Más críticas sobre la investigación 'Mafia-Appalti'
Nada nuevo. Los discursos y las diatribas ya los conocemos de memoria.
En los últimos años, bajo la ola de un evidente revisionismo histórico, se ha intentado hacer pasar la masacre de via d'Amelio del 19 de julio de 1992, en la que murieron el magistrado Paolo Borsellino y los hombres de su escolta, como un asunto simple y pueril cuyos protagonistas son la mafia y el interés de la mafia en los contratos públicos.
Los defensores de esta tesis son, entre otros, los ex agentes del ROS (Reparto Operativo Especial del Arma de Carabineros) Mario Mori y Giuseppe De Donno, que hoy han comparecido ante la comisión antimafia recitando una sensacional reconstrucción de la investigación sobre la mafia y las licitaciones públicas destinada a ensuciar a los magistrados que trabajaron en la fiscalía de Palermo.
Todo iba normal, hasta que De Donno citó a nuestra revista, ANTIMAFIADuemila y a nuestro director, Giorgio Bongiovanni, calificándolo de "hombre de los estigmas, pues afirma haberlos recibido directamente de la Virgen, en 1989, durante una visita al santuario de Fátima".
Nuestra revista, afirmó De Donno, goza de "amplia consideración entre algunos magistrados que se distinguieron en la lucha contra Cosa Nostra, como Antonino Di Matteo, Roberto Scarpinato, Giuseppe Lombardo, Luca Tescaroli, Sebastiano Ardita, con quienes participa en diversas iniciativas antimafia como las celebradas en mayo del 2022 con motivo del trigésimo aniversario de la masacre de Capaci".
El ex oficial dijo la verdad sobre los magistrados. Pero ¿por qué esta pequeña nota sobre nuestro director? La risa de la presidenta de la Comisión Antimafia, Chiara Colosimo, fue lógicamente muy explícita: menosprecia el valor de las publicaciones de ANTIMAFIADuemila, etiquetado como "periódico para iniciados", ridiculizando la figura de su director. El mensaje implícito es claro: si el periódico está dirigido por un "loco", por alguien "diferente" que dice tener estigmas, entonces, necesariamente, debe ser poco confiable.
Por el contrario, siempre hemos informado sobre el contenido de las sentencias (ya sean de primer, segundo o tercer grado), resoluciones, escuchas telefónicas, documentación procesal, etc. Siempre hemos seguido los juicios, audiencia por audiencia, informando de las declaraciones de los fiscales, abogados, acusados y testigos.
Que se mire, pues, nuestro trabajo, sin hacer sibilinas y venenosas acusaciones. Pero volvamos a la audiencia.
Además de esta idea original, De Donno ha retocado la historia de la investigación de la mafia llenándola de una "impresionante serie de falsedades y errores engañosos que pueden demostrarse mediante documentos", dijo el senador del M5S Luigi Nave, líder del grupo en la Comisión Antimafia.
Por citar sólo algunas perlas entre muchas, considérese, por ejemplo, que De Donno afirmó que la fiscalía de Palermo había subestimado culpablemente la posición de Filippo Salomone, una figura central en las investigaciones, aunque éste figuraba en el informe del ROS de febrero de 1991 como sujeto de interés investigativo. Cualquiera puede verificar que en las hojas informativas finales con las que el ROS reportó a 45 sujetos de interés investigativo, faltaba por completo el nombre de Filippo Salomone, tanto es así que Antonio Di Pietro declaró literalmente a la Comisión Antimafia que el ROS se había "equivocado" completamente sobre Salomone.
Aunque el ROS no había prestado atención a Salomone en el informe de febrero de 1991, éste fue detenido por la fiscalía de Palermo durante las investigaciones por primera vez en mayo de 1993 y una segunda vez en 1997.
Además, De Donno citó como referencia a las investigaciones sobre los contratos mafiosos una frase del diario de Falcone relativa a una investigación sobre la financiación de la Región Siciliana, aunque es perfectamente consciente de que la doctora Sabatino, responsable de dicha investigación, declaró al CSM (Consejo Superior de la Magistratura) que se trataba de un asunto completamente ajeno y diferente de los tratados en la investigación sobre los contratos mafiosos. Además, para corroborar su reconstrucción, citó un auto de archivo del juez de Instrucción de Caltanissetta, Lo Forti, omitiendo citar las partes del mismo auto en que el mismo juez había estigmatizado gravemente las omisiones de Mori y De Donno, constató la falsedad de algunas circunstancias referidas por De Donno y, por el contrario, consideró como establecido que Borsellino había sido informado de las investigaciones sobre los contratos mafiosos.
Además de esto, se volvió a plantear la cuestión de la llamada "doble información", motivo central del ataque de De Donno a nuestro periódico. Según el ex oficial, la existencia de esta correspondencia fue negada por la jueza de Caltanissetta Gilda Lo Forti y por la sentencia de apelación del proceso de la Tratativa Estado-mafia.
Afirmaciones erróneas en ambos casos.
Según explicaron los fiscales de primera instancia del proceso Estado-mafia, el 5 de septiembre de 1992, un año y medio después de la presentación del primer informe, el ROS de Subranni, "forzado por una campaña de prensa imprevista que corría el riesgo de hacer estallar un escándalo", decidió presentar un segundo informe sobre las licitaciones públicas y la mafia que contenía referencias explícitas a Calogero Mannino, Salvo Lima y Rosario Nicolosi.
En este segundo informe, finalmente completo, hubo adquisiciones investigativas sobre Mannino y los políticos. Adquisiciones que datan incluso de un año antes de febrero de 1991, pero que habían sido inexplicablemente "excluidas, eliminadas y ocultadas" del informe sobre los contratos públicos de la mafia.
En los motivos expuestos por la Corte de Apelaciones de Palermo (Presidente Angelo Pellino y juez a latere Vittorio Anania) hay una larga sección en la que se habla de las licitaciones de la mafia y se desmiente el enfoque que se dio en el decreto de archivo de la jueza de Caltanissetta, Gilda Lo Forti, en particular donde se afirma que no una había doble informativa.
Las defensas de Mori y De Donno siempre han restado importancia a la doble revelación, pero la verdad es muy diferente.
Pellino y Anania escriben que "no existe constancia, de hecho, de un solo acto o nota de solicitud de nuevas prórrogas de interceptaciones que pueda referirse a las presentadas como anexos a la información del 20 de febrero, ni a las adjuntas a la información del 2 de julio y del 5 de agosto de 1990. De hecho, cabe reiterar que las conversaciones más comprometedoras, y que se reportarán como tales en una informativa posterior (Sirap y Caronte), son las realizadas en los números de teléfono utilizados en Sirap y en los números de teléfono utilizados en La Cavera y Ciaravino entre marzo y junio de 1990".
"Pero se trata de los mismos números de teléfono -o de los números de teléfono relacionados con las mismas personas- en los que se habían realizado simultáneamente las interceptaciones adjuntas a los informes antes citados, transmitidos en el verano de 1990 a los magistrados encargados de la investigación (y en concreto a los doctores Falcone y Lo Forte), y que luego desembocarían en el sustancial informe "Sirap", presentado el 5 de septiembre de 1992, es decir, dos años después".
De Donno argumentó que los nombres de los políticos involucrados y los temas a investigar ya estaban incluidos en una informativa previa, que habría sido presentada antes de la de febrero de 1991. Sin embargo, los jueces aclararon que esta circunstancia no parece haber sido verificada y, en el mejor de los casos, podría tratarse de un error de memoria de De Donno.
También se han omitido las declaraciones de Pignatone, prestadas el 13 de julio de 1993 al Ministerio Fiscal de Caltanissetta (recogidas en la página 124 del auto del juez Lo Forti). Pignatone explicó que en noviembre de 1990 se acordó con De Donno preparar un informe inicial y continuar con las interceptaciones en las líneas que se consideraran útiles. Pignatone había hecho referencia a un informe presentado tres meses después, es decir en febrero de 1991, y a un acuerdo para continuar las escuchas telefónicas, que sirvió para aclarar posibles responsabilidades.
Según los jueces, el acuerdo de noviembre de 1990 se refería a la elaboración de un primer informe, basado en elementos ya claros, y autorizaba la continuación de las escuchas telefónicas. El punto crucial, sin embargo, es que las intercepciones más importantes, las que diferencian el primer informe del 16 de febrero de 1991 de los informes posteriores "Sirap" y "Caronte", datan de la primavera de 1990 (entre marzo y junio). Por tanto, estas intercepciones son anteriores al acuerdo de noviembre de 1990 y no derivan de la continuación de las actividades de escucha previstas en dicho acuerdo. Además, ni siquiera se les menciona en los informes del 2 de julio y del 5 de agosto de 1990.
De este modo, los jueces de la Corte Penal identificaron "el malentendido que oscureció y envenenó todo el asunto".
Se sostiene que "es plausible, de hecho, que las escuchas comprometedoras sobre los cargos de los políticos más conocidos o importantes (como Lima, Nicolosi y Calogero Mannino), aunque realizadas en el marco de la misma investigación y no en absoluto 'nuevas' respecto al compendio investigativo ya adquirido al momento de la presentación del primer informe, se adjuntaran por primera vez a los informes posteriores Sirap y Caronte, pues no fueron resultado de la continuación de las operaciones de escucha ya en curso, sino de la actividad -que era 'nueva'- de volver a escuchar las escuchas ya adquiridas (que ascendían a varios cientos de conversaciones), o de un reexamen más preciso de los informes de transcripción y borradores que se referían a las intercepciones ya objeto de una escucha previa".
Y luego se dice en otro pasaje: "Sin embargo, no se puede dejar de señalar lo llamativo que resulta que entre las intercepciones realizadas a La Cavera y Ciaravino en números de teléfono personales o a Sirap en los meses de mayo y junio de 1990, o en todo caso en la primavera de ese año, quedaron fuera del compendio que seguramente había sido puesto en conocimiento de los magistrados entonces encargados de la investigación sobre la mafia y los contratos con las notas del 2 de julio y del 5 de agosto, precisamente las que contienen referencias específicas a los diversos Lima, Nicolosis y Mannino (Calogero). Esto apoyaría la sospecha de que la omisión no fue accidental, sino intencional, cualesquiera que fueran los objetivos de la persona que la cometió; y es en todo caso cierto que dicha omisión no estaba justificada por acuerdos alcanzados con los magistrados de la fiscalía de Palermo, los cuales, si los hubo, ocurrieron a fines de agosto de 1990 (como se deduce de la nota dirigida por el capitán De Donno al fiscal adjunto Giovanni Falcone, que sin embargo es muy genérica) y luego en noviembre del mismo año, como resulta de las declaraciones antes mencionadas del Dr. Pignatone".
Por esta razón, según la Corte de Apelación, "como mínimo, la conclusión a la que llegó el juez de instrucción de Caltanissetta en su auto del 15 de marzo de 2000 parece precipitada y sumaria, al afirmar que ya en la primavera-verano de 1990 los magistrados de la Fiscalía de Palermo conocían los elementos de investigación que permitían deducir la implicación de los políticos en cuestión. En realidad, la información transmitida a los magistrados antes de la presentación del informe sobre mafia y licitaciones públicas de febrero de 1991 no contiene referencias a los políticos mencionados. Y en el meticuloso trabajo del juez de instrucción de Caltanissetta en la reconstrucción y adquisición de diversos materiales y documentación de los documentos relativos a los diversos procedimientos cuyas actas se consultaron para obtener elementos útiles para su investigación, no hay rastro de otra información o notas judiciales que pudieran haber sido transmitidas a los mismos magistrados, quizás después de agosto de 1990, para solicitar prórrogas de la intercepción de actividades en curso y en las que aparezcan referencias específicas o expresas a los personajes políticos de que se trate o a las que se adjunten las intercepciones que en su lugar se adjuntarán a las informativas Sirap y Caronte".
Esta es la verdad que no se quiere ver.
De hecho, como especificaron posteriormente los parlamentarios del Partido Democrático en la Comisión Antimafia, Walter Verini, Enza Rando, Debora Serracchiani, Anthony Barbagallo, Peppe Provenzano, Franco Mirabelli y Valeria Valente, "la mayor parte del tiempo se dedicó a la autodefensa de su propio comportamiento. Y a lanzar acusaciones, formular juicios opacos y escenarios de deslegitimación contra algunos magistrados y diversos representantes institucionales, quienes desde entonces y siempre han sido protagonistas de la lucha contra la mafia, contra el terrorismo, arriesgando sus vidas y viviendo bajo escolta. Al mismo tiempo, parecía verdaderamente inverosímil que representantes como los dos escuchados, en primer lugar el general Mori, insistieran en limitar los asesinatos de Falcone y Borsellino y de los agentes de sus escoltas al único escenario de 'mafia y licitaciones públicas' -ciertamente relevante-, ignorando por completo el marco de los cambios políticos y las decisiones mafiosas vinculadas a estrategias precisas de control del sistema político-institucional".
En la próxima audiencia se pasará a las preguntas. Y tenemos mucha curiosidad por escuchar las respuestas.
*En las fotos: la audiencia de Mario Mori y Giuseppe De Donno por la investigación de via d'Amelio en la Comisión Antimafia © Imagoeconomica
*Foto 2: Chiara Colosimo
*Foto 4: Giuseppe De Donno y Mario Mori