ya que los estudios involucraban la destrucción de embriones humanos y ponían a otros investigadores de células madre adultas en una desventaja competitiva para acceder a subvenciones federales.
El Gobierno apeló y enfrentó a duras preguntas de un panel de tres jueces en la Corte de Apelaciones estadounidense para el Distrito de Columbia sobre los daños reales y la forma en que se separa la investigación de la destrucción de embriones.
El juez Thomas Griffith, nombrado por el presidente George W. Bush en el 2005, cuestionó el daño irreparable y la posibilidad de que el dinero se utilizara para otros fines mientras el proyecto de células embrionarias era reanudado, si el Gobierno triunfaba en su apelación.
El juez Brett Kavanaugh, también nombrado por Bush, cuestionó reiteradamente al abogado del Gobierno sobre cómo se separó el financiamiento de la destrucción de embriones del uso de los embriones en la investigación.
La vicefiscal asistente Beth Brinkmann dijo que la orden judicial contra el financiamiento fue un "revés para el campo" y que el material biológico sería destruido, costando decenas de millones de dólares.
También señaló que los embriones utilizados serían destruidos igualmente y no sólo debido a la investigación.
El Gobierno pidió que la orden judicial sea levantada durante la espera de su apelación al mandato de la corte menor.
El tribunal de apelaciones no entregó un veredicto tras la audiencia, que duró más de 90 minutos pese a que sólo asignó 30 minutos al caso. Se espera que la decisión se conozca pronto.
La orden judicial respecto al financiamiento llegó después de una impugnación presentada por dos investigadores que trabajan con células madre adultas y se oponen al trabajo con células embrionarias: el doctor James Sherley, ingeniero biológico del Boston Biomedical Research Institute, y Theresa Deisher, de AVM Biotechnology en Washington.
Brinkmann dijo que ninguno de los dos doctores resultaban afectados, ya que Deisher postuló hace poco por primera vez a los fondos federales y Sherley recibió unos 425.000 dólares en subsidios federales.
No obstante, el abogado de los doctores, Thomas Hungar, señala que la ley federal es clara en prohibir el financiamiento de investigación a embriones destruidos y que el argumento de que los proyectos serían afectados "es especulación" gubernamental.
La juez Judith Rogers, nombrada por el presidente Bill Clinton, dijo que el dinero gastado en los proyectos detenidos y arruinados eran una pérdida para los contribuyentes.
(Editado en español por Juana Casas)
Por Jeremy Pelofsky
WASHINGTON (Reuters) - lunes 27 de septiembre de 2010 17:54 GYT
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