Por Andrés Volpe desde Argentina-4 de marzo de 2021

Comenzó el juicio por el caso Chavanne-Siderúrgicas Grassi en el Tribunal Oral Federal número 5 de la ciudad de Buenos Aires, Instruido por el juez Daniel Rafecas. El juicio expone cómo fue la persecución que llevaron adelante civiles y militares contra ciertos grupos empresarios durante la última dictadura argentina, para hacer negocios y acumular poder económico.

El expediente en el que fueron investigados, imputados y procesados Juan Alfredo Etchebarne (quien fue titular de la Comisión Nacional de Valores (CNV) durante el Golpe de Estado y uno de los referentes civiles del régimen) y Raùl Guglielminetti (ex agente civil de inteligencia del Ejército). También el excomandante de Gendarmería Víctor Enrique Rei y el coronel retirado Francisco Obdulio D’Alessandri, ambos fallecieron en 2014 y 2018 respectivamente, desmenuzaron cómo la dictadura, a través de cómplices civiles y la intervención estelar de la Comisión Nacional de Valores, se quedó con empresas, previa persecución y secuestro de sus legítimos dueños (28 personas, entre directivos de las empresas, abogados y familiares): en este caso, el despojo del Banco de Hurlingham de quienes lo habían adquirido, las empresas Chavanne y Grassi.

Según Rafecas, la dictadura “conformó un equipo de trabajo o grupo de tareas destinado a investigar ilegalmente la transferencia de acciones del Banco de Hurlingham” que desarrolló “una clara persecución a grupos económicos determinados”, había un “interés específico de los represores en dar con el dinero que habría obtenido la organización Montoneros a raíz del secuestro extorsivo de los hermanos Juan y Jorge Born”, aseguró en el Auto elevado a Juicio.

Los secuestrados (año 1978) fueron trasladados al centro clandestino que funcionó en Campo de Mayo, donde fueron interrogados y torturados. Los testigos reconocieron la participación de Etchebarne, así como abogados y contadores de la CNV y el Banco Central de la República Argentina (BCRA), que asistían al grupo de Tareas. A principios de 1979, la mayoría fueron liberados. A excepción de Juan Claudio Chavanne, quien como el resto fue puesto a disposición del PEN, pero mantenido detenido hasta 1981.

Según la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, querellante en la causa, declaró en un comunicado, que Etchevarne impulsó una denuncia penal contra ambas empresas por “subversión económica”. A los pocos días intervino el comandante del Primer Cuerpo del Ejército, Carlos Guillermo Suárez Mason. Por lo tanto, se configuró un grupo de tareas mixto entre las fuerzas armadas y la CNV para investigar ilegalmente la transferencia de acciones del Banco de Hurlingham entre los grupos económicos. Graiver-Chavanne-Industrias Siderúrgicas Grassi S.A. Etchebarne, entonces, dispuso la intervención del banco junto con el general Alfredo Cassino (director del Banco Central). El juez federal Rafael Sarmiento aplicó la ley de Seguridad Nacional de 1974 y desapoderó a los dueños del Banco Hurlingham, es decir los empresarios del grupo Chavanne e industrias Grassi.

El secretario de Derechos Humanos de la nación, Horacio Pietragalla destacó: "Este es un juicio fundamental porque muestra con claridad la trama cívico-militar de la última dictadura" y agregó que "es imprescindible que se juzgue la responsabilidad de civiles que desde puestos claves en términos económicos y políticos tuvieron participación en delitos de lesa humanidad. Es un compromiso del Estado avanzar en esa línea".

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*Foto de portada: Telam / Agente policial Raúl Guglielminetti