No nos asombra que se hayan sustraído caudales públicos en plena dictadura chilena de los años 70’. No nos asombra ese burdo y criminal saqueo. Tampoco nos asombra que a más de 50 años de esa infamia, que involucró a 16 sucesores del dictador Augusto Pinochet, ahora por decisión del 7mo Juzgado Civil de Santiago, se haya dispuesto judicialmente su reintegro; reintegro que por cierto seguramente será apelado en los Tribunales Superiores. Pero de todas formas la noticia está recorriendo el mundo, porque no deja de ser un hecho más que grave, uno más que atañe a la dictadura de Pinochet, la que hizo parte del Plan Cóndor. Esa dictadura de cuño ideológico estadounidense con la firma de Henry Kissinger. Esa dictadura alineada al saqueo de recursos y de dineros, tanto descaradamente, que hoy salta a la luz, como si esa tamaña sustracción de millones de dólares, hubiese sido un hecho natural, admisible y asumible.
Esta historia de reintegros y sustracciones, de cifras millonarias en moneda estadounidense, bien propias de los que tienen el poder obviamente (porque no estamos hablando de vulgares rapiñas, dado que en el fondo son rapiñas, pero de guante blanco) tuvo como punto de origen el momento mismo en que fallece el sombrío dictador chileno, momento en el cual todos los fondos investigados fueron literalmente transferidos a familares directos.
En la actualidad, la información consigna que la Justicia de Chile ordenó la restitución de millones de dólares al fisco, en el marco del denominado “caso Rigss”, vale decir una investigaciónque se iniciára en 2004 en la que se reveló la existencia de cuentas secretas abiertas por Pinochet, en bancos internacionales, utilizados para ocultar activos cuya procedencia no podia justificsr legalmente.
En consecuencia, sepultado Pinochet, todos esos dineros -para preservarlos- fueron transferidos a familiares directos, estando entre ellos la fallecida esposa de Pinochet, Lucía Hiriart más otros quince descendientes, tales como hijos y nietos.
En medio de todo este más que complejo contexto judicial la defensa de la familia Pinochet alegó la prescripción de la causa, siendo que fue descartada por el Tribunal, el que además ratificó la vigencia de la demanda, rechazando los planteos técnicos para por cierto, evitar el fallo.
El Consejo de Defensa del Estado hizo una demanda para recuperar el dinero malversado; demanda que fue dirigida a los herederos del ex general luego de que la Corte Suprema concluyera la investigación que hubo revelado múltiples cuentas bancarias secretas usadas por Pinochet , y su círculo de colaboradores.
"Transcurridos siete años desde su presentación, la demanda por provecho del dolo ajeno que hoy acoge íntegramente la justicia forma parte de un conjunto de acciones materializadas por el CDE para reparar los exorbitantes perjuicios ocasionados por la malversación de fondos públicos cometida por Pinochet y sus colaboradores", señaló el presidente del organismo, Raúl Letelier.
De hecho la Justicia ordenó que los dineros deberían ser restituídos "por los herederos en proporción a su participación en la herencia" y además, "el monto deberá pagarse en pesos chilenos al tipo de cambio vigente al momento del cumplimiento".
Cabe consignar que el fallo del Tribunal desestimó la prescripción alegada por la defensa de los herederos de Pinochet, pero al tratarse de una resolución en primera instancia podrán recurrir a la Corte de Apelaciones o a la Corte Suprema; y hay más, si eventualmente la resolución se mantiene en instancias superiores, la misma representará uno de los mayores montos, contantes y sonantes, en vías de ser restitúídos al Estado chileno en un caso ligado a la corrupción de la cúpula de la dictadura.
Hay un aspecto a tomar en cuenta: según María Inés Horvitz, doctora en Derecho y ex consejera del CDE afirmó: "hay muchos elementos que permiten decir que incluso pudo haber sido mucho más amplia la cantidad de dinero defraudado".
Además, según el portal Bío Bío, “figurarían dos sociedades que fueron clave para los movimientos de Pinochet, tales como Ashburton y Althorp que corresponderian a empresas fantasmas que el banco habría ayudado a establecer en Bahamas. Y si bien ninguna de ellas tenía empleados ni oficinas físicas, igualmente beneficiarian directamente a Pinochet y su familia” precisa el informe de la Comisión Investigadora de la Cámara, que en definitiva fue la que examinó las cuentas bancarias del ex senador vitalicio.
De acuerdo a esa instancia investigativa la maniobra consistía o al menos tenía como principal finalidad “evitar que el nombre de Pinochet apareciera en los documentos”. Y conocidas ya las cuentas de Pinochet desde el banco se alteraron los nombres oficiales que aparecían en la cuenta de “Augusto Pinochet Ugarte&Lucía Hiriart de Ponochet”, por “L.Hiriat&/or A. Ugarte”, lo que significaba impedir cualquier búsqueda manual o electrónica de apellido del dictador.
Ya está en todos los medios de comunicación la información de que toda ésta investigación iniciada en Estados Unidos hubo revelado esa sustracción millonaria y su ocultamiento en cuentas secretas del banco Riggs y de otras entidades financieras en el exterior de Chile, desatándose investigaciones en suelo chileno que obviamente derivaron en no pocos procesos, en el orden civil y penal.
Resumiendo, específicamente por el caso Rigss, Pinochet fue procesado por la justicia chilena en 2005 y al no lograrse su condena pero sí su arresto domiciliario por algunas semanas, sobrevino luego su deceso; y en ese contexto tampoco fue condenado por su responsabilidad en las recurrentes y sistemáticas violaciones a los derechos humanos.
Pero las huellas de una multimillonaria malversación están ahora delineadas nítidamente en la resolución judicial en cuestión. Una más de tantas de esa nefasta dictadura, que no solo se llevo dineros sino además vidas: unos 3.200 opositores asesinados, de los que 1.469 fueron víctimas de desaparición forzada.
*Foto de Portada: El Mostrador/Antimafia Duemila