Belén Francisco | Madrid
06/06/2010
En un mundo que produce alimentos suficientes para 12 millones de personas, el doble de la población mundial, 1.020 millones de personas pasan hambre en el mundo, o lo que es lo mismo, una persona de cada seis. Además, 24.000 personas mueren a diario por causas relacionadas con el hambre, el 75% son niños menores de cinco años.

Pese a los esfuerzos y compromisos adquiridos por diversos organismos en distintas cumbres, la realidad es que la cifra de malnutridos ha aumentado más del 25% desde 1996, año en que se acordó reducir a la mitad el número de personas en situación de hambre antes de 2015.
Ante estos fracasos y como consecuencia de la crisis alimentaria de 2008 surge el libro 'Hacia una nueva gobernanza de la seguridad alimentaria'. Aporta respuestas, analiza, estudia y sintetiza la crisis alimentaria actual. Asimismo, resalta la necesidad de reformar el liderazgo mundial para superar una situación donde los países en desarrollo se hunden en unas cifras cada vez más alarmantes.
¿Cuál es la causa de esta situación?
En los últimos 30 años, los 49 países más empobrecidos pasaron de ser exportadores a importadores netos de alimentos. Con la crisis aumentó el precio del petróleo y llegaron los agrocombustibles provocando la reducción de cultivos con fines alimentarios.

Según cálculos de la FAO, el gasto mundial en productos alimenticios importados en 2007 aumentó aproximadamente un 29%. En 2008, el precio de los alimentos se incrementó en muchos lugares del mundo hasta un 40%. Esto dificultó el acceso de la población a la producción.
En este escenario, la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) destinada a la agricultura descendía hasta un 3% en 2007. Cifra que seguro aumentará con los recortes que surgen a colación de la actual crisis financiera. Así, en España el Gobierno ha anunciado un recorte de 800 millones de euros en cooperación para los próximos dos años.
Violación de un derecho fundamental
Pero no hay que olvidar que comer es un derecho no un privilegio. Todas las personas tienen derecho a una alimentación adecuada y suficiente. José María Medina, director de Prosalus y coordinador de la campaña 'Derecho a la alimentación urgente' asegura que "la situación de inseguridad alimentaria que se está viviendo hoy en el mundo es una violación al derecho humano a la alimentación". Así, el libro indica que respetar este derecho debería constituir el punto de partida de la gobernanza de la seguridad alimentaria global.
Por su parte, Enrique de Loma del Instituto de Estudios del Hambre resalta la necesidad de reformar el liderazgo en seguridad alimentaria. Un proceso que se inició hace tres años. "La crisis evidenció la falta de coordinación, de predicción y de transparencia en los fondos" en la gobernanza mundial de la seguridad alimentaria, afirma.
La receta para cambiar la situación
Para arreglar esta situación 'Hacia una nueva gobernanza de la seguridad alimentaria' propone una serie de soluciones.
La agricultura familiar es la base de la economía africana
La primera dicta la necesidad de impulsar un cambio estructural en el modelo agrícola. "La pequeña agricultura es la que está dinamizando la economía africana, es la base de la economía local", asegura de Loma. Por ello "no vale cualquier estrategia para combatir el hambre, no vale cualquier modelo agrícola, se requiere un desarrollo rural orientado prioritariamente a la producción familiar", concluye José María Medina.
La segunda obliga a preguntarse quién tiene que ejercer el liderazgo de la seguridad alimentaria mundial. Desde hace dos años, dos modelos compiten por hacerse con el liderazgo. Por un lado, la Alianza Global para la Agricultura, la Seguridad Alimentaria y la Nutrición, impulsada por algunos países del G8. Por otro, el Comité de Seguridad Alimentaria, enmarcado dentro de la FAO, está formado por países del norte, países en desarrollo y la sociedad civil.
Sin embargo, después de tanto tiempo ninguna de las dos ha sido capaz de cumplir con su papel. El libro hace hincapié en que deben partir de la premisa de que comer es un derecho fundamental de cualquier ser humano cuya vulneración cuesta vidas. "¿Podría una empresa con mil millones de pérdidas plantearse las reformas y las medidas con plazos tan holgados? En este contexto, se trata de pérdidas en vidas humanas", denuncia Medina.