Jueves 25 Abril 2024
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COLUMNA ANTIMAFIA

El periodista argentino Hugo Alconada, hablando del tema lavado de activos, en la Mesa de Mirtha Legrand por Canal 13, reprochó a los uruguayos como lavadores y como corruptos. Sus opiniones desataron una polémica. El abordaje de un tema tan sensible en estos momentos en el Uruguay, nos lleva a una profunda instancia de reflexión.

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Para graficar la envergadura del brutal allanamiento que remeció el Wallmapu
Por Claudio Rojas desde Chile-13 de enero de 2021

En treinta años, desde el retorno a la democracia, nunca se había visto algo similar. El jueves a las once de la mañana, el mismo día en que se dictaba el veredicto por el homicidio de Camilo Catrillanca, más de ochocientos funcionarios de la PDI, con apoyo del Equipo de Reacción Táctica (ERTA), Carabineros, helicópteros, drones y vehículos blindados, allanaron diversas comunidades mapuche, aprovechando una orden de la Fiscalía de Collipulli por delitos supuestamente relacionados con drogas y armas. Destruyeron casas, mataron animales y detuvieron a mujeres, incluso se mantuvo esposada por horas a la hija de Catrillanca, de solo siete años. Desde las comunidades acusan radicalización del terrorismo de Estado en territorio mapuche.

Pasado el mediodía del jueves, en la esquina de Rengo con Ercilla, a 12 kilómetros de Temucuicui, Katherine -viuda de Camilo Catrillanca- se detuvo en un “ceda el paso” mientras su suegra, Teresa Marín, preparaba algunos sándwiches para capear el hambre de la mañana. Habían intentado llegar al Tribunal de Angol para escuchar el veredicto en la audiencia final por el asesinato de Camilo, pero no los dejaron acercarse, al igual como sucedió con varios comuneros. Había frustración en el ambiente.

Un minuto después, un policía apuntó a la conductora del vehículo y un segundo policía golpeó la ventana con la culata de su arma y rompió los vidrios. En medio de los gritos, sacaron a Teresa y la tiraron al suelo, lo mismo hicieron con Katherine y la pequeña G.C. de apenas siete años. La escena ya es conocida, las mujeres boca abajo, la rodilla de un policía en la espalda de Katherine. A las dos adultas las llevaron a la tenencia de Ercilla y a la pequeña -según el mismo testimonio que entregó al Instituto Nacional de Derechos Humanos INDH- a la ciudad de Victoria. Cada vez que la niña recuerda el momento, tiembla y llora.

Una hora antes, Jaime Huenchullán (werkén de la comunidad de Temucuicui) cortaba leña en una máquina y oyó los primeros disparos al mismo tiempo que avista un fuerte contingente policial. Una enorme caravana de vehículos se dirigía a la comunidad. Temía lo peor.

Lo alertaron por teléfono diciendo que había un allanamiento liderado por la Policía de Investigaciones, y que entraron por los tres caminos que conducen a Quicheregua, Collico y Chacaico. Sintió temor por sus hijos Mankilef (16) y Wangulén (17). Intento calmarse, quizá no entrarían a su casa. Luego se enteraría de las malas noticias.

En las 1.600 hectáreas de Temucuicui, viven 150 familias.Los efectivos irrumpieron y destruyeron varias casas, entre ellas la de su hermano Jorge, quien también se encontraba en Angol. Solo estaba su pareja Carolina, junto a su hijo de once años. Rompieron las ventanas y desparramaron los sacos con la cosecha de trigo, que era el sustento para toda la familia.

En total fueron más de 850 policías los que llegaron hasta la región para desbaratar una supuesta red de drogas en las comunidades. Planeaban ingresar a 12 predios (aunque finalmente lo hicieron en cinco) y se utilizaron 200 vehículos, dos helicópteros y drones. En la memoria de los comuneros mapuche, desde el retorno a la democracia, nunca se había visto nada similar.

Los detectives además iban equipados con armamento ligero (y al menos 30 tiros cada uno) apoyados por fuerzas de asalto con armamento largo.

En el territorio allanado muchas de las mujeres estaban solas en ese momento.

Había cierta cantidad de gente que fue al Tribunal de Angol a escuchar el veredicto del caso Catrillanca, ahí los detuvo el cuerpo militar y de Carabineros de Fuerzas Especiales. Entonces, como no los dejaron ingresar, la gente se devolvió a la comunidad porque escuchó que estaban allanando. Las familias se vinieron rápidamente pero los detuvieron para no permitirles ingresar a sus casas y ahí comenzaron los allanamientos. Se veían vehículos grandes, blindados, vehículos de civiles con funcionarios de policía, todos con armas, carros blindados Mowag, y se sintieron muchos disparos, más que el día que asesinaron a Camilo- relata Jaime Huenchullán.

A la una de la tarde, en el camino de Ercilla y en medio del caos, Marcelo Catrillanca (padre del asesinado Camilo Catrillanca) también quedó atrapado en la carretera entre los autos y el fuerte contingente militar. Le avisaron por teléfono que su esposa, nuera y nieta estaban detenidas. Todo era muy confuso, sabía del allanamiento en la comunidad, pero no entendía por qué se habían llevado a tres mujeres de su familia. Minutos después le avisan que a la pequeña G.C. al parecer había sido trasladada a Victoria.

Marcelo logró llegar a la tenencia una hora y media después. Carabineros le dijo que el procedimiento no tenía que ver con ellos y que solo facilitaron los estacionamientos del lugar para los vehículos de la PDI. Esperó tres horas más y cuando al fin una inspectora de la PDI lo hizo pasar, vio a la pequeña G.C. esposada.

“¡Pero cómo le hacen esto a mi nieta! ¡Cómo le hacen esto a una niña!”, reclamó el padre de Camilo Catrillanca. La escena aún le da rabia cuando la recuerda.

El abogado Nelson Miranda también fue testigo de la situación, pues en ese momento acompañaba a la familia. Confirma que a él también le negaron la posibilidad de ver a las dos mujeres y a la pequeña.

Fue un intento bastante macabro, no sé con qué objeto, de mantener una prisión indebida contra mujeres que ya venían de no poder acceder a Angol para ver el resultado del juicio de su hijo y su esposo, es una doble humillación, un doble castigo, algo que tampoco tiene ninguna relación con el operativo en Temucuicui. No tenían nada que ver, ni cercanamente, a lo que había pasado con la muerte del funcionario de la PDI. Cuando le pasaron la niña al abuelo, una hora después, trataron de que Marcelo Catrillanca firmara una constancia de entrega de adolescente, obviamente no firmó nada, cuenta el abogado.

El sábado 9 de enero, durante la tarde, la pequeña G.C. repitió el relato de su historia esta vez frente Sergio Micco (Director del Instituto Nacional de Derechos Humanos) y dos consejeros regionales. Seguía muy afectada.

Algunos medios confirman que fueron 800 policías, otros 850. En total, más del 8% de todo el contingente de la Policía de Investigaciones a nivel nacional participó en el violento allanamiento a las comunidades mapuche.

Ingresaron completamente equipados con chalecos antibalas, escudos y armamento de guerra, junto a vehículos blindados y helicópteros de apoyo. Las imágenes del operativo, que se viralizaron en redes sociales, se asemejan a las escenas vistas en Medio Oriente o a películas de guerra estadounidense.

Se usó al Equipo de Reacción Táctica (ERTA), la fuerza de élite de la PDI. Según informó Bio Bio Chile, “se estima que la capacidad de fuego de este grupo llega a 25.500 tiros. Hoy serían 84 los funcionarios que pertenecen al grupo ERTA, conocidos como los SWAT chilenos”.

Varios comuneros de Temucuicui consultados para este reportaje, confirman que a las once de la mañana apareció una gran caravana de vehículos por la Ruta 5, entre Ercilla y Angol, portando pequeñas banderolas rojas, negras y amarillas.

La fuerza de élite de la PDI irrumpió en distintas zonas de Ercilla, como la comunidad Huañaco Millao Chacaico, Pancho Curamil, Butaco, el sector de Pidima y Temucuicui para realizar los allanamientos.

Se reportó una decena de comuneros heridos, casas destruidas y varios animales, que son parte del ganado de las comunidades, asesinados a balazos.

“Esta es una estructura que ya ha sido denunciada.  Hay una situación de colonialismo, de racismo muy impregnado en la institucionalidad y donde más se denota es justamente, en el uso de la fuerza, en la PDI y Carabineros de Chile”, comentó el abogado Sebastián Saavedra, quien representa al adolescente que acompañaba a Camilo Catrillanca cuando fue asesinado por el Comando Jungla.

A juicio de Saavedra, “nos encontramos en la misma situación hace treinta años, aunque fue empeorando desde que el gobierno de Ricardo Lagos inició la aplicación de la Ley Antiterrorista. Ahí, dice, comenzaron a haber muertos”.

“Alex Lemun muere el mismo año en que se invoca por primera vez la ley. Es una cuestión que realmente llama profundamente la atención, la incapacidad del Estado en general para solucionar una problemática, se demuestra el racismo y el prejuicio que existe frente a las comunidades mapuche. Lamentablemente, así como están las cosas, van a tener que sufrir este tipo de situaciones durante muchos años más”, agregó.

El hermano de Jaime, es enfático en señalar que se debe clarificar a la opinión pública respecto a la versión de los hechos que está entregando la Policía de Investigaciones y personeros de Gobierno. Dice que lo ocurrió ese día es racismo.

Toda la comunidad sabe de la detención de G.C., la hija de siete años de Camilo Catrillanca. El sábado, varias mujeres llegaron a entregar su apoyo a la viuda del comunero. Una de ellas comentó que su casa la habían baleado en presencia de su hija pequeña.

-“Esto es grave, ella está muy afectada por lo que pasó, y el director de la Policía de Investigaciones mintió al país con la versión que entregó tras los incidentes”, dice.

También coincide en el relato con otros comuneros respecto a cómo fueron “emboscados” aprovechando el contexto del veredicto del caso Catrillanca. Cuando iban llegando a Angol, a la altura de la escuela El Vergel, se toparon con una micro de carabineros y un camión del ejército quiénes al identificarlos les obstaculizaron el paso y los retuvieron. Después, una vez que se enteran del allanamiento, al regresar tampoco los dejaron ingresar a la comunidad pues tenían bloqueados los tres accesos que existen. En esa situación fue agredida la familia de Catrillanca.

Los dejaron atrapados entre dos cordones policiales mientras se allanaba la comunidad.

“Acá el clima ha sido de una tensa calma siempre, pero ahora las agresiones se multiplicaron. Nosotros muchas veces denunciamos operativos con cien efectivos de Fuerzas Especiales que ingresaron a la comunidad, en algún momento llegamos a denunciar hasta doscientos, ahora eso se multiplicó por ocho, era demasiado grande el contingente de la PDI. Nosotros cuando éramos niños teníamos ese recuerdo, pero los niños de ahora van a recordar este allanamiento que nunca antes se había visto”, agrega.

Rodrigo y Jaime relatan que en la comunidad están preocupados tras el “Mega operativo” del que fueron víctimas, sobre todo tras el anuncio del director nacional de la PDI, quien adelantó que se podrían repetir otras acciones similares en el futuro.

Consideran que todas las instituciones tienen responsabilidades en lo que sucedió y que el mandato y la orden de reprimir, vinieron desde el Gobierno de Piñera y del Ministerio del Interior

Jaime Huenchullán siente que existe un profundo odio racial contra el pueblo mapuche y que se usó una orden de un tribunal para allanar y violentar más allá de lo que ley les permitía. También apuntan al Fiscal regional, Cristian Paredes, por actuar de forma sesgada contra Temucuicui. Dicen que cuando los mapuche son víctimas de brutalidad policial, no hay investigación y no se actúa de la misma manera.

El Gobierno tiene una guerra declarada en contra del pueblo Mapuche, en contra de las comunidades que se mantienen en resistencia. Después del asesinato de Camilo hay muchas comunidades que se mantienen en ese proceso activo de recuperación de tierras, que están en manos de particulares, colonos y empresas forestales. Esa es su campaña y su eslogan hoy en día, “el narcotráfico”, hace veinte años atrás a mí me decían que era cuatrero, que robaba animales, que era borracho, posteriormente nos dijeron que éramos terroristas, y hoy en día nos están diciendo que somos narcotraficantes. Aquí el Estado históricamente ha actuado de forma racista contra el pueblo mapuche que resiste y se niega a dejar de existir.

Esta agudización de la represión, los atentados, los crímenes y los montajes para criminalizar al pueblo mapuche, según piensan muchos, tiene una sola dirección; buscar una gran y “muy buena excusa” para asesinarlos y robarles la tierra, como otrora hicieron muchos genocidas que plagaron la historia.

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*Foto de portada: www.eldinamo.com