Por Mariano Zapata desde Argentina-8 de Febrero de 2021

La organización ecologista Greenpeace dió a conocer que en poco más de un mes de lo que va del año, podrían autorizarse más desmontes que en todo 2020. El territorio que se pretende desmontar es de 28.311 hectáreas, superficie equivalente a una ciudad y media de Buenos Aires.

El gobierno de Salta convocó a una serie de audiencias públicas para los meses de enero y febrero en distintos puntos de la provincia. Como todas las audiencias de este tipo, son de carácter obligatorio, pero no vinculantes, con lo cual concluyen en una instancia “justificadora” del ecocidio. Particularmente por la cantidad de hectáreas a desmontar en una provincia donde se registraron en los últimos años altísimas tasas de deforestación y que inclusive colocan a Salta como una de las regiones que más ha desmontado a nivel mundial.

Llamativamente entre los desmontadores que solicitaron permiso para avanzar sobre el bosque nativo y cambiar el uso del suelo aparecen nombres de ligadura estrecha con el poder político de turno, magnates inmobiliarios y empresarios indicados en los cuadernos de la obra pública. Cabe mencionar que la deforestación en la provincia se sostiene hace más de dos décadas con tres gestiones gubernamentales diferentes y generando enormes negocios que fugan sus ganancias al exterior, mientras los niños y niñas de las comunidades originarias mueren por desnutrición.

El monitoreo de deforestación que viene realizando Greenpeace mediante la comparación de imágenes satelitales, reveló que durante el pasado año se desmontaron en la provincia de Salta 20.962 hectáreas.

Desde la organización advierten que “la actualización del ordenamiento territorial de bosques nativos se encuentra vencida desde 2014” y se desconoce su posible actualización. De ser actualizada por técnicos “competentes e independientes” por sobre todas las cosas, muchos de estos crímenes contra la naturaleza llevados a cabo por este modelo productivo serían evitados.

El mismo modelo productivo que el actual Secretario de Ambiente de Salta, Alejandro Aldazábal intenta justificar de alguna manera en una entrevista con el diario El Tribuno, donde argumenta para ese cometido que “hay mucha pobreza y necesidad”, lo cual sería correcto avisarle que es un absurdo y una argumentación totalmente carente de sentido alguno, ya que la misma zona donde más avanzó la frontera agropecuaria desde hace más de dos décadas es la misma zona donde hoy se encuentran los peores índices sociales, territorios arrasados por el agronegocio, con sus transgénicos, agrotóxicos y monocultivos, generando suelos y poblaciones empobrecidas.

“Cuando arrasan los bosques, destruyen el equilibrio de la naturaleza entre algunos patógenos y las personas, y se promueve el brote de enfermedades, la destrucción de bosques aumenta las tazas de enfermedades. Con la deforestación actual podríamos estar preparando el escenario de futuras pandemias de origen zoonótico, además de empobrecer la calidad de vida de todos. La actitud del gobierno de Salta es completamente ilegal e irresponsable. Más desmontes significan más cambio climático, más inundaciones, más desalojos a comunidades campesinas e indígenas, más desapariciones de especies en peligro de extinción y más enfermedades. Destruir bosques es un crimen y no podemos perder ni una hectárea más”, fueron las palabras de la coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace, Noemí Cruz.

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*Foto de portada: www.greeenpeace.com