además estudiante de la Facultad de Derecho de Asunción- identificado como Guillermo Moral, fue baleado y muerto por dos sicarios que lo interceptaron en el frente de la institución universitaria a la que concurría asiduamente, finalmente varias personas -coautores específicamentre- fueron detenidos por este hecho. Un hecho que hizo parte además de una seguidilla de atentados a tiros de corte mafioso, cometidos en la ciudad de Lambaré, contra periodistas, que no arrojaron víctimas. Pero otro hecho se sumó en la misma ciudad en los últimos días; en este caso, un motociclista arrojó una bomba molotov incendiaria contra el ventanal de una vivienda en la que reside un periodista de temas judiciales, dejándose en el lugar una bala sin percutir calibre 45 con un mensaje escrito que decía “cuídese”. En ese contexto, entre tanto, en el parlamento, a nivel de la cámara de Senadores, se debatió -postergándose para más adelante la instancia de resolución- respecto a la urgencia de aprobar una Ley de Protección de Periodistas y activistas de Derechos Humanos; reclamo que desde hace ya bastante tiempo ha sido planteado a instancias del Sindicato de Periodistas del Paraguay, y que hoy se ha intensificado, y no por casualidad, en el mes que corre y a unos 11 años del asesinato del periodista de ABC Color, Pablo Medina y de su asistente Antonia Almada.
El letal atentado al militar Guillermo Moral hizo que las autoridades llevaran adelante celeros procedimientos que derivaron en la identificación y en la captura de varias personas, involucradas en el homicidio, que ahora se encuentran privados de su libertad preventivamente.
Por ejemplo, el periodismo local fue informado que la magistrada del Juzgado Penal de Garantías 3 de Asunción, doctora Cynthia Lovera, dispuso la prisión preventiva, en la penitenciaría de Tacumbú , de Ángel David González Guillén, de 22 años, y de su tío Jorge Guillén Bogado, de 44 años. Se pudo saber además, que los fiscales José Martín Morínigo y Christian Ortiz Riveros imputaron a ambas personas por la supuesta comisión del hecho punible de sicariato en carácter de coautoría y asociación criminal.
Habiendo trascendido el acta de imputación se tomó conocimiento que el pasado 25 de setiembre, en horas de la noche, en Ciudad del Este (en el departamento de Alto Paraná) Ángel González hubo recibido una llamada telefónica de su tío Jorge Guillén para que el primero realizara una transferencia de dinero a una cuenta bancaria.
Fue así que González se hizo presente en el domicilio de Guillén y este le entregó 800.000 guaraníes como así también la información necesaria para materializar la transferencia de ese dinero. González, dinero en mano, tomó contacto con una persona de su amistad de nombre Rolando Javier Torres Rivarola, a quien le solicitó efectuara la operación de transferencia desde su cuenta. Torres, en consecuencia, hizo la transferencia a la cuenta de una mujer, quien se supo después, era una familiar de un hombre joven, quien sería uno de los supuestos autores materiales del hecho investigado. Y precisamente este hombre de unos 18 años, y un joven de 16 años de su conocimiento, habrían utilizado el dinero de ese giro para llevar adelante la logística de seguimiento y vigilancia del militar, el que a la postre sería asesinado por ellos, frente a la Facultad de Derecho. Previamente estos dos jóvenes habrían evaluado las informaciones obtenidas, pára así decidir el lugar, la modalidad y el momento para concretar el atentado.
Se consignó que para estas dos personas, que están perfectamente identificadas pero permanecen prófugas, dada la gravedad del delito, está prevista una pena privativa de libertad, respectívamente, de hasta 5 y 30 años.
Ministro del Interior, Enrique Riera: “hay que saber quién está detrás de todo eso”
En posterior rueda de prensa el Ministro del Interior Enrique Viera se explayó sobre el allanamiento realizado en una vivienda de Ciudad del Este para detener a uno de los financistas del atentado.
“Se llegó a las casas de las familias, se monitoreó, se esperó 24 horas a ver si entraban o salían, luego se allanaron las casas. Todo esto, ya liderado por la Fiscalía, y ahí se encontraron cosas muy importantes” dijo el titular del Interior.
Tras relatar algunas instancias de las investigaciones y de los operativos, indicando que el Presidente Peña le había encomendado que él asignara el caso a un oficial experimentado, comentó al periodismo que “toda la sociedad necesita saber quién está detrás, no solo quién apretó el gatillo.La verdad tiene que ser probada”.
Finalmente informó, que además de detenerse a los que proporcionaron el dinero, se llegó a definir la identidad de quienes habían sido los presuntos autores materiales, vale decir el joven de 18 años y otro de 16 años ya referidos anteriormente; estimándose que este último habría sido quien accionó el gatillo de una pistola de grueso calibre para acabar con la vida del militar.
El Ministro Riera señaló al periodismo: “Estamos muy avanzados, porque a esta altura del campeonato llegamos a una situación en la que los autores intelectuales son tanto o más importantes que los materiales”.
En tren de hipótesis, respecto a los autores intelectuales, puntualizó que la primera se relaciona con el Clan Rotela: “Si recuerdan, hubo un motín ese día y se allanaron tres celdas. Después, se controló el motín, ‘todo el mundo al piso’, entramos a las celdas, no encontramos el teléfono donde buscábamos, pero encontramos otros dos teléfonos. Esa es una hipótesis que avanzó, (pero) después dijimos que no tiene lógica que, si es el crimen organizado, contraten a dos inexpertos, porque estos chicos no tienen antecedentes, pero, por otro lado, decís ‘esta es la mejor manera de decir que no tenemos nada que ver con eso porque nosotros trabajamos con profesionales. Entonces se abrió la posibilidad de que sea crimen organizado regional, concretamente el PCC (Primer Comando Capital). Esta no está descartada. Ni la primera ni la segunda. Después, se abrió la tercera hipótesis, que no es ni una de las dos primeras. Se está investigando, pero sí les puedo decir, que estamos, en niveles del 1 al 10, en un 7, para identificar todo el paquete; es decir, autores materiales, móviles, autores intelectuales”.
En la rueda de prensa los periodistas le preguntaron a Riera si podría estar detrás de esto el narco Miguel Angel Isfrán “Tio Rico”. La respuesta del Secretario de Estado fue la siguiente: “La Policía tiene un escepticismo sobre todo e investigan a todos. Otra hipótesis es que hayan disparado nada más. Quizá… a lo mejor fue un amedrentamiento y salió mal , y estaban tranquilos porque no se dieron cuenta”.
Por último Riera dijo enfáticamente: “Hay que decirlo con todas las letras, el presidente me dijo ‘dejá todo lo que estás haciendo y encargate de esto’, a mí y al comandante. Porque nosotros interpretamos como un mensaje (del crimen organizado): el que se mete con nosotros, termina mal”
Algunas fuentes policiales apuntaron en señalar dos cosas: una, que el atentado podría haber sido ordenado por “Tio Rico” como represalia dirigida contra el militar dado que éste se habría negado rotundamente a ingresar un celular a la cárcel desdinado a Isfrán; y segundo, que no sería nada extraño que la integridad física de los dos sicarios, el joven adolescente tirador y el piloto de la moto, esten en estos momentos bajo extremo riesgo, dado que ambos son piezas claves para que a la hora de ser detenidos puedan revelar la identidad de los autores intelectuales del homicidio; no obstante, igualmente se tomaron medidas de seguridad de las personas detenidas, en particular por estar todas bajo igual riesgo, en función de estar todos comprometidos en una compleja red criminal, alrededor del hecho en cuestión.
Y a buen entendor pocas palabras: silenciar a puro plomo a los sicarios del hecho criminal parecería ser una de las prioridades de ese sub universo narcomafioso.
Fotos : ABC Color