Se intenta, desde el gobierno, convencer a los militares a intervenir en la Araucania

Por Claudio Rojas desde Chile-11 de marzo de 2021

Este jueves las Cámaras de Diputadas y Diputados aprobaron un proyecto de resolución que pide al presidente Sebastián Piñera militarizar la región de La Araucanía, una iniciativa que no fue precisamente del parlamento. De esta forma el gobierno le pone presión extra a los militares, a ver si se deciden a cumplir los requerimientos del poder económico y la derecha política.

Dicho texto según el diputado Sebastián Torrealba (RN) solicita “la deducción de acciones penales por delito terrorista en los casos que las circunstancias lo ameriten y la disposición de un Estado de Excepción Constitucional diverso al vigente, que permita a las Fuerzas Armadas y de Orden y de Seguridad hacer frente al poder de fuego” en la Araucanía.

No es primera vez que la historia de Chile se enfrenta a este escenario. La Escuela Santa María en Iquique en 1907, la matanza de Forrahue en 1912 o la masacre de Ranquil en 1934 ejemplifican otros momentos en los que la violencia estatal se impuso como respuesta a un pueblo que se organizaba y defendía. Otros presidentes ya lo han hecho y sabemos el resultado: no termina ni resuelve nada. Esto ya pasó.

Por cierto, que el conflicto es difícil de resolver, porque no existen los mecanismos democráticos ni legales para resolverlo. Pero, además, tenemos un Gobierno que está en crisis por sí solo. Y no solo el Gobierno, sino que la institucionalidad del Estado en general está en crisis. Menos podrán resolver un conflicto arraigado en sus mismos orígenes.

El Estado chileno no puede seguir repitiendo esta conducta. La institucionalidad deslegitimada debe ser refundada por la Convención Constitucional.

El movimiento social que irrumpió el 18 de octubre de 2019 en Chile y que se mantuvo por meses en alza, demostró el reconocimiento de la lucha de los pueblos originarios.

El Gobierno de Sebastián Piñera ha demostrado no tener una real voluntad de resolver este problema: ya convocó a un Acuerdo por la Paz en 2018, sin ejecutar, al día de hoy, ninguna de las acciones comprometidas por completo; el año 2019 intentó sin éxito una “consulta indígena” para acabar con las tierras comunitarias y entregárselas al mercado; el año pasado, la precaria institución que es CONADI, decidió sin consultar a sus consejeros el usar un 92% de su presupuesto para restitución de tierras en otros asuntos, y este año rebajó en un 19% su presupuesto.

En medio de esta gestión se comprobaron numerosos montajes coordinados para criminalizar a los mapuches en lucha, incluyendo el comando Jungla y el intento de ocultar el asesinato de Camilo Catrillanca, sin que eso llevara a modificar el actuar de Carabineros y la policía.

La respuesta del Estado a través de la fuerza solo agudizará el conflicto y lo extenderá a otros territorios. La inclusión de las FFAA para el patrullaje en el Wallmapu es una de las expresiones de la crisis, de la ineficacia de la precaria inteligencia policial, de los oscuros manejos de ésta en la zona y del tipo de intereses económicos que están defendiendo. El llamado del Presidente Piñera a Carabineros, FFAA, y PDI es el llamado a las balas, lo que muestra su insensatez e incapacidad de gobernar en el marco de un Estado democrático de derecho, a lo cual por cierto fue convocado a través del mandato popular.

Las Fuerzas Armadas no deben ser usadas para reprimir al pueblo, pues volverían a ratificar que son la herramienta de la elite económica y política. Hay que preguntarse qué se pretende con este uso de las Fuerzas Armadas.

¿Articular alguna versión remozada de la tristemente célebre doctrina de seguridad nacional, que busca y se dirige contra enemigos internos? ¿Seguir un camino parecido al que en su momento siguió Colombia, tolerando las guardias blancas de “autodefensa” que colaboran en las masacres de indígenas?

La historia de sangre y abuso que caracteriza la conformación del Estado de Chile debe ser revisada, asumida y cuestionada, para dar paso a un futuro donde podamos decidir entre todos cómo distribuir el poder y cómo gestionarlo de manera sustentable y justa.

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*Foto de portada: www.laizquierdadiario.com

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