Domingo 8 Diciembre 2024
Durante cinco meses, las agencias antiterroristas norteamericanas han tenido que trabajar sin poder reclamar legalmente esta información que consideran vital para el seguimiento de la actividad de organizaciones criminales de todo el mundo Pero a partir de ahora, como dijo el ministro español de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, norteamericanos y europeos se van a dedicar a «recuperar el tiempo perdido» en est materia tan sensible.
Una de las primeras misiones de Rubalcaba como presidente del Consejo de ministros de Interior fue precisamente el defender ante el pleno del Parlamento Europeo el acuerdo que el Consejo había firmado en los últimos minutos de la presidencia precedente, la sueca, precisamente con el pretexto de que no se detuviera la cooperación transatlántica en este campo. Entonces no tuvo éxito, y ahora, cuando la presidencia española está a punto de terminar, pudo ayer presentar esta eforma con el expediente resuelto.
El nuevo acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Europea fue firmado ayer en Bruselas por Rubalcaba como presidencia rotatoria; la comisaria de Interior, la sueca Cecilia Malmstrom; y Michael Dodman, encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos ante la Unión Europea, en ausencia de embajador norteamericano. El texto debe ser llevado al Parlamento Europeo para que el pleno lo ratifique en la próxima sesión plenaria, es decir, la semana que viene en Estrasburgo. Y a diferencia de lo que sucedió en febrero, cuando una parte de los populares, más los socialistas y los liberales votaron en contra, en esta ocasión tanto la presidencia española como la Comisión han consultado previamente alos grupos para garantizarse su apoyo.
Supervisión europea
«Este acuerdo es sensiblemente mejor que el anterior, o de lo contrario no lo abríamos firmado», recisó Rubalcaba cuando se le insistía para que reconociese que los eurodiputados habían tenido razón al oponerse al anterior acuerdo a pesar de sus ruegos de que no lo hicieran. «Su mecanismo va en las dos direcciones» explicó al referirse a las características del nuevo acuerdo, que era una de las exigencias de los diputados. Por ahora, a cambio de los datos que tendrán las agencias de seguridad norteamericanas, la UE recibirá «informaciones y análisis de inteligencia» que se desprendan de los mismos.
Para hacer más equilibrada esa bilateralidad, la Comisión Europea esignará en las próximas semanas a un responsable de supervisar el filtrado de las peticiones de datos que operará en Estados Unidos en relación directa con las agencias que los reclamen. El Tratado establece también que antes de cinco años la UE va a establecer un organismo propio de vigilancia de la financiación de organizaciones terroristas que sería el encargado precisamente de ser el interlocutor de las autoridades norteamericanas en este campo. La comisaria Malmstrom se ha comprometido a presentar a finales de este año o a comienzos del que viene una comunicación para incitar a la creación de esa agencia de coordinación.
Dodman reconoció que en estos meses los investigadores norteamericanos «han tenido las manos atadas en sus averiguaciones» y que por ello esperaban este acuerdo con mucho interés.
Cuando la eurocámara anuló el anterior acuerdo, muchos temieron que Estados Unidos intentase ponerse de acuerdo por separado con los países más afectados (principalmente Bélgica, sede de la organización Sift que controla las transferencias bancarias entre 200 países y ocho mil instituciones bancarias, y Holanda, donde se encuentran físicamente los ordenadores que manejan esos datos) pero el Departamento de Estado no ha hecho ningún intento en ese sentido y se ha mantenido la relación con la Uión Eropea.
Igualdad y marcha atrás
El organismo encargado de pedir los datos es el Departamento del Tesoro, mientras que en Europa hasta que se cree esa nueva agencia será Europol el responsable de entregarlos, algo que los diputados habían querido cambiar. Los diputados piensan que si la gestión de los datos está en manos de un organismo esencialmente policial, las reglas sobre privacidad podrían quedar en entredicho en ciertos momentos en los que se pueda tener que optar entre la urgencia operativa o el respeto escrupuloso de los derechos ciudadanos.
Las claves del acuerdo de transferencia
Entrada en vigor, el próximo 1 de agosto.Después de su aprobación por la Eurocámara en el pleno convocado en Estrasburgo entre el 5 y el 8 de julio,para el que los principales grupos han comprometido su acuerdo.Según el Tratado de Lisboa, el Parlamento Europeo tiene derecho de veto sobre los tratados que firma la UE con terceros países, algo que ejerció por primera vez en este caso en febrero.
Afecta a 8.000 bancos y sociedades de 200 países. Cerca de 8.000 instituciones dedicadas a las finanzas y bancos de hasta dos centenares de países utilizan a la empresa belga SWIFT para coordinar las transferencias de dinero entre ellas. Sin embargo, los datos se encuentran físicamente en Holanda, adonde fueron traídos los ordenadores el año pasado, por lo que están sujetos a las leyes europeas.
Abre las puertas a un tratamiento recíproco. Una vez que el acuerdo entre en vigor, no sólo servirá para que Estados Unidos reciba datos sobre las transferencias bancarias, sino que Europa también participará de las informaciones elaboradas por Estados Unidos en materia de lucha contra el terrorismo obtenidas a partir de los datos de SWIFT. Anteriormente EE.UU. no lo compartía necesariamente.
Europol gestionará las transferencias de datos. El flujo del intercambio de datos bancarios será gestionado y supervisado por Europol en la parte europea, a pesar de las reticencias de los eurodiputados. Las peticiciones del Departamento del Tesoso deben ser «justificadas» y «debidamente seleccionadas» para evitar una transferencia masiva de información privada a manos de las agencias de seguridad norteamericanas.
La «autoridad» europea, con sede en EE.UU. La Comisión Europea designará en cuestión de semanas a una «autoridad» —un funcionario de la UE— que tendrá su sede en los Estados Unidos, y que se encargará de verificar que la transferencia de los datos bancarios cumple con las exigencias de la legislación europea en materia de respeto y protección a la vida privada de los individuos. Esta ha sido una de las principales conquistas del Parlamento Europeo.
La UE tendrá antes de 5 años un coordinador. En un plazo de uno a tres años, la Unión Europea tendrá una agencia de coordinación que centralice las peticiones de datos de los Ventisiete a EE.UU., para que el mecanismo del acuerdo sea íntegramente bilateral y la información circule en los dos sentidos. Hasta ahora, la UE carece de una autoridad con competencias equivalentes a las del Departamento del Tesoro en esta materia.
Posibilidad de recurso ante la Justicia en EE.UU. Los ciudadanos europeos que se consideren víctimas de errores originados por el uso inadecuado de los datos confidenciales, como en caso de empresas cuyos intereses se vean perjudicados, podrán acudir a los tribunales norteamericanos con los mismos derechos que los ciudadanos estadounidenses. Los jueces no podrán invocar «razones de seguridad» para desatender las quejas sin que sea debidamente justificado.
Según el acuerdo, cada petición debe ser «adecuadamente motivada» y «adaptada» a la extensión de la investigación, según ha explicado la comisaria Malmstrom, para evitar la impresión de que se trata de un trasiegop sistemático de todos los datos disponibles.
El acuerdo establece asimismo que los ciudadanos europeos serán tratados con los mismos derechos que los estadounidenses en caso de reclamaciones ante los tribunales por posibles usos indeseados de los datos bancarios, incluyendo la posibilidad de que se puedan borrar en caso de que se demuestre que se ha cometido una equivocación. Además, el uso indebido de los términos de este acuerdo puede comprometer el uso de estas pruebas ante los tribunales en caso de persecución judicial contra sospechosos de actividades terroristas.
Durante la presidencia española, la Uión Eropea y Estados Unidos han suscrito también una importante declaración conjunta sobre los ejes en los que se basa la cooperación en la lucha contra el terrorismo, en la que se destaca que en ambas orillas del Atlántico las autoridades respectivas se comprometen a utilizar solamente medios legales contra las redes internacionales.