La iniciativa es resistida por un sector gremial que convocó a la primera huelga general para fin de septiembre, que fue respaldada por el cantante Joaquín Sabina y la escritora Almudena Grandes, entre otras figuras de la cultura.  
Sólo con votos favorables del Partido Socialista, la abstención de los nacionalistas vascos, el gobierno sacó adelante una iniciativa que impulsó en junio pasado junto con planes de ajustes "recomendados" por Europa y el Fondo Monetario Internacional.  
El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, aseguró que la Ley de Medidas Urgentes de Reforma del Mercado de Trabajo es "equilibrada y ambiciosa", pero las centrales sindicales Comisiones Obreras y Unión General de Trabajadores la definieron como una "regresión social muy clara".  
A juicio de Corbacho, asimismo, la nueva norma da "mayor seguridad a empresarios y trabajadores".  
El texto aprobado incluye el pacto entre el socialismo y los nacionalistas vascos para determinar las "causas económicas objetivas" por las que un empresario puede despedir al trabajador, con 20 días de indemnización por año.  
Esos despidos, en efecto, podrán realizarse cuando la empresa justifique pérdidas "actuales o previstas", o la "disminución persistente de su nivel de ingresos".  
Con la nueva ley, asimismo, se generaliza el uso del contrato de fomento del empleo, por el que se recibe una indemnización de 33 días por año trabajado, al tratar de incluir a trabajadores fijos de entre 31 y 45 años que hayan sido despedidos.  
Mediante la ampliación de este tipo de contrato se prevé, con el tiempo, que se reduzca el contrato fijo ordinario, con 45 días de indemnización.  
La normativa, por otro lado, establece sanciones para los desocupados que rechacen cursos de formación en un tiempo que se reduce de 100 a 30 días, y facilita el despido por absentismo laboral.  
También mediante un Fondo de Garantía Salarial se prevé que de paguen 8 días de indemnizaciones de despido por "causas objetivas" tanto en contratos con remuneraciones por 45 días, así como otros de 33 y 20 días.  
La reforma fue considerada por la mayoría de los grupos parlamentarios como inapropiada para la crisis que atraviesa a España desde principios de 2008, en la que el desempleo alto, cifrado en 3.908.578 personas, es su faceta más dramática.  
Los sindicatos, en tanto, realizaron un acto previo en Madrid a la huelga general prevista para el próximo 29 de septiembre, en protesta por una reforma que consideran "injusta y lesiva" para los derechos laborales.  
En un acto con más de 16.000 representantes de sindicatos en Madrid, el jefe de Unión General de Trabajadores, Cándido Méndez, y su colega de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Toxo, acusó además al presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, de abrazarse "con desesperación al discurso que rechazaba hace poco".  
Por su parte, el secretario general de confederación de empresarios española, José María Lacasa, valoró que un paro general está "fuera de lugar" en un contexto de dificultades económicas.  
El Ejecutivo español aprobó en mayo un plan de ajuste que implicó, entre otras cosas, reducciones de salarios de trabajadores estatales y recortes en obra pública.  
Acompañado luego por la reforma laboral, el llamado "plan de austeridad" significó también la suspensión de la revalorización de las pensiones.  
GAT  
MADRID, (ANSA) - 09/09/2010 19:53
http://www.ansa.it/ansalatina/notizie/fdg/201009091953385095/201009091953385095.html