El juez Alfredo López y un obsecuente fallo

El recurrente argumento del gobierno argentino a favor del “beneficio” económico para el país

Por Andrés Volpe-19 de febrero de 2022

Puede ser que para el magistrado Alfredo López los derrames de petróleo no tengan mucha trascendencia, porque nadie le aviso que existían, porque nadie le comentó del riesgo de la extracción de petróleo y gas en el océano, o porque ni siquiera se interesó en ver mínimamente las noticias. Noticias como el derrame de la plataforma marítima de la British Petroleum en el golfo de México en 2010, o el desastre ambiental en la Amazonía ecuatorial, o los derrames en la mismísima Argentina, en la provincia de Neuquén; ni que hablar del desastre ambiental del Perú el mes pasado. Todos estos nefastos antecedentes no dan el peso justo para inclinar la balanza a favor de la medida cautelar presentada por colectivos ambientalistas contra los argumentos del gobierno argentino con su cada vez más evidente, doble moral ambiental, y sus nuevos amigos (o viejos): las empresas petroleras extranjeras.

Es que nuevamente retrocedimos mil años en políticas económicas y ambientales. La justicia decidió dejar sin efecto a la medida que había frenado la exploración offshore en el mar argentino, cerca de las costas de Mar del Plata (a escasos 300 km). El juez federal Alfredo López, se expidió recientemente sobre la medida cautelar.

El magistrado dio lugar a las apelaciones del Gobierno nacional y las petroleras, para dejar fuera de efecto la medida cautelar implementada por el juez Santiago Martín, que impedía avanzar con la exploración.

"En virtud de la naturaleza de los presentes actuados y lo dispuesto por el art. 15 de la ley 16.986, concédase la apelación deducida con efecto suspensivo", dijo López, que a su vez no entró en el debate de fondo. El juez solo se limitó a elevar cada uno de los recursos al tribunal para que brinde una sentencia definitiva. La cautelar del juez Martín, entonces seguirá sin efecto hasta que se pronuncie la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata.

Luego de que el Gobierno nacional pidiera el apartamiento de la causa de Santiago Martín, el juez López tomó la causa, en un contexto donde trascendió públicamente una foto del magistrado (Martín) con el ambientalista José Esain, que fue uno de los abogados que habían solicitado que no se autorice la exploración de la petrolera noruega Equinor, quien es socia a su vez de YPF.

La falta de criterio y sentido común del juez López, no es lo único que huele feo en todo este asunto que viene de larga data. La ex administración del gobierno de Mauricio Macri ya había repartido la torta, adjudicando 18 áreas petroleras offshore para la exploración de hidrocarburos en mayo de 2019. El resultado fue que 13 petroleras prometieron desembolsar inversiones por 724 millones de dólares. Una pregunta sensata tendría como destino conocer ¿Cuantos millones drenarían para sus arcas?

La lista de los prominentes explotadores incluyó a Equinor, Qatar Petroleum, Mitsui, ExxonMobil, Total, Wintershall, , ENI, Tullow, Pluspetrol, Tecpetrol, Shell, British Petroleum e YPF. Pero luego existieron dilaciones debido a que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible no convocaba a las audiencias públicas programadas ni daba lugar a la aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental que se requieren para iniciar las campañas de prospección sísmica, ¿porque se puso en marcha ahora? No hay un argumento lo suficientemente claro más allá del supuesto beneficio económico para el estado argentino.

El primero de julio del año pasado, para poner en marcha el negocio, se concretó la audiencia pública para hacer efectiva la exploración de tres áreas que fueron marcadas para que la noruega Equinor pudiera explorar. Consecuentemente, a fines del mes de diciembre, el Ministerio de Ambiente publicó la declaración de impacto ambiental (tremendamente criticada por colectivos ambientalistas) aprobando dicho proyecto.

Lejos de dejar el asunto, el juez Martín ya ejerció formalmente su reclamo en rechazo a la recusación que fue presentado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y ahora la Cámara de Apelaciones debe definir su continuidad.

Hasta que esto no pase, serán el juez López y su laxo criterio quienes tomen las decisiones sobre la disputa por el futuro de las aguas atlánticas en un futuro cercano.

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*Foto de portada: Vía País

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