La líder democristiana (CDU) advirtió a los más de 40 altos ejecutivos de empresa y hombres públicos que apoyan dicha campaña de que "cuando algo parece una amenaza o un chantaje", reaccionará con "rechazo total". Desaconsejó a las compañías que "crean que van a lograr algún éxito" mediante una campaña pública de presión.
JUAN GÓMEZ - Berlín - 25/08/2010
El pasado sábado, una serie de anuncios publicados a toda página en diversos medios alemanes criticaba la introducción de un nuevo impuesto sobre el combustible nuclear. Esta tasa, incluida en el ambicioso plan de ahorro del Gobierno, gravará las ganancias adicionales propiciadas por la postergación en el "apagón nuclear". La demora es una de las promesas electorales de la coalición de centro-derecha de Merkel.
En tono tajante, la canciller aseguró a las eléctricas que ella no se debe "a ningún grupo social", sino que responde ante los ciudadanos. El Gobierno calcula que podrá recaudar 2.300 millones de euros anuales con su nueva tasa atómica. No obstante, el debate sobre su conveniencia sigue abierto. En los Ministerios de Hacienda y Medio Ambiente se discute si podría sustituirse por otro tipo de tasa o, incluso, si podría añadírsele una carga adicional que engordaría la subvención destinada a fuentes de energía renovable.
Beneficios sin invertir
Los socialdemócratas (SPD) critican desde la oposición que los planes gubernamentales tarden en concretarse. Para el SPD, los cuatro gigantes nucleares de Alemania (E.On, RWE, EnBW y Vattenfall) obtendrán "beneficios sin ninguna inversión nueva" gracias al retraso de la desconexión de las centrales. El Gobierno de centro-izquierda formado por SPD y Verdes (1998-2005) decidió en 2002 el cierre de todas las centrales atómicas antes de 2021. En las generales del año pasado, los programas electorales de la CDU y de su actual socio liberal (FDP) abogaban por prolongar la vida útil de las 17 centrales nucleares que aún funcionan.
El nuclear es uno de los debates públicos más controvertidos en Alemania. Según una reciente encuesta, el 77% de los ciudadanos son contrarios a que las centrales funcionen más de 10 años sobre los plazos dispuestos en 2001. El 48% rechaza cualquier prórroga.
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